Barcelona.- El ex gobernador de Cataluña Artur Mas y dos allegados están siendo enjuiciados a partir de lunes por hacer caso omiso a una prohibición constitucional y realizar un referéndum sobre la independencia de la región.
El juicio en Barcelona, que durará cinco días, probablemente agravará las tensiones entre el gobierno central y los partidarios de la secesión de Cataluña, una próspera región del noroeste de España con 7,5 millones de habitantes.
Mas, quien abandonó el cargo a fines del año pasado, podría encarar una prohibición de participar el cargos públicos por 10 años, bajo acusaciones de desacato y conducta inapropiada.
La fiscalía está también exigiendo multas y una exclusión de detentar cargos públicos contra la ex vicepresidenta regional Joana Ortega y la comisionada de educación Irene Rigau, ambas acusadas de estar involucradas en el referéndum realizado en noviembre del 2014.
El 80% de los 2,3 millones de personas que participaron en la consulta se mostraron a favor de la independencia de la región.
El simulacro de referéndum había sido ilegalizado por el Tribunal Constitucional cinco días antes, pero Mas y otros funcionarios recabaron el apoyo de más de 40.000 voluntarios que se instalaron en escuelas y abrieron centros de sufragio.
Mas había dicho el domingo: "Estamos serenos, estamos firmes, convencidos de lo que hicimos y convencidos de que volveríamos a hacer lo mismo en circunstancias similares".
El lunes, los partidarios de la independencia salieron a las calles a expresar su apoyo a los acusados, escoltándolos por las calles de Barcelona hacia el tribunal.
La multitud formó una cadena humana de unos 200 metros hacia las puertas del tribunal, dando vivas y ondeando las banderas extraoficiales de la independencia. Había incluso carteles en inglés: "We shall overcome" ("Venceremos") y "Love democracy" ("Ama la democracia").
Mas se negó a contestar preguntas de la fiscalía durante la audiencia del lunes. Al responder a las preguntas de sus propios abogados, culpó a las autoridades nacionales por no hacer más para detener el referéndum.
"No se trataba de hacer una consulta o proceso participativo con vinculaciones legales inmediatas, sino de conocer la opinión de la gente después de inmensas movilizaciones ciudadanas", expresó.
Según las encuestas, los habitantes de Cataluña que desean separarse de España son una minoría, aunque los que desean un referéndum sobre el tema han ido aumentando especialmente desde la crisis económica de 2008.
A pesar de la prohibición constitucional y la tenaz oposición del partido en el gobierno en Madrid, el centroderechista Partido Popular, el nuevo gobierno regional de Cataluña ha prometido aprobar leyes que permitan la realización de un referéndum de cumplimiento obligatorio este año, pero no queda claro cómo esa consulta se diferenciará de la del 2014 que terminó siendo poco más que simbólica.
Los partidarios de la secesión catalana argumentan que sólo con la independencia se podrá proteger su idioma y su acervo cultural, que actualmente coexiste con la cultura española.
El gobierno nacional ha descartado la realización de un referéndum sobre el tema y ha prometido aumentar las inversiones en Cataluña.
El presidente de gobierno Mariano Rajoy, tras ganar un segundo período en noviembre con una coalición minoritaria, ofreció a los líderes catalanes un diálogo sobre todos los temas, exceptuando la realización de un referéndum.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría declaró el lunes que el gobierno está considerando invertir en la infraestructura y los servicios de Cataluña, pero se negó a comentar sobre el juicio al recordar que el poder ejecutivo y el poder judicial actúan de manera independiente.
El gobierno "como siempre en todos los procesos, lo que hace es respetar los procedimientos judiciales", expresó.
Fuente:AP
