Santo Domingo.- El alcalde Manuel Jiménez, los senadores electos de las provincias de Santo Domingo y Santiago Rodríguez y el Secretario de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano opinaron este domingo que deberá ser sometida a una profunda revisión y reevaluación la terminal de autobuses de la zona Este que acaba de inaugurar el gobierno en un área restringida.
Jiménez, Antonio Taveras Guzmán, Antonio Marte y Mario Díaz criticaron que se haya construido esta terminal en predios del parque del Este, a pesar de que varias disposiciones legales lo prohibían.
Dijeron que la inauguración de esta obra es un abuso de poder, un crimen ecológico y una violación a la Constitución y a la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios así como a dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC) y del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Jiménez, alcalde de Santo Domingo Este, opinó que dicho acto fue realizado “en franco desacato a varias disposiciones del más alto órgano jurisdiccional, de nuestro país el Tribunal Constitucional (TC), dentro de lo que era el parqueo del área protegida del parque del Este”.
Taveras Guzmán recordó que el TC declaró inadmisible un recurso interpuesto por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en contra del fallo 030-042018-SSEN-00348, del 1 de octubre de 2018, dictado por la Tercera Sala del TSA, el cual ordenaba esperar la realización de un estudio de impacto ambiental y que se obtuvieron los permisos para uso de suelo.
Antonio Marte, senador electo de Santiago Rodríguez y también empresario de transporte, resaltó que la justicia dominicana había ordenado suspender dicha construcción, pero esto fue ignorado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por mandato del Poder Ejecutivo.
Mario Díaz, secretario de Transporte del PRSC, dijo que el Presidente Medina desacató las referidas sentencias para inaugurar esta obra, que ha sido objeto de denuncias de irregularidades y de sobrevaluaciones multimillonarias en su construcción.
Alegó que la construcción fue hecha sin ni siquiera cumplir con los permisos de uso de suelos ni el estudio de impacto ambiental.
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