José Antonio Reyes Uyola (El Gordo) junto a la niña que tenía secuestrada.
Cotuí, República Dominicana.- Un hombre que supuestamente mantenía secuestradas a una mujer y su niña fue muerto de un balazo este viernes por un coronel de la Policía Nacional que se hizo pasar por sacerdote, confirmó la uniformada.
El muerto es José Antonio Reyes Uyola (El Gordo), quien residía en el municipio de Maimón, provincia Monseñor Nouel.
Según la Policía, este último era perseguido por una patrulla por una acusación de homicidio y optó por entrar a una vivienda en la localidad La Yagua, donde tomó como rehenes la mujer y su hija menor de edad, a las cuales amenazaba constantemente con asesinar si los policías no se marchaban del lugar. En todo momento rehusó entregarse a la uniformada.
Tras una «negociación» José Antonio aceptó que un sacerdote entrara a la vivienda, pero quien realmente lo hizo fue un coronel de la uniformada, con sotana, quien una vez dentro le mató de un balazo en la cabeza.
El hecho fue captado en un video de un teléfono celular por la periodista Solanyi Borge, quien transmitía en vivo para un medio de comunicación local.
El nombre del Coronel no ha sido suministrado por la Policía.
Santo Domingo.- El próximo ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, reiteró que en el nuevo gobierno «no habrá vacas sagradas» y se hará justicia «caiga quien caiga».
Entrevistado en el programa Esta Noche Mariasela, Paliza sostuvo que no se adoptará el denominado borrón y cuenta nueva.
Dijo que el presidente Luis Abinader cumplirá su compromiso de asegurar una procuraduría general independiente, que convierta al Ministerio Público en un efectivo y real defensor de la sociedad.
Santo Domingo, República Dominicana.- Ante el anuncio de que serán eliminadas empresas públicas, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) manifestó preocupación por la suerte de los empleados de las mismas y exigió que sean garantizados sus derechos.
Rafael Abreu dijo que el nuevo gobierno tiene derecho a tomar las decisiones pertinentes y aclaró que él no tiene interés de defender acto indebido de ningún funcionario, pero resaltó que los trabajadores nada tienen que ver con las acciones de sus incumbentes.
“No se trata de defender actos indebidos que algún funcionario haya podido cometer, pero dentro de cada institución hay empleados que no tienen nada que ver con las acciones de los funcionarios y detrás de ellos hay familias, dependientes, por lo que pedimos que ante cualquier decisión que se vaya a tomar se considere la realidad de esos empleados”, señaló.
Sugirió que a quienes no puedan ser reubicados en otras instituciones públicas ni jubilados, les sean garantizadas sus prestaciones laborales.
“Son empleados que tienen tiempo trabajando en esas instituciones, conserjes, secretarias, mensajeros, choferes, no estoy hablando de botellas, sino de quienes asisten cada día a su trabajo y mantienen a sus familias con este empleo”, expuso el Presidente del CNUS.
Aunque dice no cuestionar la potestad de presidente electo Luis Abinader de tomar las decisiones que considere necesarias, indicó que con la eliminación de esas empresas en este momento de crisis sanitaria es contrario al apoyo que necesitan los trabajadores ante el incremento del desempleo en el país.
Puerto Príncipe.- El Gobierno de Haití lamentó este viernes el «desafortunado incidente» ocurrido el pasado lunes en el puesto fronterizo ubicado entre Malpasse y Jimaní relativo a la retirada de la bandera de la República Dominicana.
«El Gobierno lamenta este malentendido, que tiende a perjudicar las relaciones amistosas entre los dos países. Aprovecha esta oportunidad para informar al público de que está abierta una investigación para determinar los autores y coautores de este acto», señala un comunicado de prensa.
La enseña dominicana, izada en un mástil en el límite del puesto fronterizo conocido como Terminal 252, ubicado en territorio dominicano, fue arriada por personas de nacionalidad haitiana en la jornada del lunes y, a continuación, se produjeron varios disparos.
La retirada de la bandera provocó la intervención de los soldados dominicanos del Cuerpo Especializado de Seguridad de Fronteras Terrestres (Cesfront) que respondieron con sus armas al ataque con piedras y botellas lanzadas por los haitianos.
«También se han hecho arreglos para izar las dos banderas en la Terminal 252 a fin de mantener la calma y la serenidad en la frontera haitiano-dominicana, Malpasse-Jimani», prosigue la nota.
El Gobierno de Haití, que toma nota del «desafortunado incidente», informó de que la cuestión de las banderas haitiana y dominicana en la Terminal 252 está acordado entre ambas naciones como resultado de las reuniones celebradas en enero y febrero de 2020, dice la nota de prensa.
En un esfuerzo por «normalizar la situación», las autoridades haitianas dicen que se había previsto una ceremonia especial en la que las banderas de ambos países se alzarían al mismo tiempo a ambos lados de la línea fronteriza.
La República Dominicana y Haití comparten una frontera de más de 300 kilómetros a lo largo de los cuales se disponen diversos puestos con el objetivo de controlar el paso de personas y mercancías y para garantizar la seguridad en la zona fronteriza.
Yokasta Guzmán, directora general de Contrataciones; Lidio Cadet, director general de Etica Pública y Gonzalo Castillo, ex ministro de Obras Públicas.
Santo Domingo.- Ha tomado un nuevo giro el caso de los más de RD$11,500 millones que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) gastó, durante la gestión de Gonzalo Castillo, en un supuesto programa de aplicación de hormigón asfáltico caliente a numerosas vías dominicanas.
Los orígenes del caso
Este caso salió a relucir cuando el programa El Informe con Alicia Ortega publicó un reportaje en noviembre último en el que señaló que Castillo, había autorizado siete procesos de compras de excepción para hormigón asfáltico caliente (HAC) a casi 40 empresas preaprobadas y contratadas.
Con la supuesta finalidad de remozar calles en las provincias de Higüey, La Romana, Villa Consuelo, Constanza y Azua, se firmaron los citados convenios, por un total de más de 11,500 millones de pesos, entre los meses de abril y septiembre del 2019, periodo previo a las primarias del 6 de octubre.
(La excepción es una modalidad de compras y contrataciones destinada a cubrir situaciones imprevisibles, emergencias y necesidades excepcionales, adquisiciones por excepción que Obras Públicas hizo bajo la modalidad de «exclusividad»).
Según la Ley sobre Compras y Contrataciones, la exclusividad solo se aplica cuando los proveedores de bienes y servicios son escasos. Sin embargo, existen más de 45 empresas que suministran HAC, lo que, según el citado programa de televisión, evidencia irregularidad en los contratos de Castillo.
Gonzalo negó irregularidades
Castillo de inmediato negó que hubiera aprobado contratos irregulares. «Yo le doy la total seguridad de que todo lo que hice en mi gestión fue apegado a las leyes», aseguró ante la prensa, a la cual afirmó que toda su administración en el Ministerio de Obras Públicas desarrollada «pensando en los millones de dominicanos a quienes les mejoró su vida».
El ex-candidato presidencial del PLD el 22 de noviembre último solicitó a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) que investigara las denuncias, «en aras de evidenciar ante la sociedad dominicana la pulcritud con la que administró» el MOPC.
De nuevo sobre el tapete
Aunque este caso se había mantenido en relativa calma, ha salido de nuevo con fuerza a la palestra pública luego de que Carlos E. Pimentel, designado por el presidente electo Luis Abinader como próximo director de Compras y Contrataciones del Gobierno a partir del 16 de agosto, opinara el 30 de julio último que el Ministerio Público debiera ser apoderado inmediatamente del caso del mismo.
“Ese caso debe ser analizado a profundidad”, dijo a periodistas Pimentel, quien además es director ejecutivo del movimiento apartidista Participación Ciudadana, capítulo dominicano de la entidad denominada Transparencia Internacional.
Discrepancia entre organismos oficiales
Ha salido a relucir una discrepancia entre dos organismos oficiales: la Dirección General de Contrataci0nes Públicas (DGCP) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).
La primera de estas entidades afirma que en dos oportunidades la Dirección de Etica le remitió comunicaciones aduciendo que no había recibido de la DGCP informes que le fueron solicitados sobre este caso. Esta última, sin embargo, clara que sí lo hizo en dos oportunidades, con «observaciones» sobre la forma en que fueron manejados los siete procesos de compras de excepción para hormigón asfáltico caliente.
«Contrataciones Públicas, desde el primer requerimiento de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, le mantuvo al tanto de todas y cada una de las actuaciones realizadas», afirma.
La aclaración de la Dirección General de Contrataciones
La posición de la Dirección General de Contrataci0nes está contenida en una «aclaración» publicada en su página web, cuyo texto es el siguiente:
«Contrataciones Públicas aclara que en dos ocasiones (2) remitió a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), el resultado del análisis de legalidad sobre los procedimientos de excepción por exclusividad convocados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para la “contratación y suministros de hormigón asfáltico caliente (HAC)”.
En fecha 4 de agosto de 2020, la DIGEIG remitió a Contrataciones Públicas el Oficio Núm. DIGEIG-CE-DIS-2020-256 con las conclusiones de la investigación realizada a requerimiento del señor Gonzalo Castillo Terrero, respecto a las supuestas irregularidades denunciadas en el programa El Informe con Alicia Ortega, con relación a las contrataciones de HAC, en el cual establece que: “(…) A la fecha, esta Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, no ha recibido la resolución solicitada a la DGCP sobre los procesos denunciados”.
Ante esta declaración, la Dirección General de Contrataciones Públicas notificó a la DIGEIG la comunicación DGCP44-2020-003486 en fecha 5 de agosto de 2020, haciéndole la salvedad de que el informe final, con los resultados del levantamiento de la legalidad de los procedimientos de contratación de HAC solicitado, le fue notificado el 26 de mayo de 2020.
Resulta que el pasado 25 de noviembre de 2019, mediante oficio DIGEIG-CE-DIS-2019-863, la DIGEIG solicitó a Contrataciones Públicas que “(…) realicen un levantamiento de los procesos de compras y contrataciones que fueron denunciados en el referido programa [El Informe con Alicia Ortega] y de esa manera determinar si los mismos fueron llevados a cabo de acuerdo con lo establecido en la normativa que rige la materia”, en atención a la solicitud del señor Gonzalo Castillo Terrero.
En el marco de este requerimiento, Contrataciones Públicas dió inicio a la revisión de legalidad de los expedientes administrativos de excepción por exclusividad para la “contratación y suministro de hormigón asfáltico caliente (HAC)”, los cuales fueron identificados con las siguientes nomenclaturas: MOPC-CCC-PEEX-2019-0005, MOPC-CCC-PEEX-2019-0006, MOPC-CCC-PEEX-2019-0011, MOPC-CCC-PEEX-2019-0012, MOPC-CCC-PEEX-2019-0013, MOPC-CCC-PEEX-2019-0014 y MOPC-CCC-PEEX-2019- 0015.
Contrataciones Públicas, desde el primer requerimiento de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, le mantuvo al tanto de todas y cada una de las actuaciones realizadas.
En fecha 22 de enero de 2020, la Dirección General de Contrataciones Públicas notificó el informe preliminar del levantamiento de la legalidad de los procedimientos de excepción y solicitó al MOPC aclarar aquellos aspectos que se consideraron necesarios para emitir el informe final.
Al concluir la revisión de legalidad, Contrataciones Públicas emitió la comunicación DGCP44-2020-001474 notificada a la DIGEIG en fecha 26 de mayo de 2020, con el informe final que contiene los resultados.
Hubo violaciones
En este informe, de 78 páginas, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) afirma que el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) violó la Ley de Compras debido a que los “Informes técnicos justificativos para la contratación del suministro de Hormigón Asfáltico Caliente” no motivan ni justifican el uso de excepción de un procedimiento como tal, en lugar de un proceso ordinario.
Señala que “no se justifica la elección del procedimiento de excepción por exclusividad atendiendo al criterio de que el hormigón asfaltico caliente es un producto estándar, cuyo precio es fijado por el MOPC, pues no se presentó ni pudo ser determinada la base legal para el MOPC establecer el precio, ni tampoco que existía posibilidad de realizar un procedimiento ordinario”. indicó el reporte de la DGCP.
Agrega que Obras Públicas no publicó los requisitos que debían cumplir las empresas que resultaron contratadas ni tampoco los oferentes para resultar adjudicados en caso de que se hubiera publicado previo a la contratación directa de empresas.
Dice que tampoco se evidencia una convocatoria previa como garantía de participación de todos los oferentes suplidores del hormigón asfáltico caliente, en inobservancia del artículo 4 numeral 6 del reglamento de aplicación número 543-12.
Puntualiza que si bien hubo pluralidad en cuanto a las empresas que fueron contratadas en los procedimientos de excepción referidos, esto no significa que constituyan procedimientos abiertos y competitivos que ofrecieran al Estado la posibilidad de conocer y obtener mejores precios.
Tampoco consta en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), publicado por el MOPC, la planificación para realizar procedimientos para adquirir hormigón asfáltico caliente y también se verificó incumplimiento en los contratos suscritos entre el MOPC y las empresas contratadas.
INFORME COMPLETO
Para leer el informe de la Dirección General de Contrataci0nes Públicas (DGCP), dé clic AQUI:
El abogado junto a ecologistas en la Procuraduría de Medio Ambiente. Woodley Valdez
Varias organizaciones ambientalistas depositaron este jueves una querella contra el ministro de Medio Ambiente, Ángel Estévez y otros vinculados a un permiso ambiental otorgado para la construcción de un hotel en Boca de Yásica.
Los ecologistas alegaron que las autoridades y quienes promueven el proyecto turístico Ritz Carlton han vendido la idea de que se trata de una construcción de alta gama, apegada a los más altos estándares ambientales, pero en realidad lo que han hecho es destruir un ecosistema donde hay especies en peligro crítico de extinción, zona que por demás, es protegida del distrito municipal de Cabarete, Puerto Plata.
Explicaron que se han secado miles de metros cuadrados de humedales y se ha eliminado la fauna del lugar en donde se resguarda especies como tortugas y cangrejos, debido a los trabajos que realizan en el lugar. Además, aseguraron que se han talado unos 20 mil metros cuadrados de manglares.
“Otorgaron licencia ambiental para construir 438 habitaciones de hotel en un área protegida donde ya ministros anteriores habían cancelado una licencia” que se había entregado para construir cinco cabañas, indicó el abogado de los querellantes, Euren Cuevas Medina.
De su lado, el Clúster Turístico de Puerto Plata dio un espaldarazo al proyecto turístico que realiza The Ocean Club Group y Marriott International en la construcción del hotel La Boca de Ritz Carlton Reserve en Cabarete. “Estamos muy esperanzados con el avance de este proyecto que viene a contribuir con la oferta turística del destino de Puerto Plata, de la mano de una gestión amigable con el medioambiente”, expresó César José de los Santos, presidente del Clúster, quien aseguró que ese tipo de turismo llenará un vacío importante que beneficia la región. Sostuvo que la obra es un proyecto ecológico para restaurar la flora y la fauna del lugar.
Dice trabajos se hacen solo en el 4% de terrenos
The Ocean Club Group, la empresa constructora aseguró también que ya se iniciaron las labores para un vivero de manglares y en algunas partes se construirán puentes. Añadió que solo se está cortando una parte de los arbustos y maleza en las zonas donde habrá algún tipo de infraestructura, lo cual representa menos de un 4% del terreno.
Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.
Panama. EEUU llamó ayer a los sistemas judiciales de Latinoamérica a “tomar acción contra” quienes hayan aceptado “sobornos” para contrataciones públicas, al alertar de que la corrupción sigue frenando el desarrollo y la prosperidad en la región.
“EE.UU. tiene años trabajando con socios en la región para intentar mejorar las oportunidades y la prosperidad de los pueblos y ha “nvertido miles de millones de dólares en programas de desarrollo, pero lo que encontramos que es el mayor retraso al avance de las sociedades es la corrupción”, dijo el subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak.
En ese contexto, explicó Kozak en una entrevista con la Radio Panamá, la cooperación estadounidense ha puesto “mayor énfasis del lado de la política”, intentando “trabajar con los Gobiernos para ayudarles a que mejoren su propio sistema legal y que fortalezcan sus instituciones y el imperio de la ley”.
Odebrecht como ejemplo
Para el subsecretario de Estado interino “un buen ejemplo de por qué la corrupción no es buena idea” es el caso de la constructora brasileña Odebrecht, condenada en 2017 por un juzgado estadounidense a pagar una multa de 2.600 millones de dólares por el escándalo de los sobornos a funcionarios de 12 países de Latinoamérica y África.
Esta trama trajo “enormes consecuencias” no solo por el volumen de dinero sucio involucrado sino también por “los efectos sobre la confianza del pueblo en sus Gobiernos”, dijo Kozak.
Recalcó que desde la década de 1970 está vigente en EE.UU. la “ley contra las prácticas corruptas en el extranjero, que hace que sea ilegal que cualquier compañía de EE.UU. pague sobornos o que se involucre en ese tipo de actividades”.
“Mientras que algunas personas dijeron al inicio que eso nos pondría en desventaja ante nuestros competidores, resulta que a la larga eso ha ayudado, porque la gente sabe que nuestras compañías no están pagando sobornos, mientras que no saben eso cuando están lidiando con el Partido Comunista de China o con sus compañías paraestatales”, afirmó Kozak.
Cree que “los países que quieren asegurarse de que sus compañías no se involucren en este tipo de actividades deben crear una ley similar” a la estadounidense “y hacer que el costo de que una compañía pague sobornos sea tan alto que no lo haga, y así también podemos evitar que los funcionarios acepten los sobornos”.
“Y los sistemas de Justicia en la región deben tomar acción contra aquellos que sí han tomado sobornos en desventaja de sus propios compatriotas”, añadió.
El de la corrupción “es un problema grande en la región, es un asunto grande para nosotros y es algo en lo que estamos trabajando muy de cerca y muy exitosamente” con socios como Panamá, “que es un aliado maravilloso en este esfuerzo”, aseveró Kozak.
“Cualquier organización multilateral debe evitar utilizar la inmunidad que se le brinda a sus miembros para darle inmunidad retroactiva a alguien que ha sido acusado”, observó.
Poceso abierto por caso Odebrecht
En Panamá, donde Odebrecht dijo haber pagado al menos 59 millones de dólares en coimas, la investigación involucra a decenas de exfuncionarios, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), y sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique, estos dos detenidos en Guatemala con fines de extradición a EE.UU. El Departamento de Justicia ha informado que acusa a los hermanos Martinelli de haber servido de intermediarios en el pago de 28 millones de dólares en sobornos por parte de Odebrecht a un exalto funcionario panameño, familia de ellos, además.
Santo Domingo.- Los suplidores de alimentación escolar reclamaron al Gobierno el pago de más de cinco mil millones de pesos.
Aaron David Dinzey, presidente de la Union de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH), y Francisco Capellán, presidente de la Unión Nacional de Suplidores de Alimentos Escolares (UNSAE), advirtieron que el dinero que le debe el Gobierno podría provocar la quiebra de muchas de sus pequeñas empresas.
Asimismo, explicaron en rueda de prensa que «si el gobierno del presidente Danilo Medina no paga la deuda que contrajo con los suplidores, pone en peligro los programas de alimentos escolares».
Manifestaron su temor de que las actuales autoridades los dejen «encharcados, lo que condenaría a nuestra empresas a la quiebra».
Recordaron que el Gobierno obtuvo préstamos de emergencias por miles de millones de pesos para los programas PAE-Real, Urbano Marginal, PAE-Fronterizo, Tanda Extendida y otros, «pero al día de hoy no han pagado a los suplidores de estos programas».
«Además, se nos ordenó incurrir en gastos y compromisos para que entregáramos unos kit de alimentos crudos a los centros educativos para los estudiantes, compromisos que cumplimos, y ahora se nos quiere dejar con esas deudas, lo que nos empuja más a la bancarrota», dijeron.
Indicaron también que las autoridades debieron completar con ellos las licitaciones y adjudicaciones que ya realizaron con las grandes empresas; «sin embargo, a las MIPYMES que licitaron para estos servicios le dieron larga para dejarlas a su suerte».
«La morosidad en las adjudicaciones es un problema que se le ha dejado a las autoridades que asumirán el 16 de este mes, y hay preocupación entre las empresas del sector que por años hemos sostenido el servicio, cargando con todo tipo de vicisitudes», declararon.
Agregaron que «los alimentos que suministramos para el desayuno escolar y la tanda extendida están en riesgo debido a que las autoridades no nos han pagado desde hace más de seis meses».
