En 2018, luego del devastador tiroteo en una escuela secundaria de Florida que dejó 17 muertos, la ciudad de Boulder, en Colorado, prohibió la venta de armas de asalto con el fin de prevenir ataques similares.
La prohibición, que también incluía la comercialización de cargadores de gran capacidad, estuvo en vigor durante más de dos años.
Pero hace menos de dos semanas un juez la bloqueó en corte, alegando que no es legal restringir localmente la venta de estas armas, pues entraba en conflicto con la ley vigente en el estado.
Aún continúan emergiendo detalles del tiroteo en el supermercado King Soopers de Boulder el lunes en la noche, que dejó 10 muertos. El sospechoso del ataque fue detenido, pero todavía se desconoce si el rifle semiautomático AR-556 que usó fue comprado en la ciudad y si, por tanto, la restricción de compra habría evitado la masacre.
Sin embargo, el hecho de que el ataque mortal haya tenido lugar solo 10 días después de que Boulder volviera a permitir la compra de armas de asalto ha resultado trágicamente irónico, a la vez que vuelve a subrayar el peligro de que continúe sucediendo.
“Es por eso que queríamos aprobar la prohibición, en primer lugar", dijo a The Washington Post Rachel Friend, quien es miembro del concejo municipal de Boulder. “(El tiroteo) sucedió tan rápido después de que fue anulada”.
Luego de que en 2018 la ciudad de Colorado puso en vigor la prohibición para adquirir armas de asalto, rápidamente fue presentada una demanda en su contra. Esta demanda fue respaldada por la Asociación Nacional del Rifle (NRS, por sus siglas en inglés).
Como resultado, este mes el juez Andrew Hartman dictaminó que, según una ley estatal aprobada en 2003, las ciudades y los condados tienen prohibido adoptar restricciones sobre armas de fuego si estas no están concebidas en la ley estatal y federal.
El juez rechazó los argumentos de la ciudad de que la Constitución estatal le daban el poder de adoptar las prohibiciones como una cuestión de interés local. Aún no está claro si los abogados que representan a la ciudad planear presentar una apelación.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) celebró la paralización de la prohibición y dijo que el juez les había dado a los entusiastas de las armas "algo para celebrar".
El tiroteo en el supermercado King Soopers dejó 10 víctimas mortales, entre 20 y 65 años, incluido un oficial del Departamento de Policía de Boulder. El sospechoso, un hombre de 21 años identificado por las autoridades como Ahmad Al Aliwi Alissa, residente en Arvada, Colorado.
Los motivos del ataque no están claros, pero han emergido reportes que apuntan que Alissa padecía problemas de salud mental.
Tras el ataque, el presidente, Joe Biden, pidió al Congreso que endurezca las leyes para la compra de armas en el país, así como la compra de cargadores de alta capacidad. El mandatario también pidió cerrar las lagunas en el sistema de verificación de antecedentes de los compradores.
[¿Qué esperar del control de armas de fuego bajo la Administración Biden?]
"Se han perdido diez vidas y más familias han sido destrozadas por la violencia con armas de fuego en el estado de Colorado", dijo Biden desde la Casa Blanca.
Durante su campaña hacia la presidencia, el demócrata apoyó la legislación que prohíbe la fabricación y venta de armas de asalto.
"No necesito esperar ni un minuto ni mucho menos una hora para tomar medidas de sentido común que salvarán vidas en el futuro, y para instar a mis colegas en la Cámara (de Representantes) y el Senado a actuar", dijo.
El líder de la mayoría en el Senado, el senador por Nueva York Chuck Schumer, prometió presentar dos proyectos de ley aprobados por la Cámara de Representantes para exigir verificaciones de antecedentes más exhaustivas para los compradores de armas. Los proyectos de ley enfrentarán resistencia en un Senado estrechamente dividido.
Fuente:The Washington Post
