El policía federal Juan Hernández desapareció el 20 de febrero de 2011 en el norte de México. Desde entonces, su madre, Patricia Manzanares, lucha por encontrarlo, rechazando versiones oficiales que considera ilógicas y enfrentando el desdén de las autoridades.
El joven, que entonces tenía 22 años, desapareció junto con un compañero cuando estaba comisionado en el municipio San Nicolás de los Garza, estado de Nuevo León. Se alojaba en un hotel, en el que compartía habitación con otros tres policías.
Lo primero que Patricia puso en duda fue cómo podía ser que su hijo hubiera desaparecido en un hotel en que había "muchos elementos" de seguridad, sin que ninguno se diera cuenta de qué había pasado.
Después, comenta en una entrevista con Efe, le empezaron a dar "varias versiones" sobre lo ocurrido. Una de ellas era que Juan y su compañero fueron a beber a un bar y a su salida los "levantaron" porque el primero había tenido problemas con la pareja de un miembro del cartel de los Zetas.
No obstante, el policía dejó la cartera en el hotel -"¿Cómo es que fueron a un bar sin dinero?"- y ningún trabajador del local los vio, relata Patricia, quien emprendió su propia investigación para evidenciar las lagunas de la oficial.
En otras ocasiones, se la intentó convencer de que su hijo ya estaba muerto. Por ejemplo, le enseñaron un vídeo en que se veía cómo unos delincuentes degollaban a cuatro policías.
"Uno de los comandantes me decía que una de las cabezas era de mi hijo (...). 'Véalo, pero véalo bien, es ese' (...), y querían que a fuerzas dijera que era mi hijo", recuerda.
Dice que lo que normalmente buscan las autoridades es que los familiares firmen la presunción de muerte, aunque ella nunca ha accedido. "Tú como madre, ¿cómo vas a firmar una presunción de muerte si no tienes un cuerpo?", pregunta.
En el país, la alarmante cifra de personas desaparecidas o extraviadas (más de 34,600, según el registro oficial) hacen de este un problema difícil de afrontar. Y en el caso de los policías federales, hay un obstáculo añadido: en ocasiones no se reconoce que están desaparecidos.
Patricia señala que cuando pidió explicaciones a los superiores, vio que no se había levantado ninguna denuncia por desaparición. "Hacen un acta interna y esperan que pasen tres días, y después los dan como abandono de trabajo", lo que conlleva a la pérdida de sus derechos como policías, explica.
Adán García, director académico del Museo Memoria y Tolerancia, afirma que en este tipo de casos puede haber indicios que llevan a creer que las desapariciones son, en realidad, una "herramienta represiva".
El policía, argumenta, "puede no estar de acuerdo con lo que su superior jerárquico piense, y de alguna forma, ante su ausencia podemos pensar que fue provocada no por el crimen organizado, sino por otros miembros de las fuerzas de seguridad".
Este último aspecto implica otra complicación, la duda de cómo se "autoinvestiga" el Estado. "Es difícil que endogámicamente se persiga a sí mismo", lo que se traduce en ambigüedad en la investigación y falta de información para las familias, señala García.
Tras la desaparición de Juan, Patricia pasó por lo mismo que experimentan cientos de madres con hijos desaparecidos: no le quedó otra que aprender sobre disciplinas como derechos humanos o antropología para saber qué estaba pasando con la investigación.
"Si yo hubiera sabido todo lo que sé en este momento, yo habría encontrado a mi hijo. Pero ni somos abogados, ni somos antropólogos, ni somos investigadoras, ni sabemos nada de leyes", lamenta.
Remarca que lo único que tiene claro es que hay cosas "muy raras, muy misteriosas" alrededor del caso: "Yo no sé si ellos mismos entreguen a sus policías, que sea un intercambio (con miembros del crimen organizado). Se dice", comenta.
La madre ha tenido varios enfrentamientos con el comandante, de quien señala que, como superior, tiene una responsabilidad en la desaparición.
El pasado mes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación contra mandos de la Policía Federal por violaciones a los DD.HH. en la desaparición de siete agentes en Michoacán hace más de ocho años.
La Comisión acusó que hubo una demora de seis días para que comenzara la investigación, y "falta de interés" de la autoridad por saber el paradero de los policías, así como poca sensibilidad hacia los familiares.
No es habitual que casos como estos salgan a la luz pública. "En Policía Federal, la gente está muy callada. A la Policía Federal le tienen mucho miedo", asegura Patricia, quien no ha recibido amenazas en su búsqueda pero dice que, aun así, en este tiempo ha aprendido a "cuidarse".
Fuente:EFE
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