Santo Domingo.- El presidente del Senado, Eduardo Estrella, afirmó este lunes que en el Gobierno no hay persecución política, pero se está aplicando justicia y se quiere llegar hasta las últimas consecuencias.
Dijo que «los dominicanos tienen sed de justicia, y que no solamente haya castigo, sino que se recupere, en caso de que se entienda que haya dolo, el dinero robado al Estado dominicano».
Indicó que «el pueblo pedía un Ministerio Público independiente, lo cual se le concedió, y se le debe dejar trabajar».
«No se le puede cuestionar su decisión al Ministerio Público. Es un proceso que está en la justicia y que se le debe dejar continuar, como el pueblo espera», señaló.
Santo Domingo.- La ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, presentó este lunes su dimisión al cargo, del que estaba apartada hace 50 días por una investigación sobre su declaración jurada de bienes.
En una carta dirigida al presidente Luis Abinader, difundida a través de su cuenta de Twitter, Taveras comunicó que se aparta «definitivamente» del Ministerio para no perjudicar la imagen del Gobierno o del jefe de Estado.
«En aras de que mi búsqueda de la justicia no perjudique la buena imagen de usted y nuestro gobierno, hoy me aparto definitivamente del cargo de ministra de la Juventud», dice el mensaje dirigido a Abinader.
La mayoría del Comité Político ha guardado silencio ante las acusaciones de corrupción a familiares de Danilo Medina.
La organización tendrá que desarrollar una estrategia que la distancie de las acusaciones de corrupción contra familiares y allegados de Danilo Medina
El impacto del escándalo de corrupción “Operación Antipulpo” en la figura y liderazgo del expresidente Danilo Medina por el involucramiento de dos de sus hermanos en el caso, tiene potencial para arrastrar también al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pues Medina es el único líder de la organización.
El hecho representa un gran reto para el partido de oposición sobrevivir ante los golpes que ha recibido desde la división, posterior salida del poder y ahora una crisis casi total de liderazgo por el efecto del caso en la reputación de su principal cabeza.
Además del caso “antipulpo”, el presidente interino del PLD, Temístocles Montás, volvió la pasada semana a la Procuraduría en una investigación sobre el archivo definitivo de su expediente en el caso Odebrecht, que involucra a otros dos miembros de la cúpula del PLD, Radhamés Segura y Julio César Valentín, mientras otros dos integrantes del máximo órgano de dirección e incondicionales colaboradores de Medina, Radhamés Camacho y Robert De la Cruz, han sido llamados por la Procuraduría para que expliquen sus declaraciones juradas de patrimonio.
En medio de la situación, el dirigente del PLD y quien fuera director del Plan Social de la Presidencia y Superitendente de Electricidad, en los gobiernos de Medina, César Prieto, se suicidó de un disparo en el baño de su casa.
Según el exgobernante, Prieto le había confesado que sentía temor de ser apresado y sometido a investigación por irregularidades y que por eso habría preferido acabar con su vida. El comunicado de la Procuraduría en la que informó del arresto de diez personas establece que son los “los primeros arrestos de imputados” lo que sugiere que podrían ocurrir nuevas detenciones.
En tanto el director de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, informó que tiene abiertas decenas de investigaciones por corrupción. La línea de comunicación del Ministerio Público sugiere que lo ocurrido hasta ahora es solo el inicio de las investigaciones de actos de corrupción en el Estado, un tema que cuenta con gran apoyo social.
Hasta ahora, la respuesta del expresidente ha sido que el apresamiento de los dirigentes del PLD y sus familiares fue un acto de cobardía en un supuesto uso excesivo del poder.
Adicionalmente, la respuesta de Medina se dio en el marco de un evento oficial del PLD, una reunión del Comité Político y la rueda de prensa se realizó en la Casa Nacional de la organización, por lo que en la respuesta oficial el hecho arrastra a toda la organización.
Responsabilidades individuales
Con el pasar de los días, algunas voces del PLD como el secretario de asuntos jurídicos, José Dantés, han dicho que las responsabilidades son individuales y que quienes hayan cometido actos de corrupción en el pasado gobierno, no significa que sea todo el PLD. Sin embargo, esa postura no luce que sea una línea estratégica, pues lo que ha ocurrido es que la mayoría de los miembros del Comité Político han guardo silencio desde que salieron del poder. Llama la atención el silencio de dirigentes tan sonoros del PLD como José Ramón (Monchy) Fadul, Francisco Javier García y Félix (Felucho) Jiménez, por solo citar algunos.
En los últimos tiempos el exembajador, José Tomás Pérez, había asumido un papel muy activo en defensa del expresidente Medina, pero anunció su salida del Comité Político y ahora permanece ajeno a lo que ocurre en la organización. En tanto, el secretario general, Reinaldo Pared Pérez, está retirado de las actividades políticas por un tema de salud.
PLD, corrupción y contexto social
Dependiendo del matiz que tomen los casos de corrupción que se encaminen desde la Procuraduría, el PLD podría construir un relato que le permita sobrevivir de esta situación o hundirse más. Resulta que los alegatos de persecución política que esgrimen Medina y sus seguidores, se produce en un contexto social y político muy distinto a los circos que los gobiernos nuevos habían acostumbrado al país.
El presidente Luis Abinader se ha ocupado de convencer a la opinión pública de que el Ministerio Público es independiente y que él no intervendrá en lo que ocurra desde esa instancia del Poder Ejecutivo. Como prueba de su discurso, Abinader designó a Miriam Germán Brito procuradora general y Yeni Berenice Reynoso como adjunta, ambas con crédito público de actuar bajo criterios propios y de independencia política.
El tema de la corrupción se instaló en la opinión pública con el escándalo de Odebrecht que en el 2017 empujó una serie de protestas a través de la marcha verde para que se haga justicia. Pero lo que ocurrió con ese expediente no generó crédito público y las críticas a la pasada gestión de la Procuraduría fueron duras. Si las autoridades logran documentar sus acusaciones más allá de cualquier duda razonable, entonces el PLD tendrá que construir una estrategia que lo distancie de quienes hayan cometido actos de corrupción, pero no se observa hasta el momento la claridad la estrategia.
El PLD no tiene relevo a la vista ante la crisis
Además de la situación de cuestionamientos que enfrenta la principal cabeza del partido morado, esa organización luce huérfana de liderazgo de relevo. Según la encuesta Gallup publicada la tercera semana de agosto de este año, el 41.9% identifica a Medina como líder del PLD; el 2% a Gonzalo Castillo; el 0.9% a Temístocles Montás; 0.6% a Margarita Cedeño; 0.5% Abel Martínez; 0.1% Francisco Domínguez Brito y 0.0% a Francisco Javier García y el 53% respondió que no sabe quién es el líder de la organización política que más ha gobernado en los últimos 40 años. La situación de crisis del liderazgo encontró al PLD inmerso en el proceso de renovación interna en el marco del Noveno Congreso. Para el próximo año ese partido tiene pautado escoger sus nuevas autoridades y hasta ahora el único que se ha identificado para ocupar la presidencia es Danilo Medina. Luego del escándalo de corrupción que involucran a los hermanos del expresidente el tema ha quedado relegado, pero es posible que en los días, semanas y meses por venir Medina enfrente algún tipo de rebelión interna que hasta ahora no había tenido desde la salida de Leonel Fernández y sus seguidores del PLD
Washington.- El presidente electo Joe Biden eligió al procurador de California Xavier Becerra para que sea su próximo secretario de Salud, colocando a un defensor de la Ley de Cuidado de Salud Asequible en un papel de liderazgo para supervisar la respuesta de su gobierno al coronavirus.
Si el Senado lo confirma, Becerra, de 62 años, será el primer hispano en encabezar el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus iniciales en inglés), una agencia que maneja un presupuesto superior al billón de dólares con 80.000 empleados y un área de responsabilidad que incluye fármacos y vacunas, investigación médica de vanguardia y programas de seguros de salud que cubren a más de 130 millones de estadounidenses.
Su madre es originaria del estado mexicano de Jalisco, y emigró a Estados Unidos después de casarse con su padre.
La selección de Becerra fue confirmada por dos personas al tanto de la decisión, que hablaron a condición de guardar el anonimato antes del anuncio formal previsto para esta semana.
Como secretario de Justicia de California, Becerra ha encabezado a una coalición de estados demócratas que han defendido el “Obamacare” de los intentos más recientes del gobierno del presidente Donald Trump por derogarlo, un caso legal que aguarda una decisión de la Corte Suprema el próximo año.
Ex alto miembro de la Cámara de Representantes, Becerra participó en hacer avanzar en el Congreso la ley de salud promovida por el presidente Barack Obama en 2009 y 2010. En esa época Becerra le decía a los reporteros que una de sus principales motivaciones era que había miles de personas sin seguro médico en su distrito del sur de California.
Supervisar la respuesta a la pandemia de coronavirus será la labor más complicada que haya enfrentado. Para el próximo año, Estados Unidos estará en una campaña de vacunación masiva, cuyas bases se establecieron durante el gobierno de Trump. Aunque las vacunas lucen muy prometedoras, y no se han escatimado acciones en el plan de distribución, es imposible saber cómo se desarrollará la situación cuando llegue el momento de inocular a millones de estadounidenses.
La labor clave del HHS es aterrizar la respuesta del gobierno al coronavirus. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) supervisa las vacunas y tratamientos, mientras que gran parte de la investigación médica y científica de trasfondo proviene de los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus iniciales en inglés). Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés) encabezan las labores de detección y contención de dolencias. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicare proveen cobertura de seguros para más de 1 de cada 3 estadounidenses, incluyendo ancianos vulnerables, al igual que menores de edad y personas de escasos recursos.
Durante el gobierno de Trump, los CDC fueron relegados a un papel menor después de que científicos de la agencia emitieron una severa advertencia a principios de la pandemia que contradecía las garantías de Trump de que el virus estaba bajo control, lo que sacudió a los mercados financieros. La FDA fue objeto de repetidos ataques por parte de un presidente que sospechaba que sus científicos tenían motivos políticos y de los que quería que dieran el visto bueno a tratamientos no comprobados.
Como secretario de Justicia de California, Becerra llegó a ser conocido entre los círculos legales demócratas como el hombre que más demandó a Trump. Además de la ley de salud, los litigios giraban en torno a temas que iban desde la inmigración hasta las políticas ambientales.
Antes de convertirse en procurador de California, Becerra se desempeñó durante más de una década en el Congreso, representando a sectores del condado Los Ángeles. También trabajó en la asamblea estatal de California después de acudir a la facultad de derecho en Stanford
El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, entrevistado por el periodista Federico Méndez.
Santo Domingo.- El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, afirmó que es insostenible mantener el programa Fase fijamente sin algún tipo de transformación.
Especificó que solamente en Fase I, con el fondo de Navidad para los trabajadores, la inversión que ha hecho el gobierno se acerca a los RD$30,000 millones.
Significó que a eso se le agrega Fase II, con una suma muy parecida, sin incluir los programas Quédate en Casa, La Doble y la cantidad de dinero que las políticas de soportes de protección social se están llevando a cabo.
Planteó que lo que probablemente tenga que ocurrir es seguir viendo cómo se desempeña el país en la enfermedad y la economía, en diciembre, para poder identificar programas focalizados que puedan asistir a los trabajadores en situaciones de dificultad.
Afirmó que la economía registra una reactivación, se ha reinsertado más del 50% de los trabajadores suspendidos en Fase I, en su gran mayoría han vuelto los de Fase II y casi la totalidad de las zonas francas del país ya están operando normalmente.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, sostuvo que desde que el presidente Luis Abinader asumió el gobierno, el país ha registrado una reactivación económica.
“Es evidente que, con la reactivación económica, deberá mejorar la situación de los trabajadores, así como también la productividad de las empresas”, enfatizó De Camps.
Vista parcial del juzgado de instrucción donde se conocen las solicitudes de medidas de coerción contra exfuncionarios y allegados suyos
Santo Domingo.- La audiencia para conocer la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público contra los 11 imputados de corrupción dentro de la operación Antipulpo continuará este lunes a las 2 de la tarde, según resolvió el juez José Alejandro Vargas tras una vista que se extendió por unas 13 horas.
El juez adoptó la decisión hacia las 12 de la medianoche debido a la situación médica de algunos de los acusados.
El grupo, entre los que figuran Alexis y Carmen Magalys, hermanos del expresidente Danilo Medina, está acusado de corrupción y lavado de activos y otros delitos.
Sustrajo casi 5 mil millones de pesos
De acuerdo con el Ministerio Público, la estructura de corrupción que presuntamente dirigía Alexis Medina logró sustraer 4,796 millones de pesos de los fondos públicos.
El tráfico de influencia «era clave en el entramado delictivo» en el que Alexis Medina operó «como un pulpo y que aprovechó la conexión política con la gestión presidencial de su hermano» Danilo Medina, afirmó este domingo Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Las empresas creadas exclusivamente por éste para vender al Estado no contaban ni con el capital ni el personal para ofrecer los servicios, pero fueron favorecidas con contratos millonarios en instituciones como Salud Pública, la Policía Nacional, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).
Según Camacho, los imputados desarrollaron un modo operativo, que se inició con el tráfico de influencia, se apoyó en el entramado societario que dirigía Alexis Medina y se reforzó con la inversión en la campaña política de candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
«Estas actividades fraudulentas permitieron a los imputados tener vidas de lujo, en detrimento de las grandes mayorías», dijo Camacho, quien detalló que las empresas de Alexis Medina operaban desde una «misma guarida», un local comercial ubicado en la avenida 27 de Febrero, en el sector Bella Vista, del Distrito Nacional.
Exfuncionarios imputados
Junto a los hermanos Medina, en el expediente figuran como coimputados el exdirector de la Oisoe Francisco Pagán; el exministro de Salud Freddy Hidalgo, el excontralor de la República Rafael Germosén y el expresidente del Fonper Fernando Rosa.
Además, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
En el caso de Germosén, el Ministerio Público pidió arresto domiciliario, variando así la solicitud de prisión preventiva después de que éste hiciera una serie de revelaciones este domingo.
El exfuncionario dijo, por ejemplo, que fue cesado del cargo tras una reunión con los entonces ministros Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y de Salud Altagracia Guzmán Marcelino y el director de la Oisoe Francisco Pagán por negarse a acelerar unos contratos para la remodelación de hospitales.
«Los que digan la verdad pudieran tener algún tipo de consideración», dijo la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, en la audiencia.
