Santo Domingo.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) pidió al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que “actúe en función de los intereses de la Nación en la escogencia de los nuevos jueces que conformarán las altas cortes.
En ese sentido, instó al organismo a que “tome en cuenta la preparación académica, el historial de servicio y, sobre todo, la honestidad y vocación de servicio de los seleccionados”.
En opinión de Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, “es necesario e imprescindible dotar a nuestros sistema de justicia de hombres y mujeres con la responsabilidad histórica de emprender los cambios institucionales necesarios para garantizar la vigencia de un real estado de derecho”.
Dijo que para el Tribunal Superior Electoral se deben tomar en consideración los candidatos propuestos por la fundación, los juristas cuyas aspiraciones también suscribimos, por tratarse de profesionales con muchos méritos y condiciones, reuniendo con creces el perfil deseado, tales como Moises Ferrer, Ramón Horacio González, José Alejandro Ayuso, Julio César Madera, Román Jaquez, Hermenegilda del Rosario Fondeur, Samir Rafael Chami Isa y Ramón Arístides Madera Arias.
Para la Suprema Corte de Justicia sugirió a María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico, Justiniano Montero, Daniel Nolasco, Alexis Gómez Geraldino, Manuel Hernández Victoria y Manuel Ramírez Susaña.
Critica proyecto Defensoría Pública
Por otra parte, el CARD depositó en la Cámara de Diputados un proyecto que modifica la Ley 277-04 de Defensa Pública que prohíbe que esa oficina siga operando en competencia desleal en contra de los abogados y por el cese de la explotación laboral en contra de los defensores públicos.
Surun Hernández informó que entre las modificaciones más importante se encuentra la prohibición de que los defensores públicos puedan ofertar sus servicios en los destacamentos, en las prisiones preventivas y los centros de detención en perjuicio de los abogados litigantes a nivel nacional.
También establece que los defensores públicos solo pueden defender a personas de escasos recursos económicos, disponiendo que aquellas personas que se demuestre que tienen dinero suficiente para pagar sus abogados se les asignen un jurista privado.
El presidente del gremio denunció que la actual distorsión ha provocado que más del 85 por ciento de los procesos sean manejados a través de la Oficina Nacional de Defensa Pública, lo que debe ser corregido de manera inmediata.
“Ya es hora de que se tomen medidas drásticas para corregir esta situación que permite la competencia desleal por parte de dicha oficina, aprovechándose de las ventajas, relaciones y privilegios que le otorga el sistema de justicia”, expresó.
Fuente:Externa
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