Cierran gasolineras ante creciente escalada de violencia en Haití

 

Puerto Príncipe.- La Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio de Haití (ANAPROSS) ha pedido este lunes a sus miembros que cierren sus gasolineras ante la escalada de violencia que se vive en Puerto Príncipe, que ha exacerbado la crisis de combustible en el país y que derivó en el asesinato del vicepresidente de la asociación la semana pasada.

En un comunicado, la ANAPROSS ha solicitado a todos sus miembros «adoptar un paro laboral manteniendo sus estaciones de servicio cerradas con el fin de exigir a las autoridades un clima seguro para todos», recoge Sputnik.

El pasado 9 de septiembre José Pablo Sylvain, vicepresidente de la asociación, fue asesinado en su coche en una localidad a unos once kilómetros al noroeste de la capital por un grupo de hombres armados que se desplazaban con motocicletas.

El cierre de las centenares de gasolineras de la ANAPROSS podría agudizar una crisis de combustible que sacude al país caribeño que agrava la crisis política y social.

La Empresa de Electricidad estatal ya ha advertido de los problemas que tiene para abastecer de combustible a sus centrales eléctricas, mientras las bandas han exigido un pago de 100.000 dólares (unos 85.000 euros) para permitir la distribución de combustible desde las terminales hasta la estaciones de servicio.

Los enfrentamientos que desde hace semanas se producen en la zona sur de Puerto Príncipe mantienen en jaque el suministro, ya que las principales terminales de la capital, Martissant, Thor y Varreux, no pueden repartir sus suministros.

Fuente:Europa Press

Tragedia: Enfermera, paramédico y paciente fallecen en choque de ambulancia

Yoselis Ramírez, Jorge David Mosquea (Giki) y Susana García

Azua, República Dominicana.- Una enfermera, un paramédico y una paciente murieron y otras dos personas resultaron heridas en un choque que involucró a la ambulancia en que transitaban en el cruce del municipio Las Charcas.

Los muertos son la enfermera Yoselis Ramírez, de 45 años; el paramédico Jorge David Mosquea (Giki), de 27, y la paciente Susana García, de 33.

En el accidente también resultaron heridos el conductor de la ambulancia, cuyo nombre no fue revelado de inmediato, y Gabriel García (Espejo), familiar de Susana.

Ramírez y Mosquea trabajaban en el Hospital Regional Taiwán.

A García se le había hecho una cesárea hace poco y estaba en estado grave, por lo que era trasladaba a un centro de Santo Domingo.

La ambulancia, que pertenece al ayuntamiento del municipio Pueblo Viejo, chocó con la caseta de una parada.

Los cuerpos fueron llevados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

Fuente:Luis Ortiz

El Defensor del Pueblo se querella contra Director del INPOSDOM

 

Pablo Ulloa deposita la querella.

Santo Domingo.- El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, sometió penalmente este lunes al director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, tras la supuesta negativa de éste a informar sobre la situación de varios exempleados que no han recibido sus prestaciones laborales.

A través de un comunicado, Ulloa explicó que la acción no se produce por las desvinculaciones, si no porque Peguero se ha negado «deliberadamente a dar respuesta a las diversas solicitudes del Defensor del Pueblo en las que se le requiere informar sobre la situación de los ciudadanos que han sido desvinculados del Inposdom y han presentado reclamaciones ante este órgano constitucional».

La Ley 19-01 que crea el Defensor del Pueblo establece que «en caso de que un funcionario se niegue a colaborar con el Defensor del Pueblo o no le suministre la documentación o informes requeridos, el Defensor del Pueblo informará al superior inmediato del funcionario investigado; también al Ministerio Público, a fin de que someta al funcionario a la acción de la justicia bajo cargos de violación al artículo 234 del Código Penal Dominicano», recordó el comunicado.

«Ningún funcionario público se encuentra por encima de la Constitución y las leyes» afirmó, por su lado, Pablo Ulloa.

Fuente:EFE

Entidades se querellan en contra de exfuncionarios Punta Catalina

 

Los representantes de las entidades depositan la querella.

Santo Domingo.- El Instituto de Abogados Para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y personalidades independientes depositaron este lunes una querella en la que piden 10 de años de prisión y 500 millones de dólares de indemnización por los daños que la Central Termoeléctrica Punta Catalina supuestamente ha causado al litoral de la comunidad de  Paya, en Baní.

La misma es contra el anterior ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Estévez; el ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Jiménez Bichara; el exadministrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder, y el presidente de la Constructora Estrella,  Manuel Estrella.

Fue entregada en la Procuraduría especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.  Además de las citadas organizaciones, los querellantes son José Francisco Díaz Sánchez, Alexander Peguero, Francia Martínez Polanco, Nidia Altagracia Martínez Polanco, Reynaldo Rey Martínez Polanco, Santo Espíritusantos y Franklin Ubrí.

FUNDAMENTOS

Se sustenta en la Constitución de la República, en sus artículos 66, 16, numerales 31 y 32 así como en los artículos 171, 172, 174, 175, 178, 179 y 184 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, en los artículos 80 y 81 la Ley 304-07 sobre Pesca y Acuicultura, y en los artículos 51 y 85 del Código Procesal Penal Dominicano.

Los querellantes exigen además una multa de 20 mil salarios mínimos del sector público y que estas personas sean condenadas “por los daños y perjuicios ocasionados al Estado dominicano, la colectividad, a los querellantes y actores civiles, al medio ambiente, a los recursos naturales».

Solicitan que la indemnización sea entregada a las víctimas, organizaciones y al Ministerio Público para trabajos de restauración ambiental en los lugares donde sea posible, bajo vigilancia de las autoridades competentes.

LAS ACUSACIONES

Culpan a los imputados de ser responsables de la desaparición que,  a su juicio, ha sufrido la playa de Paya como resultado de la destrucción con explosivos de los arrecifes de corales para la construcción del espigón de 1,300 metros del puerto carbonero de Punta Catalina.

Alegan que en la zona ha desaparecido la vida marina a causa de la destrucción de los arrecifes de coral, del vertido al mar de agua caliente cargada de químicos que elimina el oxígeno del agua y de la caída al mar de briznas de carbón en las operaciones de desembarco de cuatro millones de toneladas por año.

Fuente:Externa

Cámara de Diputados no entorpecerá el Caso Falcón según Alfredo Pacheco

Alfredo Pacheco

Santo Domingo.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, afirmó este lunes que este órgano «no entorpecerá» las investigaciones del Ministerio Público contra varios congresistas por supuestos vínculos con la red de narcotráfico internacional desmantelada la semana pasada.

La Cámara Baja «manifiesta su firme disposición de no entorpecer las investigaciones que están haciendo las autoridades judiciales dentro del marco de las leyes de la República Dominicana y atendiendo el debido proceso», dijo Pacheco en rueda de prensa.

En caso de ser necesario, «anunciamos nuestro interés de colaboración con las autoridades judiciales», agregó el diputado, quien señaló que cada miembro de ese órgano «se debe a sus representados y a la sociedad» y debe responder «por sus acciones».

La Procuraduría General de la República anunció este domingo que solicitará a la Suprema Corte de Justicia la apertura de una investigación contra varios legisladores protegidos por inmunidad parlamentaria para aclarar sus vínculos con una importante red de narcotráfico internacional.

La procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, adelantó que hay «varios» legisladores implicados en el caso, llamado operación Falcón, pero dijo que el Ministerio Público solo revelará sus nombres una vez lo solicite al alto tribunal.

Hasta ahora hay 21 personas implicadas en este caso, entre ellos el director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien fue suspendido de sus funciones por el presidente dominicano, Luis Abinader, después de conocerse su arresto, el pasado miércoles.

Maldonado es militante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y está casado con una diputada de esa misma fuerza política, Faustina Guerrero.

Fuente:Externa

El PLD dice expulsaría posibles implicados en operación Falcón

Charlie Mariotti

Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó este lunes que expulsaría a cualquier militante que apareciera como implicado en la operación Falcón, que investiga una gran red de narcotráfico.

El secretario general del PLD, Charlie Mariotti, subrayó en una comparecencia ante la prensa que las investigaciones «señalan claramente a legisladores que no son del PLD» y se preguntó «a quién benefició ese dinero».

«Si apareciese un legislador, ese legislador, alcalde, director de distrito, vocal, regidor en ejercicio o ya fuera por la decisión del voto popular (…) de forma sumaria los expulsaremos de nuestra institución», dijo Mariotti.

El Ministerio Público ha informado de que está investigando a varios legisladores por sus supuestos vínculos con la red de narcotráfico internacional desmantelada la semana pasada.

La procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, dijo que el Ministerio Público solo revelará sus nombres de los implicados una vez solicite la apertura de una investigación a la Suprema Corte de Justicia.

Hasta ahora hay 21 personas implicadas en este caso, entre ellos el director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien fue suspendido de sus funciones por el presidente Luis Abinader, después de conocerse su arresto, el pasado miércoles.

Maldonado es militante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y está casado con una diputada de esa misma fuerza política, Faustina Guerrero.

El pasado miércoles, la Fiscalía informó de que uno de los investigados es el diputado Héctor Darío Féliz, portavoz en la cámara baja del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quien en el momento de lanzar la operación llevaba en su automóvil a uno de los detenidos.

La prensa, citando el informe de la Fiscalía, señala que uno de los principales implicados en la red de narcotráfico es el diputado Nelson Marmolejos, del PRM.

Según esa versión, Marmolejos habría recibido dinero de la banda de narcotraficantes para financiar su campaña electoral en 2020.

El PRM se manifestó sobre el caso este domingo y afirmó que quien cometa un hecho ilícito deberá responder ante la justicia «de manera personal», aunque el partido oficialista no dijo si tomaría medidas contra los presuntos implicados.

El presidente del PRM, José Paliza, reiteró este lunes la posición oficial del partido, manifestando que habrá «cero impunidad» contra los que hayan quebrado la ley.

Fuente:EFE

PRM: Deberá responder ante la justicia quien infrinja las leyes

 

Santo Domingo.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM), ante las denuncias de narcotráfico que han salpicado a algunos altos funcionarios, afirmó este domingo que quien cometa un hecho ilícito deberá responder ante la justicia «de manera personal».

«A diferencia de administraciones anteriores, quien cometa un hecho ilícito deberá responder por ello de manera personal ante la justicia, así sea un miembro de nuestra propia organización, pues nuestros principios nos obligan a la construcción de una política decente, actuando en base a la ética, la transparencia y la rendición de cuentas», afirma un comunicado del partido oficialista.

El PRM también aseguró que «nunca antes se había librado tan contundente lucha contra la impunidad» en la historia de la República Dominicana.

Asimismo, el PRM afirmó que «por décadas» el país estuvo «inmerso en un sistema de impunidad latente», y aseguró que el partido respalda a la justicia y la lucha contra la corrupción «caiga quien caiga».

La Procuraduría General de la República anunció este domingo que solicitará a la Suprema Corte de Justicia la apertura de una investigación contra varios legisladores protegidos por inmunidad parlamentaria para aclarar sus vínculos con la importante red de narcotráfico internacional investigada en la operación Falcón.

Por el que de momento hay 21 personas implicadas en el caso, entre ellos el director del ente gubernamental Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, quien fue suspendido de sus funciones por el presidente Luis Abinader, después de conocerse su arresto, el pasado miércoles.

Maldonado es militante del PRM fue diputado por esta formación y está casado con una diputada de esa misma fuerza política, Faustina Guerrero.

Medios locales, citando el informe de la Fiscalía, señalan que uno de los principales implicados en la red de narcotráfico es el diputado Nelson Marmolejos, del PRM.

Según esa versión, Marmolejos habría recibido dinero de la banda de narcotraficantes para financiar su campaña electoral en 2020.

La Fiscalía ha adelantado su intención de solicitar la extradición para varios de los imputados, mientras que el resto de los que no gozan de inmunidad parlamentaria serán juzgados en los tribunales de la ciudad de Santiago.

El pasado mayo otro diputado del PRM, Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, fue detenido en Estados Unidos por sus supuestos vínculos con una red internacional de narcotráfico.

Fuente:EFE

Gran escándalo de drogas salpica legisladores, alcaldes, concejales

Yeni Berenice Reynoso

Santo Domingo.- Autoridades judiciales de la República Dominicana sospechan que una organización criminal, parte de cuyos integrantes fueron detenidos la semana pasada a través de la “Operación Falcón”, habría financiado campañas políticas de personas que actualmente son legisladores, alcaldes y concejales.

Según  el Ministerio Público, uno de los cabecillas de dicha organización, identificado como Randhiel Mosquea Polanco, financió toda la campaña de Nelson Marmolejos Gil, actual diputado de Santiago de los Caballeros por el gubernamental Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Solamente el día de las elecciones Mosquea Polanco invirtió más de RD$9 millones y Lenin Torres Bueno, otro implicado, RD$550,000.

Aunque no se ha dicho claramente cómo y para qué fue hecha esa “inversión”, el expediente del Ministerio Público afirma que la revelación en este sentido fue hecha por Torres Bueno durante una conversación telefónica que sostuvo el pasado 9 de julo de 2020. No se ha especificado cómo las autoridades grabaron este diálogo.

Según las autoridades, la organización de narcotráfico y lavado de activos realizada desde el año 2012 actividades ilícitas, las cuales se intensificaron a partir del 2017.  El grupo traía cocaína desde Europa y la trasladaba a Puerto Rico y Estados Unidos, teniendo como base de operaciones la ciudad de Santiago.

Traficó 2,500 kilos de cocaína semanales y movilizó mas de US$500 millones.  Sus “ganancias” las invirtió en empresas dedicadas a la producción, estaciones de combustibles, entidades financieras, agencias de vehículos, inmuebles, fincas agrícolas y de ganado así como en prendas.

PEDIRAN UN JUEZ ESPECIAL

La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, dijo que solicitaría este lunes a la Suprema Corte de Justicia que designe a un juez especial para que conozca la acusación contra los legisladores involucrados en este caso.

Explicó que la solicitud se hará en virtud de la jurisdicción privilegiada de que gozan los legisladores, «para que eso no que impida que sean judicializados».

Expediente sólido 

Reynoso dijo que “es una investigación compleja, que lleva bastante tiempo, pero el Ministerio Público armó el expedientes con miles de páginas y pruebas suficientes para demostrar la implicación de los imputados en la red internacional de narcotráfico y lavado de activos».

«El MP tiene miles de páginas que comprueban los hechos”, aseguró la fiscal a su salida de la sala de audiencia donde este domingo se conocería la solicitud de medida de coerción contra los 21 implicados en el caso.

Los acusados son el titular de la Dirección General de Comunidad Digna, el exdiputado Juan Maldonado, el diputado Héctor Féliz, Rafael de Jesús, Marisol López, Elva Teresa Polanco, Víctor Paulino, Francisco Linares,  Adolfo Torres, Julio César Jiménez, José Alejandro de la Cruz, Juan José de la Cruz (el Michero o El Don), María Olimpia Tavares (la Princesa), Lenin Bladimir Torres y Delfina Asunción Polanco, entre otros.

Aplazan conocimiento medidas

La Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago aplazó para las 9:00 de la mañana del próximo viernes la audiencia en la que se conocerán las medidas de coerción a los 21 imputados, contra quienes el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.

El aplazamiento fue solicitado por los abogados de al menos cinco de los acusados.

Fuente:Saul Pimentel