Diputados convierten ley proyecto modifica Presupuesto Nacional 2019

Diputados en sesión.

Santo Domingo.- La Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles el proyecto que modifica el Presupuesto Nacional de 2019 sometido por el Poder Ejecutivo, aprobado previamente en el Senado de la República.

Previo a la aprobación de las recomendaciones de la Comisión Especial que estudió la propuesta de Presupuesto complementario, el hemiciclo rechazó un informe disidente presentado por el diputado Francisco Paulino, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Con ese proyecto, el Gobierno central se propone hacer recortes y movimientos de partidas para enfrentar un déficit presupuestario de 15.000 millones de pesos, provocado por una disminución en las recaudaciones, según informó el hemiciclo en un documento.

En su intervención, el diputado Ramón Cabrera, presidente la de Comisión Especial que estudió el proyecto, defendió la aprobación de la pieza y señaló que de esa forma el Poder Ejecutivo actúa conforme a lo que establece la Constitución de la República.

Tras intensos debates, el presidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, sometió primero el informe disidente, el cual fue rechazado. A seguidas, sometió el informe de la Comisión Especial, el cual fue aprobado en dos lecturas consecutivas, quedando convertido en ley.

En la sesión de este miércoles los diputados también aprobaron una resolución mediante la cual piden al Gobierno la construcción de un puente sobre el río El Cedro, en el municipio de Miches, provincia El Seibo.

Asimismo, aprobaron una resolución mediante la cual la institución legislativa reconoce a la Universidad Católica Nordestana (UCNE) por sus aportes a la educación superior en la región Noreste del país, al celebrar el 40 aniversario de su fundación.

Fuente:EFE

Instituciones piden 10 mil millones adicionales en presupuesto del 2020

Comisión bicameral reunida este miércoles.

Santo Domingo.- Tres instituciones del Estado han solicitado 10 mil 765 millones de pesos adicionales a lo que el Poder Ejecutivo le asignó en el proyecto de presupuesto para el año 2020.

La Junta Central Electoral solicitó la asignación de 9 mil 540 millones de pesos adicionales a los 10 mil millones que tiene asignados.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) pidió 800 millones más y el Tribunal Superior Electoral dijo necesitar 425 millones de pesos adicionales para completar mil 39 millones que alega son necesarios para cumplir con el trabajo que se avecina en el año electoral.

El presidente de la comisión bicameral del Congreso que estudia la propuesta, senador Dionis Sánchez, afirmó que para asignar todo lo que las instituciones necesitan habría que hacer una reforma fiscal.

Entretanto, la Dirección General de Impuestos Internos informó que lo estimado para el 2020 no pasaría de los 535 mil millones contemplados en el proyecto de ley.

La comisión de diputados y senadores que tiene a cargo el estudio de esta pieza dijo estar en condiciones de hacer conclusiones para elaborar un informe que deberá ser refrendado o rechazado por el poder Ejecutivo para que el proyecto de ley sea sometido a la votación del Congreso.

El proyecto de presupuesto sometido por el poder ejecutivo para 2020 es de 997 mil millones que es casi un billón de pesos.

Fuente:AliNuñez

Gonzalo reconocerá “sea cual sea” resultado de próximas elecciones

Gonzalo Castillo habla a periodistas.

Santo Domingo.- El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó este miércoles su preocupación por los constantes ataques y descalificaciones que dijo se hacen desde la oposición en contra de la Junta Central Electoral (JCE) y el proceso de elecciones del año próximo.

Gonzalo Castillo manifestó la tarde de este miércoles a periodistas su confianza en el organismo y dijo esperar que los demás candidatos a la presidencia de la República reconozcan los resultados de las elecciones del 2020 como él lo hará “sea cual sea”.

“Yo quiero decirle a los partidos de oposición que si nosotros resultáramos vencidos en las elecciones de mayo, seremos los primeros en llamar y felicitar al ganador; pero de igual forma, si nosotros somos los que resultáramos ganadores, como pensamos y estamos seguros que vamos a salir triunfantes, esperamos que ellos tengan la gallardía y la grandeza de llamarnos y felicitarnos a nosotros”, expresó.

Dijo que según lo que ve en los partidos de oposición, parecería que están preparándose ante su “inminente” derrota para las elecciones municipales de febrero y las congresionales y presidenciales de mayo próximo.

Sobre el voto automatizado, deploró el rechazo que algunos partidos de oposición hacen al mismo, descalificando la transparencia con que se ha manejado la JCE y definió este sistema como “la forma más transparente de votación”.

“Nosotros confiamos mucho en el voto electrónico o voto automatizado y más en esta era de la tecnología y la información. De igual manera como hemos apoyado el uso total del voto automatizado, también apoyamos todas las resoluciones que ha emitido la JCE. Para este organismo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento a todas sus disposiciones”, concluyó.

Cury deplora críticas a JCE

Julio Cury .

El jurista Julio Cury sostuvo que la Resolución núm. 33-2019 de la JCE que le prohíbe a los funcionarios públicos accionar en política en sus horarios de trabajo, se corresponde con las previsiones de la Ley 41-08 y que la crítica que ha hecho el candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, “carece de rigor lógico”.

Expresó que dicha ley prevé como falta disciplinaria servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, concepto que supone el “contenido dinámico relacionado con la actividad cumplida por un individuo en un órgano público”.

Dijo que la expresión “en el ejercicio de sus funciones” se contrae al tiempo en el que se desempeñan los deberes relacionados con la función pública, lo cual se reafirma, según Cury, en el art. 83.9, que pone el acento sobre los lugares de trabajo, señalándose que es en ellos donde las actividades partidistas deben realizarse para configurar una falta de segundo grado.

“El supuesto de hecho generador de la falta, cuya interpretación debe ser restrictiva por aplicación del principio pro homine, es la desviación del servicio prestado al público de forma regular y continua para la satisfacción de una necesidad pública”, añadió.

Fuente:Ali Nuñez

Instituto Duartiano denuncia “entrada masiva e ilegal” de haitianos a la RD

Wilson Gómez.

Santo Domingo.- La crisis político-social haitiana de Haití ha hecho agravar el problema del ingreso ilegal de haitianos a la República Dominicana, denunció el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez.

Declaró que “la incursión ilegal masiva” de haitianos al territorio nacional se registra fundamentalmente por los puntos fronterizos informales no controlados efectivamente por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT).

En una rueda de prensa en la sede de dicho instituto, ubicada en la calle Isabel La Católica, en la Ciudad Colonial, r Gómez Ramírez dijo que “la tímida política migratoria puesta en práctica ha permitido que en cada uno de nuestros municipios se manifieste una desbordada presencia de haitianos que logran ingresar de manera irregular y que permanecen en esa condición, sin que las autoridades asuman su responsabilidad de repatriarlos”.

Manifestó que “la zona fronteriza todavía no es objeto del control que exigen las actuales circunstancias, para preservar la seguridad en nuestro territorio, pese a la seria amenaza que se cierne, aún no han sido adoptadas medidas preventivas que puedan impedir el ingreso de haitianos bajo el alegato de la existencia de una hambruna y la procura de refugio”.

“Es menester sancionar de manera severa y ejemplar a toda autoridad dominicana que resulte cómplice con la entregada de estos ilegales, en esto no puede haber contemplaciones; resulta de extrema urgencia que se provea de un presupuesto adecuado al Cesfront y a los demás organismos responsables de velar por la seguridad nacional, y también se requiere blindar la frontera estableciendo efectivos valladares materiales y tecnológicos en los puntos fronterizos de mayor vulnerabilidad”, indicó Gómez.

El Presidente del Instituto Duartiano agregó que preocupa a esta entidad patriótica, la debilidad de la política exterior dominicana con relación a este problema, pues “no se advierte ningún esfuerzo de prevención acorde con la realidad haitiana, en interés de que la comunidad internacional acuda en estos momentos a favor de Haití, ante su dramática situación de infortunio y desorden generalizado”.

Resistencia para respetar los patricios y símbolos patrios

“Entendemos que también resulta necesario adoptar providencias para preservar la dominicanidad en escuelas ubicadas en la frontera donde existe una población escolar que alcanza en algunos casos hasta más de un 70 por ciento, y hay resistencia para respetar los fundadores de la patria y los símbolos patrios, prohibiéndoles los padres a los niños que lleven a la casa imágenes de estos emblemas y los textos históricos dominicanos”, señaló.

Opinó que “lo mismo habrá que hacer en nuestros centros hospitalarios públicos” los cuales están desbordados por pacientes ilegales haitianos.

El Presidente del Instituto Duartiano dijo que “los ingresos de haitianos a los hospitales dominicanos para internamiento y consultas médicas incrementó en los últimos días y esto impide que muchos de nuestros pacientes reciban asistencia”.

Alegó que en lo concerniente a los nacimientos en el hospital público de Jimaní, aproximadamente el 69.5 por ciento de los partos corresponden a haitianas y en el hospital “Elio Fiallo”, de Pedernales, el 45 por ciento.

Apuntó que “en un solo un semestre, en las maternidades La Altagracia y San Lorenzo de los Mina, nuestros médicos han practicado más de 2,500 partos de mujeres haitianas, las cuales ni siquiera pueden articular una palabra en español”.

La entidad llamó al Servicio Nacional de Salud a que acelere el protocolo y metodología que viene aplicando a fin de establecer una tarifa para cobrar consultas y otros tipos de asistencia a los extranjeros que acuden a los hospitales.

Fuente:Ali Nuñez

Juicio político: Comité Judicial del Congreso analiza evidencia contra Trump

Washington.- La primera audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre el juicio político al presidente Donald Trump dio lugar rápidamente a enfrentamientos partidistas, apenas los demócratas dijeron que se le debe destituir por pedir la injerencia extranjera en las elecciones y los republicanos respondieron con furia que no había motivos para una medida tan drástica.

Mientras se reunía el panel encargado de redactar el acta de acusaciones, el equipo de Trump ocupaba posiciones en el Capitolio.

Entregan extenso reporte para posible juicio político

El Comité de Inteligencia de la Cámara Baja indica que el presidente puso sus intereses políticos por delante del país. Detalles en el informe.(Publicado miércoles 4 de diciembre de 2019)

El vicepresidente Mike Pence se reunió a puertas cerradas con representantes republicanos, en tanto los senadores del partido se aprestaban a hacerlo con el abogado de la Casa Blanca. El partido oficialista respalda sin grietas al presidente mientras el opositor va a la carga para realizarle juicio político.

El presidente de la comisión, el demócrata Jerrold Nadler inició la audiencia con un golpe de maza y la frase, “los hechos frente a nosotros son indiscutibles”.

Nadler dijo que la llamada telefónica de Trump al presidente ucraniano en julio no era la primera vez que buscaba la influencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses, después de la injerencia rusa en 2016, y se le permitía actuar sin control volvería a hacerlo en la campaña de 2020.

“No podemos esperar que la elección resuelva la crisis actual”, dijo Nadler. “El presidente nos ha mostrado su patrón de conducta. Si no actuamos ahora para frenarlo, el presidente Trump casi con certeza tratará nuevamente de solicitar la injerencia en la elección en beneficio político propio”.

Informe de la Cámara apunta contra Trump

El informe de la Cámara Baja servirá de base para abrir un probable juicio político.(Publicado martes 3 de diciembre de 2019)

Los republicanos protestaron que el proceso era injusto con el presidente, con denuncias infundadas como parte de una campaña para negar el resultado de 2016 y destituir a Trump.

“Sucede que a ustedes no les gusta el hombre”, dijo el republicano de mayor jerarquía en el panel, Doug Collins. Dijo que el proceso era una “desgracia” y un “fraude”.

Varios republicanos objetaron el proceso, interpusieron cuestiones de procedimiento con la intención de interrumpir y demorar constantemente la sesión y cuestionar las normas.

La presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dijo que los demócratas todavía “no han tomado la decisión” sobre si se votará sobre un juicio político. Estaba reunida a puertas cerradas con el bloque demócrata. Pero parece altamente probable que se vote antes de Navidad, ante la difusión de un informe de 300 páginas de los demócratas en la Comisión de Inteligencia que acusa al presidente de “faltas graves”.

“Las pruebas que hemos encontrado son contundentes, de que el presidente usó el poder de su cargo para obtener favores políticos y abusar de la confianza depositada en él por el pueblo estadounidense y poner en peligro nuestra seguridad”, dijo el presidente de la Comisión de Inteligencia, el demócrata Adam Schiff, a The Associated Press.

La sesión del miércoles, con expertos en derecho constitucional, indagará en los posibles delitos merecedores de juicio político

Cuatro profesores de derecho disertaron sobre historia y política presidencial. Varios de ellos opinan que la conducta de Trump satisface la definición de “delitos y faltas graves” que establece la constitución para iniciar un juicio político.

Pamela Karlan, de la facultad de derecho de la Universidad de Stanford, dijo que al alentar al presidente ucraniano a investigar al exvicepresidente y rival político Joe Biden, Trump cometió un “abuso de poder particularmente grave porque socava la democracia misma”.

Noah Feldman, de la facultad de derecho de Harvard, dijo que para los fundadores del país era esencial que el presidente pudiera ser destituido y no estuviera por encima de la ley. La conducta de Trump “encarna el temor de los autores (de la constitución) de que un presidente en ejercicio abusaría corruptamente de los poderes”.

Pero otro profesor, Jonathan Turley, de la Universidad George Washington, opinó que el caso se “derrumbará” debido a la insuficiencia de las evidencias y pruebas.

Fuente:EFE

Advierten oficialismo usaría 75,000 millones del Presupuento en campaña

Bien Común entrega el documento.

Santo Domingo.- El movimiento Bien Común advirtió este miércoles de que el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) “pondrían disponer de casi 75,000 millones de pesos para hacer campaña y comprar voluntades en las próximas elecciones” en caso de aprobarse el proyecto de Presupuesto 2020 tal cual está.

Así se plantea en un análisis entregado a los bloques de diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alianza País (AP) y el Frente Amplio (FA), en el que Bien Común señala cinco renglones del Proyecto de Presupuesto a los que el oficialismo podría dar un uso “discrecional en la contiendas de febrero y mayo”.

La mayor proporción de recursos se concentrarían en los proyectos de inversión por provincia, que superan los 55,800 millones, distribuidos principalmente entre obras de infraestructuras prometidas en años anteriores (no electorales) como planteles escolares, reconstrucción de hospitales, calles y avenidas, caminos vecinales, centros comunitarios, etc.

A esto, según la entidad, le siguen los recursos que, bajo el mismo concepto, se van a gastar bajo el criterio multiprovincial, y que corresponden a obras que a ejecutar en varias circunscripciones por valor de 8,911.6 millones de pesos adicionales, señala un comunicado de prensa.

“El Gobierno y el PLD están jugando con trampa. Y tienen un plan para usar el Presupuesto del 2020 para comprar voluntades y violentar el proceso democrático. No lo podemos permitir”, declaró el colectivo, que se mostró convencido de que la Junta Central Electoral (JCE) no está haciendo nada para evitar el uso fraudulento de los recursos públicos en la campaña.

A estos fondos, de acuerdo con el análisis de la organización, habría que añadir 2,253 millones de pesos “no transparentados correspondientes a proyectos de inversión territorial por provincias, previstos en el Ministerio de Obras Públicas para ‘desarrollo de infraestructura física de calles y avenidas'”.

En el documento se destaca, además, la partida para uso discrecional del presidente de la República, de casi 4,650 millones de pesos que el jefe del Estado “podrá usar a sus anchas” en las áreas, instituciones y provincias que estime conveniente.

Por otra parte, agrega la nota, “se estima que el gobierno gastaría unos 2,650 millones de pesos en publicidad y propaganda interna, sin contar los 600 millones de pesos adicionales que el PLD recibiría como transferencia de la JCE.

“Desde Bien Común llamamos a todas las fuerzas democráticas y a los observadores locales e internacionales para que tomen nota e iniciativas para evitar que el presidente Danilo Medina y el PLD vuelvan a violentar el proceso democrático aplicando de manera discrecional la chequera del Estado”, concluye el documento de la organización.

Fuente:EFE

Participación Ciudadana considera es ineficaz última resolución de la JCE

Carlos Pimentel

Santo Domingo.- El Movimiento Cívico Participación Ciudadana expresó este martes que la resolución dictada por la Junta Central Electoral (JCE) es insuficiente y poco eficaz para controlar el uso de los recursos públicos y la abusiva participación de los funcionarios del Gobierno en las campañas electorales.

El director ejecutivo del Movimiento Cívico, Carlos Pimentel, aseguró que la interpretación que hace la JCE, otorgando carta abierta a los funcionarios fuera de su horario laboral, no es útil para controlar a los más altos funcionarios del Estado, incluyendo al presidente de la República, ministros, directores generales y cualquiera que maneje recursos públicos.

Tampoco para los alcaldes, gobernadores, presidentes de cámaras del congreso, entre otros.

El pleno de la JCE dictó una resolución la semana pasada que permite a los funcionarios participar en actos de campaña, aunque mantiene las restricciones al uso de los recursos públicos.

“Estos funcionarios no tienen horario fijo y dondequiera que se mueven, no solo van con escoltas y un despliegue de recursos a su disposición, sino que además comprometen el presupuesto con promesas y dadivas, aprovechándose de las múltiples necesidades de la población”, afirmó Pimentel en un comunicado.

Según Participación Ciudadana, a lo largo de toda la historia de la nación este ha sido uno de los elementos que ha afectado la democracia, pues funcionarios públicos de todos los niveles se han prevalido de su poder para incidir en favor de los candidatos de su partido.

“Participación Ciudadana desde su fundación se ha pronunciado contra esa práctica y por eso propugnó por su prohibición en la Constitución de la República la Ley Electoral y la Ley de Función Pública”, declaró Pimentel.

A su juicio, la función de la JCE es establecer reglamentaciones específicas para garantizar que lo anterior se cumpla efectivamente, y para tal fin “debería hacer una interpretación estricta de las leyes y que sea favorable al interés general de la nación.

Finalmente, la organización exhortó al órgano electoral a ampliar y profundizar los controles sobre los recursos públicos, “lo que implica, necesariamente, verdaderas y efectivas restricciones a los funcionarios públicos como ocurre en la mayoría de los países democráticos, ya que sin ese control no hay proceso electoral libre, equitativo y transparente”.

Fuente:EFE

Juicio político: Comité Judicial del Congreso analiza evidencia contra Trump

Washington.- El Comité Judicial de la Cámara de Representantes analiza las conclusiones de sus colegas de que el presidente Donald Trump abusó del poder de su cargo en beneficio político propio y luego obstruyó la investigación del Congreso para determinar si existían fundamentos para un juicio político.

La comisión, responsable de elaborar las cláusulas del juicio, inició su primera audiencia desde la publicación de un informe de 300 páginas preparado por los demócratas del Comité de Inteligencia, que acusa al presidente de “falta grave”.

Entregan extenso reporte para posible juicio político

El Comité de Inteligencia de la Cámara Baja indica que el presidente puso sus intereses políticos por delante del país. 

Basado en dos meses de pesquisas, el documento detalla evidencias y testimonios por parte de funcionarios y exfuncionarios federales.

El informe no declara si las acciones de Trump derivadas de una llamada telefónica del 25 de julio con el presidente de Ucrania satisfacen el criterio constitucional de “delitos graves y delitos menores” que merecen un juicio político.

Esa decisión queda para la cámara en pleno, pero sus conclusiones acerca de las gestiones de Trump para obtener la intervención extranjera en el proceso electoral estadounidense sirven de base para la votación en la cámara baja sobre un juicio político y un proceso en el Senado cuya pena, en caso de culpabilidad, es la destitución de Trump.

“Las pruebas que hemos encontrado son contundentes, de que el presidente usó el poder de su cargo para obtener favores políticos y abusar de la confianza depositada en él por el pueblo estadounidense y poner en peligro nuestra seguridad”, dijo el presidente de la Comisión de Inteligencia, el demócrata Adam Schiff, a The Associated Press.

Informe de la Cámara apunta contra Trump

El informe de la Cámara Baja servirá de base para abrir un probable juicio político.(Publicado martes 3 de diciembre de 2019)

“La investigación de juicio político ha hallado que el presidente Trump, personalmente y a través de agentes dentro y fuera del gobierno de Estados Unidos, solicitó la interferencia de un gobierno extranjero, Ucrania, para beneficiar su reelección”, escribió Schiff en el prefacio del texto.

La sesión de este miércoles, con expertos en derecho constitucional, indagará en los posibles delitos merecedores de juicio político, pero la atención estará concentrada en el panel, presidido por el demócrata Jerrold Nadler, e integrado por legisladores fuertemente atrincherados en sus posiciones.

En un alegato inicial obtenido por The Associated Press, el testigo republicano, Jonathan Turley, profesor de Derecho de la Universidad George Washington, dirá que los demócratas han montado un caso “desprolijo” basado en información de segunda mano.

Los otros tres testigos, convocados por los demócratas, argumentarán a favor del juicio político.

El “Informe de investigación de Juicio Político Trump-Ucrania” brinda un recuento detallado de la diplomacia oculta conducida por el abogado de Trump, Rudy Giuliani, lo que resulta en una serie de acusaciones, las cuales pueden dividirse en acciones específicas como soborno, extorsión u obstrucción y el señalamiento más ambiguo de que Trump abusó de su autoridad al poner sus intereses por encima de los del país.

La Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja votaría en el transcurso del martes, resultado que se prevé sea de acuerdo a las líneas partidistas, para enviar el documento a la Comisión de Asuntos Jurídicos antes de una histórica audiencia de juicio político programada para el miércoles.

En un comunicado, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, dijo: “El presidente Schiff y los demócratas fracasaron rotundamente en producir evidencia alguna de que el presidente Trump se haya comportado ilegalmente”.

El informe “se parece a las divagaciones de un bloguero de sótano que busca demostrar algo cuando no hay evidencia de nada”, añadió.

En el marco de una cumbre de líderes de la OTAN en Londres, Trump afirmó el martes que no verá la audiencia del panel de asuntos jurídicos, diciendo que “son puros disparates; sólo están perdiendo su tiempo”.

Fuente:EFE