Nurimaro Park está entre 800,000 inmigrantes que se beneficiaron de un programa federal que extendía las protecciones para las personas que fueron traídas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños.
Pero si bien él estaba al tanto de la importancia de la protección que le daba el plan conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), tenía un problema: carecía de dinero para pagar la cuota de $495 requerida para renovar su participación en el programa por dos años más.
Park, de 26 años, trabajaba como tutor privado y no tenía mucho dinero a fines de la primavera y en el verano, cuando no había clases. Pensó que podía renovar su permiso a fines de año; las regulaciones del programa permitían que los beneficiarios renovaran los permisos expirados siempre y cuando no hubieran pasado más de 12 meses desde la fecha de expiración.
Sin embargo, en septiembre, el secretario de Justicia Jeff Sessions anunció que el gobierno de Donald Trump iba a cancelar el programa. Los beneficiarios podrían renovar sus permisos por última vez, por dos años más, si su fecha de expiración estaba próxima a vencer.
Pero los beneficiarios como Park, con fechas de expiración vencidas, no podían renovar sus permisos.
“Tenía pensado (renovarlo) pero Trump no me avisó con suficiente tiempo de antelación”, dijo Park el martes en una conferencia de prensa.
Ahora Park y el inmigrante salvadoreño Jonathan Alvarenga Recinos, de 19 años, presentaron una demanda ante una corte federal en Alexandria en la que piden que se les permitan renovar sus permisos del DACA por dos años más.
Simon Sandoval-Moshenberg, representante del Legal Aid Justice Center, un grupo activista de Falls Church, que presentó la querella en nombre de los dos inmigrantes, dijo que ha habido varias demandas que desafían la decisión de cancelar el DACA, pero este es el primer recurso legal enfocado en las 50,000 beneficiarios cuyos registros habían expirado pero que aún cumplían con los requisitos para renovarlos.
“Es completamente injusto”, dijo Sandoval-Moshenberg. “El gobierno tiene que notificarle a la gente con antelación que las regulaciones van a cambiar”.
Steve Blando, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, que administra el DACA, rehusó comentar sobre la demanda, pero confirmó que unos 50,000 de los 800,000 que se habían inscrito para el plan no habían renovado sus permisos cuando el gobierno de Trump anunció la cancelación paulatina del programa.
Sandoval-Moshenberg dijo que él sabe que un fallo en favor de sus clientes solo sería un alivio temporal para los beneficiarios del DACA, pero agregó que esta extensión de dos años podría ser importante para los beneficiarios. Ellos podrían hacer dinero legalmente, posiblemente desarrollar habilidades que les permitirían quedarse con una visa laboral, o quizás hallar otra manera de quedarse, como por ejemplo casándose.
Park, quien llegó a Estados Unidos de Corea del Sur cuando tenía 9 años, dijo que el norte de Virginia es el único lugar que conoce hasta ahora. Reconoció que tenía miedo de que el presentar la demanda y participar en la conferencia de prensa lo pudieran convertir en un blanco de las autoridades de inmigración, pero dijo que se vio obligado a alzar la voz.
“Estoy cansado de decirme a mí mismo que no puedo hacer lo que mis compañeros a mi alrededor están haciendo”, dijo. “Estoy cansado de aplazar mi derecho a hacer mi vida, ser libre y tratar de ser feliz”.
El Congreso ha estado sopesando una propuesta de ley que convertiría a las protecciones del DACA en ley federal, pero Park dijo que está preocupado porque el ritmo del avance es muy lento.
“Si es que me deportan, no hay forma de regresar”, dijo. “(Los congresistas) no sienten la urgencia que la gente en mi situación siente”.
Fuente:AP
