El muro, que el Gobierno estima tendrá un costo de unos $21,600, busca completar vallas ya construidas en la línea fronteriza, que tiene una extensión de 1,952 millas y comprende cuatro estados: California, Arizona, Nuevo México y Texas.
Pero antes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tendrá que lidiar con propietarios de terrenos fronterizos.
Francois indicó que las negociaciones son complicadas ya que, además de la venta de terrenos, involucran otros factores como el acceso a las propiedades por parte del Gobierno.
Precisó que se deben considerar factores como el uso de maquinaria pesada, la presencia de trabajadores, el ruido y en general la forma como serán compensadas estas familias por esas molestias.
Agregó además que es previsible que los dueños inconformes "inunden" las cortes con procesos legales.
Eloísa Tamez, por ejemplo, tardó siete años en resolver un litigio contra el Gobierno de George W. Bush (2000-2008) para la venta de un solo acre (0,4 hectáreas) de su propiedad para facilitar la construcción de una cerca en el condado Cameron (Texas).
Al final, el Gobierno tuvo que pagarle $56,000 por un cuarto del acre (0.1 hectáreas) e instalar una puerta automática que se abre con un código para que Tamez pueda acceder al resto de su terreno en México.
Sin embargo, al parecer, el Gobierno de Trump, que se propone un muro de una altura de 30 pies, ya está preparando el terreno legal.
Su propuesta de presupuesto para 2018 incluye la contratación de 20 abogados para ayudar al Gobierno federal a "obtener la tierra y los recursos necesarios para asegurar la frontera sur".
"Tantos abogados involucrados puede ser que sean muchos los terrenos que quieran expropiar o que quieren hacer este proceso lo más rápido posible", matizó Francois.
La quinta enmienda de la Constitución estadounidense faculta al Gobierno federal a expropiar los terrenos que requiera para proyectos, pero también indica que se debe de compensar a los propietarios.
"Sin duda la construcción del muro fronterizo podría enfrentar muchos retos legales. Será interesante ver las decisiones que tomen las cortes al respecto", manifestó Francois.
Algunos de esos pleitos legales serán con reservas indígenas, como los Tohono O'odham, cuyos líderes han expresado su oposición a la obra.
Esta tribu, establecida en 100 kilómetros de la línea fronteriza en Arizona, cuestiona que el muro separaría a los integrantes que viven del lado mexicano y de sus tierras ceremoniales y cementerios.
Dentro de su propuesta de presupuesto, Trump solicita $1,500 millones al Congreso para comenzar la construcción del muro este año y $2,600 millones adicionales para 2018.
Actualmente en 652 millas de la frontera entre Estados Unidos y México hay una cerca simple, en 37 millas existe una cerca doble y en 14 millas la valla de separación es triple, según la Oficina estadounidense de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Fuente:EFE
