La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y otros funcionarios durante una rueda de prensa este miércoles en el Palacio Nacional.
Santo Domingo.- El Gobierno dominicano anunció este miércoles la obligación de aplicar un sabor desagradable al metanol, después de que este alcohol tóxico haya causado 127 muertes en abril por el consumo de rones y otros destilados adulterados.
A partir de ahora, los importadores deberán poner en el metanol, y en otros alcoholes que no son aptos para el consumo, una concentración de benzoato de denatonio, una sustancia de sabor amargo que se suele usar en la industria para prevenir la ingesta de materiales tóxicos.
Esta medida consta en un decreto que endurece las reglas para la importación y comercialización del metanol, un alcohol tóxico que se venía utilizando en la República Dominicana para la fabricación clandestina de bebidas, tales como ron o clerén, un destilado de caña prohibido en el país.
Estas bebidas de bajo precio eran vendidas en colmados y por vendedores ambulantes, por lo general en zonas pobres, en diferentes puntos del país.
En abril al menos 319 personas han resultado afectadas y 127 han muerto por la ingesta de bebidas adulteradas, mientras que el año pasado, entre enero y abril, otras 247 personas fallecieron por el mismo motivo.
«Puede que veamos muy lejanas y frías las cifras hasta que nos toca de cerca», dijo el ministro de Industria y Comercio, Víctor ‘Ito’ Bisonó, al presentar las medidas en una rueda de prensa en el Palacio Nacional.
Desde que comenzó la actual oleada de intoxicaciones, las autoridades dominicanas han desmantelado cuatro fábricas de alcohol adulterado, han intervenido 400 comercios y han suspendido ocho de ellos.
Estas operaciones han resultado en la detención de 34 personas y en el decomiso de miles de botellas y de litros de alcohol no apto para el consumo.
Bisonó aseguró que no se han notificado casos en las zonas turísticas y tampoco hay registros de que haya afectado a las marcas de ron reconocidas del país.
El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, aseguró que las últimas muertes por el consumo de alcohol adulterado son «casos aislados», debido a que se ha dado publicidad al problema y los afectados han acudido a tratarse a tiempo.
Explicó que si se recibe atención médica antes de las 12 horas, es posible salvar la vida del paciente, aunque el metanol puede causar otras secuelas físicas.
Santo Domingo.- La Oficina de Atención Permanente de Villa Altagracia dictó este miércoles un año de prisión preventiva al coronel de la Policía Nacional César Maríñez Lora, por su presunta vinculación con la muerte a tiros de los esposos Joel Díaz y Elisa Muñoz el 30 de marzo pasado en ese municipio.
La fiscal titular de Villa Altagracia, Fátima Sánchez, dijo a los periodistas que el tribunal acogió el pedido de un año de prisión formulado contra Maríñez por el Ministerio Público, así como de declarar el caso complejo.
En ese sentido, dijo que se tomó la medida «más idónea» para evitar, aseguró, que el imputado pudiera «destruir» elementos del proceso sobre los cuales no dio más detalles, «porque forman parte de las investigaciones».
El tribunal, además, fusionó el expediente del coronel Maríñez con los expolicías acusados de asesinar a la pareja, quienes también guardan prisión preventiva de un año.
La magistrada reveló que el imputado, quien al momento de los hechos era el comandante policial de Villa Altagracia, cumplirá la medida cautelar en el recinto del Ejército conocido como «El Polvorín», ubicado en Villa Mella, Santo Domingo Norte.
La muerte de la pareja de esposos es atribuida directamente por las autoridades a los expolicías Victorino Reyes Navarro, Domingo Perdomo Reyes, Norquis Rodríguez Jiménez, Ángel de Los Santos, Antony Castro Pérez y Juan Samuel Ogando Solís, quienes también guardan prisión preventiva de un año.
El grupo fue despedido de la Policía por órdenes del presidente Luis Abinader, tras la ola de indignación que causó el suceso en el país.
El gobernante creó una comisión integrada por más de 20 personas, a quienes encargó presentar un plan de reforma de la Policía en un tiempo de un año.
De acuerdo a las informaciones oficiales, los esposos regresan a Santo domingo tras participar de un culto evangélico en Bonao.
Pocos días después del hecho, el director general de la Policía Nacional, Edward Sánchez, reveló que el automóvil en el que viajaban los esposos y otros dos hombres fue confundido con otro en que se trasladaban miembros de una supuesta banda que habían despojado de una motocicleta a varias personas en Bonao.
Sánchez, quien condenó la acción, afirmó que los policías establecieron un retén en Villa Altagracia para tratar de detener a los malhechores.
El Ministerio Público asegura que los esposos fueron acribillados dentro de su propio vehículo.
Santo Domingo.- El movimiento por las tres causales convocó a una gran marcha nacional, cívica, pacífica y familiar para exigir un Código Penal que proteja los derechos fundamentales a la vida, salud y dignidad de las niñas y mujeres.
La convocatoria surgió luego de que este miércoles la Cámara de Diputados aprobara en primera lectura despenalizar el aborto pero únicamente en el caso de riesgo para la vida de la madre.
La activista Sergia Galván declaró que van a las calles para rescatar el derecho de las mujeres y agradeció a los diputados que apoyaron la causa.
“La República Dominicana es uno de los 6 países del mundo donde está prohibida, en su totalidad, la interrupción del embarazo, independientemente de las circunstancias. Nos obligan a continuar en un Estado que violenta y abandona a las niñas y mujeres”, sostuvo.
Reconoció y felicitó la valentía y coherencia los legisladores que lucharon sin descanso para defender la protección de los derechos de las niñas y mujeres.
Cuarenta y cinco legisladores respaldaron el informe disidente de la Cámara de Diputados presentado por los José Horacio Rodríguez y Santiago Vilorio.
Explicó que el Estado estaría desconociendo a las niñas y mujeres como ciudadanas plenas mientras haya una ley que niegue sus derechos fundamentales. “Es hora de mostrar que somos muchas y muchos las que luchamos por la dignidad, por la justicia, por la libertad de decidir de niñas y mujeres para salvar su vida y su salud”, afirmó.
Las tres causales permitirían que la niña o mujer afectada pueda decidir si mantener o no un embarazo en tres situaciones excepcionales: cuando el embarazo ponga en peligro la vida de la mujer.
Cuando sea resultado de una violación o incesto, o cuando sea inviable, es decir, que no tenga posibilidad de dar vida.
Santo Domingo.- La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó este miércoles, en primera lectura, despenalizar el aborto pero únicamente en el caso de riesgo para la vida de la madre.
La despenalización parcial del aborto fue aprobada en el marco del nuevo Código Penal, con 146 votos a favor y 14 en contra, pero para entrar en vigor, requerirá de una nueva votación en la Cámara de los Diputados y su posterior análisis en el Senado.
La votación se produjo en medio de protestas de grupos feministas, que reclaman la despenalización del aborto en tres causales, y no solo una, como aprobaron los diputados.
Los Alcarrizos.-El Coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, entregó este lunes una casa totalmente amueblada a una familia del sector El Progreso del municipio Los Alcarrizos. La familia beneficiada es la del señor Leonardo Caparrosa de los Santos, de 43 años, quien había solicitado ayuda a través de un video colgado en las redes sociales.
Caparrosa de los Santos, padre de cinco hijos con edades desde seis a 13 años y esposo de Sharina Matos, de 29 años, es desempleado y asegura que sobrevive gracias a las ayudas brindadas por el Gobierno a través de los programas sociales que ejecutan instituciones que integran el Gabinete de Política Social.
La casa entregada a la familia cuenta con aproximadamente 70 metros de construcción y posee dos habitaciones, sala, comedor, cocina, baño y galería. Además, la vivienda fue entregada con enseres de hogar.
“Hace tres meses estaba desesperado porque no sabía qué iba a hacer de mí y mi familia, pero ahora gracias a Tony Peña y al Gabinete puedo estar tranquilo
porque sé que mi familia estará segura”, dijo Caparrosa.
“Estamos muy complacidos de poder hacer la entrega de esta casa en el día de hoy a esta familia, y del apoyo de los medios de comunicación que se hicieron eco de esta situación lo que nos permitió acudir en su ayuda”, aseguró Tony Peña.
En la entrega de la vivienda estuvieron presentes los destacados comunicadores Roberto Cavada y Frederick Martínez (el Pachá) quienes publicaron el video subido en las redes sociales por Leonardo Caparrosa.
Caparrosa publicó un video en redes sociales en el que mostró las condiciones de vulnerabilidad en las que vivían él y su familia, mostrando su casa con piso de
tierra que le causaba problemas de salud por su condición de asmatico, una “Cubeta” como baño y una sola cama para él, su esposa e hijos. Además, reveló que enviaba a sus hijos con sus vecinos para que estos pudieran comer al menos una vez al día.
Continúa entrega de donaciones en el interior
El coordinador del Gabinete de Política Social, Tony Peña, recorrió el pasado fin de semana los municipios de la provincia La Altagracia visitando centros de salud y hogares de ancianos donde entregó medicamentos de altos costos y otros insumos además de sillas de ruedas, bastones, andadores y medicamentos a los
adultos mayores.
“Desde el Gabinete Social tenemos el compromiso de ser la cara social del Gobierno y llevar soluciones a nuestra gente. En esta visita a la provincia La Altagracia, líder del turismo en el país, reconocemos que necesita de nuestro apoyo y por eso estamos aquí, para decirles a ustedes que tienen nuestro
respaldo”, afirmó el coordinador Tony Peña.
Durante dos días el equipo del Gabinete Social visitó los hospitales de la provincia La Altagracia, iniciando su recorrido en la Unidad de Atención Primaria del distrito municipal de Bayahíbe, los hospitales general y provincial materno Nuestra Señora de la Altagracia, la Iglesia Congregación Cristiana Vida Nueva y la Clínica Rural de La Otra Banda en el municipio Salvaleón de Higüey.
Luego continuó la ruta hacia el Hogar de Ancianos Divina Providencia, el Hospital Municipal Las Lagunas de Nisibón y la Clínica de Atención Primaria de Verón en Higüey. Por último, se trasladó al municipio San Rafael del Yuma, visitando el Hospital Municipal Doctora Evangelina Rodríguez y la Clínica Rural de Boca de
Yuma.
En el operativo encabezado por Peña estuvieron además la gobernadora de La Altagracia, Martina Pepén; el diputado Francisco Villega: el alcalde de Higüey, Rafael Duluc; la vicealcaldesa, Laura Santana; el director provincial de Salud, doctor Víctor Ramírez; el consultor del Gabinete Social en la provincia, Cassius
Ducoudray; el director de la Fundación El Buen Samaritano, Moisés Sifren y demás personalidades que se unieron al recorrido.
El alcalde Abel Martínez administra su asistencia a eventos.
Santiago, RD.- Si se hiciera un pase de lista para poner nota por asistencia, el alcalde Abel Martínez reprobaría la materia, ya que no asiste a la mayoría de las actividades, incluidas las convocadas por la Alcaldía.
Sin explicación válida, no asiste a los actos patrios, ni a las inauguraciones de la Presidencia, incluidas las que hacía el gobierno de su partido. No coincide en actividades con la actual o las que han sido gobernadoras o con los mandos policiales o militares. Esta práctica se ha hecho constante, incluso no va a la mayoría de los actos a los que convoca su gestión a través de la Dirección de Relaciones Públicas. Recientemente el regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Frank Medina, denunció que el alcalde Abel Martínez, no asiste a las sesiones ordinarias del Concejo de Regidores desde hace un año. “Durante el último año se llevaron a cabo 12 sesiones ordinarias y seis extraordinarias”, dijo. Sobre esta denuncia publicada en un medio nacional, la Alcaldía tiene su reacción y dice: “Todo cuanto ocurre en el Concejo es de total conocimiento del alcalde, que en todas las sesiones envía un informe pormenorizado de la gestión que encabeza”. La misma comunicación establece que el alcalde no está obligado a asistir. “En lugar de preocuparse por ver al alcalde, que se preocupen por presentar proyectos en nombre de la ciudad y apoyar las iniciativas positivas que emanan de la Alcaldía”, responde la Alcaldía.
Lo confirma
De su lado, la gobernadora Rosa Santos explicó que a todas las actividades que son institucionales convoca al alcalde, pero no va. “Le mandamos una invitación escrita, tenemos acuse de recibo, pero no hemos podido nunca lograr que él asista. Es un derecho que tienen las personas, de asistir o no a cualquier invitación”, precisó. Sin embargo, la representante del Poder Ejecutivo en Santiago, dijo que acudió dos veces a la Alcaldía y que la recibió con mucha amabilidad.
Su más reciente ausencia fue la de la sesión extraordinaria para la elección del nuevo presidente del Concejo Edilicio y voceros de los partidos, donde el informe de rendición de cuentas de sus memorias, correspondiente al primer año de su segundo mandato, fue introducido por el secretario general Jhonny Pichardo. Brilló por su ausencia en el inicio del plan de arborización “Santiago Verde”, que encabezaron la Gobernación de Santiago, el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES).
Selecciona actividades donde quiere estar
Abel ha cancelado entrevistas por no ser exclusivas o que involucran a otras autoridades, en muchas ocasiones filma lo que quiere proyectar con relación al rescate de los espacios públicos o para comprometer a los ciudadanos con la limpieza y el orden que promueve desde que asumió como alcalde. Prefiere ir a los programas de Santo Domingo, por lo que deja en “veremos” a los productores locales. Abel Martínez ha iniciado una ofensiva a nivel nacional para buscar la presidencia de la República, pero primero debe ganar una competencia interna en su partido, y antes, hacer empatía con los santiaguenses con los que hace poca vida común y de esta manera convencerlos de que es la mejor opción para el 2024.
Los imputados, dice el Minsiterio Público, poseen bienes que les permitían tener un estilo de vida propio del crimen organizado.
El mayor general y la pastora Rossy Guzmán supuestamente crearon una red militar, societaria y religiosa para el desfalco
Santo Domingo.- A pesar del cambio del gobierno, el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre y su socia la pastora Rossy Guzmán seguían haciendo operaciones ilícitas para desviar fondos públicos de instituciones castrenses, establecieron los fiscales anticorrupción durante su investigación.
De acuerdo al Ministerio Público, estos continuaban recibiendo dinero producto de las maniobras fraudulentas, debido a que colocaron de forma estratégica personas que pertenecen a la red (militar, societaria y religiosa) que le responden, además de las acciones de distracción del dinero, a evitar que evidencias importantes para las investigaciones que realiza el órgano acusador lleguen a sus manos.
Por ejemplo, detallan en la solicitud de medida de coerción, en febrero de este año 2021, lograron obtener de forma ilícita del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) RD$1,271,100. Supuestamente este dinero fue distribuido entre Cáceres Silvestre, el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, programador de nóminas del Cestur e imputado en este caso; y el ex subjefe de la Policía Nacional, Neybi Pérez Feliz (que no fue apresado), a quien le entregaron RD$ 100,000.00
¿Cómo funcionaba todo?
Las pesquisas arrojaron que cuando en el 2012, el expresidente Danilo Medina llegó al poder, Cáceres Silvestre comenzó a crear un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del patrimonio público.
Para crear la red criminal, y desviar el dinero público, Cáceres Silvestre supuestamente constituyó un entramado junto a la pastora Rossy, quien era, además, asimilada de la Policía Nacional, el coronel policial Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del Cusep y del Cestur; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y otros investigados para distraer el dinero y ocultarlo.
El desvío de los fondos, indican las pesquisas, consistía en lo siguiente: distraían millonarios fondos de los viáticos, la compra de combustibles, las raciones alimenticias e inteligencia.
Para esto, presuntamente, el mayor Girón Jiménez dentro de la estructura criminal tenía la función de recolectar el dinero de un personal que cobraba en nómina del Cestur, también de los viáticos y supuestos gastos de inteligencia y raciones alimenticias, a los cuales les descontaban un porciento que iba destinado a la red criminal.
Indican los fiscales que en promedio era recaudado por concepto del personal pagado a través de nómina la suma RD$3, 000,000, por viáticos RD$2, 000,000 y por gastos de inteligencia RD$500,000, todo este dinero era sustraído de las cuentas del Cestur.
Las indagatorias que realizó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) sostienen que además de esto, Cáceres Silvestre nombró a cientos de policías y militares en el Cestur y el Cusep y les asignaba sueldos de entre los RD$20 mil y RD$70 mil mensuales, pero estos debían entregarle hasta el 80 % del monto. Estaban en la nómina pero no trabajaban.
“La diferencia entre lo pagado y la dádiva iba a distintos miembros de la organización quienes debían entregarlos a los miembros de la organización en las formas que se detallan en los depósitos y transacciones de la presente solicitud de medida de coerción”, precisa el documento depositado el pasado lunes ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La función del coronel Núñez de Aza
En esta tarea, era imprescindible la ayuda del coronel Núñez de Aza, dice el Ministerio Público, pues alegadamente la permanencia de este como director financiero del Cusep y del Cestur (al mismo tiempo) le permitía a Cáceres Silvestre mantener un control discrecional y poco estricto de los fondos que administraba, los cuales, ascendieron a unos 3 mil millones de pesos durante sus ochos años de gestión al frente del Cusep.
Supuestamente era el cerebro financiero del entramado. Núñez de Aza logró ascender “de forma vertiginosa” en las filas policiales, pues el 16 de agosto del 2012 fue promovido al rango de mayor, con menos de cinco meses en el rango de capitán. Posteriormente, en marzo del 2016 fue ascendido a teniente coronel y marzo del 2020 a coronel, llegando a dicho rango con solo 13 años en las filas, “sumamente rápido para alguien que no había sido egresado de la academia”.
Otras de las acciones en el manejo administrativo que, supuestamente, le permitía a Cáceres Silvestre apropiarse de los dineros públicos, dice el ente persecutor del crimen, se evidencia en irregularidades encontradas en la nómina del Cusep y en las compras discrecionales de “supuestos alimentos” durante el período 2012-2020, los cuales continúan bajo la investigación y auditoria de los equipos financieros de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Un ejemplo de esto, es que las investigaciones del Ministerio Público arrojaron que el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, quien comenzó a dirigir la DNCD en enero de 2019, se asoció con Cáceres Silvestre para desfalcar el Estado dominicano mediante el desvío de fondos de la entidad a la cuenta de la empresa disfrazada de organización sin fines de lucro, Asociación Campesina Madre Tierra.
La asociación no estaba inscrita como suplidora del Estado, sin embargo, explica el órgano acusador, esta reflejó un pago de la DNCD por concepto de compra de huevos por un valor de 525 mil pesos.
Pero, detalla la solicitud de medida de coerción, la DNCD, mediante el oficio No. 0875, de fecha 13/04/2021, certifica que en su sistema no existen registros de pagos alguno a la Asociación Campesina Madre Tierra.
“Lo que evidencia de forma clara la coalición de funcionarios entre el imputado Adán Cáceres Silvestre y el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, ARD, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, para ese periodo, para desfalcar el Estado dominicano mediante el desvío de fondos públicos, a la cuenta de la empresa disfrazada de asociación, la Asociación Campesina Madre Tierra, que es propiedad de los imputados Adán Benoni Cáceres Silvestre y Rafael Núñez de Aza (coronel de la Policía)”, precisaron los fiscales en el documento.
El “modus operandi” supuestamente consistía en hacer depósitos en efectivo, que en muchos de los casos eran realizados por Lizss Félix de León Díaz, quien fungía como encargado del Departamento de Compras de la DNCD, “no dejando rastros en los registros del departamento financiero de la referida institución”.
Otra de las modalidades realizadas por la red para obtener fondos, establecieron los fiscales, era mediante las cuotas que debían entregar distintas unidades y organismos de seguridad del Estado.
“Había una red de personas, entre ellas José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erick Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario que se encargan de hacer depósitos para la colocación de los fondos distraídos del patrimonio del Estado, pero que finalmente terminaban de manera directa o indirecta (en poder) de los imputados”, indica la solicitud de medida de coerción.
Falsificaron sellos de la Contraloría
Y eso no se queda allí, presuntamente utilizaron militares y policías que se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación que realmente eran fondos detraídos del patrimonio púbico.
Para todas las acciones fraudulentas, presuntamente los imputados falsificaron sellos de distintas instituciones públicas como la Contraloría General de la República para darle apariencia licita a las operaciones que buscaban distraer los fondos del Estado y para alterar y maquillar la nómina.
Todo el dinero desviado lo convirtieron en empresas disfrazadas de organizaciones sin fines de lucro para lograr eludir la fiscalización de las sociedades comérciales y blanquear capitales de procedencia ilícita e injustificada, dicen los fiscales anticorrupción.
Indica que los imputados adquirieron decenas de bienes millonarios (casas, apartamentos, autos lujosos y de última generación, fincas, empresas, cuentas bancarias) para colocar los activos distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de personas físicas y jurídicas de cuantiosas fortunas.
Además, presuntamente utilizaron como escudo organizaciones religiosas de la pastora Rossy, “En una maniobra propia del crimen organizado que busca disfrazar operaciones de lavado de activos millonarias”, dice el Ministerio Público.
En esta maniobra, es que entran la pastora Rossy, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán (el cabo policial), el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez y otros investigados, no apresados en esta fase, quienes supuestamente fungían como testaferros.
La imputada Rossy fue asimilada de la Policía Nacional, desde febrero del 2016 hasta noviembre del 2020, adscrita al Cusep, que dirigía Cáceres Silvestre, devengando un sueldo de 10 mil pesos dominicanos. Según los fiscales constituyó varias empresas para lavar dinero del militar.
Está vinculada a ocho empresas, en cuatro de ellas posee participación accionaria, más del cincuenta por ciento de las acciones, “por lo tanto, es la beneficiaria final”.
Entre las empresas del alegado entramado figuran Único Real State e Inversiones, Shalom Tierra de Paz, Asociación Campesina Madre Tierra, Inverosa S.A, Universo Company EIRL, Universo Empresarial (2013), Único Real State e Inversiones SRL (2015). Las mismas eran manejadas por la líder religiosa pero en realidad pertenecen a Cáceres Silvestre.
Por ejemplo, detalla el órgano investigador, la Asociación Campesina Madre Tierra es de las primeras empresas (disfrazada de ONG) formada por Cáceres Silvestre, el coronel Núñez De Aza, con la intervención de Rossy. Esta organización, supuestamente recibía cientos de millones de pesos, a través de depósitos en efectivo, hechos por militares subalternos de los coimputados y luego lo invertían en compras de propiedades inmuebles y vehículos de motor.
Detalla la solicitud de medida de coerción, que la Asociación Campesina Madre Tierra, el pasado año 2020 fue el de mayores ingresos, llegando a percibir “la exorbitante suma económica de RD$ 340,854.69, a pesar de ser un año electoral y encontramos bajo la pandemia generada por el denominado virus covid-19, y con esto el cierre del país, debido a las medidas de restricción de movilidad ciudadana por efecto de los decretos presidenciales”.
Empresas recibían los fondos públicos
Tanto la Asociación Campesina Madre Tierra como la empresa Único Real State e Inversiones SRL recibían fondos de algunas instituciones castrenses por concepto de “compras de huevos”, “compras de ganado”, y otros depósitos sin concepto, para los cuales utilizaban al imputado cabo de la Policía Nacional Eric Daniel Pereyra Núñez (no apresado), entre otras personas investigadas.
Para conformar la compañía Único Real State e Inversiones SRL el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán prestó su nombre juntamente con su madre, la imputada Rossy, siendo titular del 40 % de las acciones.
Dentro de la entidad, Flete Guzmán mantenía una participación activa, ya que supuestamente mediante las distintas actas de asambleas, conjuntamente con la pastora, autorizó la compra y venta de distintos inmuebles propiedad de la empresa, como los que luego serían traspasados a Cáceres Silvestre.
Flete Guzmán ingresó como alistado a las filas de la Policía Nacional en abril del año 2017, siendo asignado inmediatamente después de su nombramiento, al Cusep, por el vínculo de este y su madre con el jefe de dicha institución, Cáceres Silvestre. En la actualidad percibe un sueldo RD$16,240.53.
Las demás empresas
En el entramado social y religioso creado por los imputados anteriormente descritos, con el objetivo de captar y blanquear capitales provenientes de sus actividades ilícitas, para luego movilizar y transferir a su destinatario final, supuestamente también estaban implicadas las entidades Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve, y la Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo.
Los fiscales explicaron que, por ejemplo, el Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve, ubicado en Villa Mella, está bajo el control absoluto de familiares directos de Cáceres Silvestre; su cuñado Santiago Antonio Suarez Peguero, funge como vicepresidente y su hermana Anabel Cáceres Silvestre como secretaria.
Indicaron que en la cuenta bancaria de la Asociación Campesina Madre Tierra se han identificado 46 cheques que esta organización giró a favor del Ministerio Jesús Vino, Vive y Vuelve, por la suma de RD$13, 202,372.80.
También precisaron que los imputados Cáceres Silvestre y Núñez De Aza, utilizaban militares de confianzas y relacionados directos para el depósito de dinero en efectivo a la cuenta de la Asociación Campesina Madre Tierra, utilizando para esto la modalidad del pitufeo (que consiste en depositar pequeñas sumas de dinero en efectivo para evitar los controles de riesgo).
Destruyeron y fabricaron evidencias
Los imputados, aseguró el Ministerio Público, destruyeron y fabricaron evidencias con el objetivo de evitar que las investigaciones del Ministerio Público pudieran identificar la red criminal. “A raíz que habían iniciado las investigaciones del Ministerio Público, se trató de encubrir el apartamento en referencia en una supuesta acta de asamblea del 21 de diciembre del 2020, donde se trata de pasarle un apartamento como supuesto pagoa o Vicente Girón de la Cruz, quien vive en Estados Unidos, pero eso es mentira”, dice el órgano acusador.
Hoy conocerán la medida de coerción
Al general Cáceres Silvestre, la pastora Rossy, el cabo Tanner Flete Guzmán, el coronel Rafael Núñez de Aza y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El grupo fue apresado el pasado sábado durante la Operación Coral y desde permanecen detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Hoy se les conocerá medida de coerció a las 11:00 a. m.
El Ministerio Público pide que a los imputados que se les imponga prisión preventiva por considerar que es la medida idónea para salvaguardar el desarrollo de la investigación.
Y, además, solictan e declare el caso de tramitación compleja, debido a la cantidad de imputados y a la gravedad de los hechos que les atribuyen en perjuicio del patrimonio público.
El Ministerio Público afirmó que reúne suficientes evidencias para lograr la prisión preventiva contra los cinco prevenidos.
Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República ha involucrado de manera adicional al vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en la supuesta coalición de funcionarios corruptos que encabezaba el mayor general Adán Cáceres Silvestre, jefe de escolta del expresidente Danilo Medina.
También, al exsubdirector general de la Policía, Neyvi Pérez, quien se vio envuelto en un escándalo en 2019 por presunto abuso psicológico a una menor de edad.
La pesquisa, denominada “Operación Coral”, señala como uno de los centros de la investigación la Asociación Campesina Madre Tierra, que sin estar inscrita como suplidora del Estado dominicano, recibía pagos de varias instituciones públicas por compra de huevos.
La investigación de los fiscales ha revelado que en los sistemas de la Dirección Nacional de Control de Drogas “no existen registros de pagos a la Asociación Campesina Madre Tierra, lo que -a su juicio- evidencia de forma clara la coalición de funcionarios entre Cáceres Silvestre y el vicealmirante Alburquerque Comprés para desfalcar al Estado dominicano.
Esto se hacía, de acuerdo a la acusación «mediante el desvío de fondos Públicos, a la cuenta de la empresa disfrazada de asociación, la Asociación Campesina Madre Tierra, que como ya hemos señalado, es propiedad de los Imputados Adán Benoni Cáceres Silvestre y Rafael Núñez de Aza”.
La Procuraduría establece que el modo de operación consistía en hacer depósitos en efectivo, que en muchos de los casos “eran realizados por el señor Lizss Félix de León Díaz, quien fungía como encargado del departamento de compra de la DNCD, no dejando rastros en los registros del departamento financiero de la referida institución”.
Santo Domingo, República Dominicana.- El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá hoy, a las 11 de la mañana, el pedido del Ministerio Público de que le sea impuesta medida de coerción al mayor general Adán Cáceres Silvestre Sánchez, quien fuera jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.
La solicitud en este sentido ha sido hecha por el Ministerio Público, quien ha elaborado un expediente de casi 200 páginas en contra de Cáceres Silvestre y otras cuatro personas acusadas de formar parte de una estructura de corrupción que sustrajo unos 3,000 millones de pesos de fondos del Estado durante la pasada gestión gubernamental de Medina.
Cáceres, ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del expresidente Danilo Medina, fue apresado en el marco de la Operación Coral, en la que también fueron arrestados el coronel Rafael Núñez de Aza, el teniente coronel Raúl Girón, ambos de la Policía Nacional; y los pastores Tanner Antonio Flete y Rossy Guzmán.
El Ministerio Público ha solicitado un año de prisión preventiva contra los cinco detenidos.
Al grupo se le imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Fiscalía aseguró en un comunicado que en allanamientos ha incautado «bienes millonarios» a los imputados, quienes están detenidos en el Centro de Atención y Privación de Libertad Ciudad Nueva.
Modus operandi
En el expediente contra el grupo se indica que Cáceres Silvestre asignaba sueldos de entre RD$20 mil y RD$70 mil mensuales a cientos de policías y militares en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), bajo condición de que le entregaran hasta el 80% de dichas sumas.
Se explica que también dicho oficial distrajo fondos millonarios de viáticos y haciendo compras fantasmas de combustibles y raciones alimenticias.
Señala que había una red de personas, entre ellas José Ramón Santos Jiménez, Vicente Girón Jiménez, Erick Brea Rosario y Juan Ramón Tejada Hilario, que se encargabn de hacer depósitos para la colocación de los fondos distraídos del patrimonio del Estado, pero que finamente terminaban de manera directa o indirecta en los imputados.
El Ministerio Público detalla que los oficiales se prestaron para hacer millonarias transacciones sin justificación de la procedencia de los recursos, los cuales eran fondos distraídos del patrimonio público, a través de instituciones castrenses y otras organizaciones.
