Ricardo José Rodríguez Vacas, Esq. – Abogado de Miami, Florida, Estados Unidos
Subestimar las acciones del nuevo gobierno del presidente Donald Trump en la política migratoria estadounidense sería un grave error ya que los efectos de la política ejecutiva son profundos y afectan a cientos de millones de personas.
Estos cambios presentan una dinámica socio-económica que afecta a ciudadanos, residentes, inmigrantes, y a los indocumentados. El mercado está pendiente de este clima y navega con mucho cuidado las aguas desconocidas que aparecen cada día. Una nueva era de populismo y nacionalismo crean corrientes difíciles de reconciliar con la política del ayer.
Una de las primeras víctimas en ahogarse en esta tempestad es el indocumentado que trabaja sin papeles. No es un secreto que negocios o comercios de todo tipo y tamaño utilizan esta mano de obra para su beneficio económico. Si es legal o no su acción de emplearlos no es el enfoque de esta columna, sino los derechos que estos tienen a defender su trabajo y que muchas veces desconocen.
La conducta de los empleadores de indocumentados puede tomar varias rutas: abanderarse con el nacionalismo y negar emplear indocumentados, o seguir empleando a quien desea hasta que alguien los descubra.
Al final del día, la mayoría de los empresarios son más fieles al dinero que el nacionalismo.La clave más importante en este asunto es si las compañías deciden cumplir con las leyes federales y estatales que existen sobre el pago al trabajador.
La más conocida es la ley Fair Labor Standards Act o “FLSA”. Esta ley federal incluye a los indocumentados, lo que quiere decir es que todo aquel indocumentado que trabaje en este país tiene derecho a un sueldo mínimo o pago por su tiempo siempre y cuando cumpla con los requisitos de la ley. No importa el estatus migratorio de uno ante los ojos de esta ley.
Exigir el pago mínimo
El pago por hora no puede ser menor del pago mínimo establecido por ley. El salario mínimo establecido en el día de hoy bajo jurisdicción federal es 7.25 dólares. Los salarios mínimos estatales pueden variar. Por ejemplo en 2017, el salario mínimo establecido por ley en la Florida es 8.10 dólares.
Una demanda bajo la ley FLSA considera el sueldo mínimo federal. Pero cada caso es único. Hay requisitos del FLSA para iniciar una demanda en corte federal y a veces si no se satisfacen se puede iniciar una demanda en la corte estatal bajo las leyes de horas extra y empleo estatales que existen. Ambas jurisdicciones tienen sus pros y contras.
Trabas a las decisiones de Trump
Es crucial entender que aunque la administración actual declare su intención de poner “mano dura” contra la inmigración ilegal, está atada por la constitución estadounidense y las leyes autorizadas por previos gobiernos. Además, la presidencia federal está limitada en su influencia sobre los gobiernos de cada estado.
Fuente:Externa
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