Santo Domingo.- Las exdirectoras del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), Berlinesa Franco, y de Compras y Contrataciones del gobierno de Danilo Medina, Yokasta Guzmán, se contradijeron públicamente este jueves al referirse al caso de la supuesta corrupción en licitaciones que hizo la primera de estas entidades oficiales para la compra en marzo del año pasado de 40,000 kits de alimentos cuando comenzaba la crisis por el coronavirus.
El diferendo entre ambas comenzó cuando Guzmán anunció en una rueda de prensa que elevará una instancia ante la actual procuradora general de la República, Miriam Germán, para refutar las «mentiras» que Franco habría dicho sobre ese caso al señalar, entre otras cossas, que en todo momento ella contó con la asesoría de la Dirección de Compras y Contrataciones, entonces dirigida por ella (Yokasta).
Junto a su abogado, Carlos Balcácer, Guzmán aseguró que Berlinesa «al ocultar correos y omitir información sobre los intercambios de información que tuvimos, me afectó mucho». Anunció que llevará a la Procuradora pruebas de esos intercambios de correos en los que se hace constar lo contrario a lo que la exDirectora del INAIPI ha dicho.
Berlinesa Franco rechaza acusación
En una rueda de prensa posterior, la exdirectora del INAIPI, Berlinesa Franco, sostuvo que en el cuestionado proceso de licitación ella en todo momento tuvo el acompañamiento técnico de la Dirección General de Compras y Contrataciones, hasta que fue suspendido el 6 de abril del 2020.
“Posteriormente, el 8 de abril del2020, el Comité de Compras y Contrataciones del INAIPI iba a proceder a la cancelación del proceso de licitación acogiéndose al decreto 144-20, y por mandato de la comisión creada por el Poder Ejecutivo, de la cual la Sra. Yokasta Guzmán formaba parte”, indicó.
Berlinesa Franco, además, especificó que ella no renunció al cargo de directora del INAIPI, como indica el decreto 146-20.
Las irregularidades
La Procuraduría General de la República anunció en abril pasado la apertura de una investigación por las irregularidades detectadas en la compra de 40,000 kits de alimentos por parte del Inaipi en medio de la crisis por el coronavirus.
Las irregularidades fueron detectadas después que se hiciera una denuncia en ese sentido, que fue investigada por una comisión que designó el entonces presidente Danilo Medina y que integraron, entre otros, el entonces consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.
Espinal dijo que «se cometieron violaciones a los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones», además de que se permitió la entrega de mercancías por parte de proveedores al margen del proceso de compra, sin documentaciones que respaldaran la compra, por lo que el Estado se ve imposibilitado para hacer los pagos a los mismos.
Ese mismo día, Espinal anunció la renuncia de Franco, viuda del exalcande Juan de los Santos, que admitió que no se percató del proceso de compra que se realizó en su propia institución, bajo el alegato del estado de emergencia nacional que vive el país por el coronavirus.
Por el caso, Medina destituyó de sus cargos al subdirector general de gestión institucional, Juan López; a la directora administrativa y financiera, Ramona Hernández; al director de planificación y desarrollo, Alberto José Patxot, y a la encargada del departamento jurídico, Stefany Severino Cuello.
Asimismo, a la responsable de acceso a la información publica de Inaipi, Clementina Pérez, al director de operaciones de Inaipi, Ricardo José Guzmán Domínguez; y a la encargada del departamento de compras, Maira Martínez de la Rosa.
El Inaipi dirige y administra los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), donde son atendidos niños de 0 a 5 años de madres solteras para que estas puedan trabajar durante las horas diurnas.
También dirige y administra los Centros de Atención Integral a la Infancia y la Familia (CAFI).
