San Cristóbal.- El Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) alerto sobre los impactos ambientales que tiene en los ríos de la provincia San Cristóbal la extracción de material, en el marco del proyecto aumentando la resiliencia climática en la provincia.El foro contó con una conferencia magistral del especialista Manuel Nina, quien mostró los efectos negativos de los impactos de las industrias extractivas en otras partes del país y el mundo.
Nina resaltó la importancia de aumentar la capacidad de la resiliencia climática en la provincia San Cristóbal frente a la depredación de los recursos naturales por parte de las industrias extractivas.
Asimismo, el especialista valoró iniciativas como las del IDDI de crear un programa de gestión integral de los recursos hídricos y el desarrollo rural, cuya primera etapa se busca aplicar en la provincia de San Cristóbal.
En la actividad, encabezada por la gobernadora de esa provincia, Pura Casilla, participaron dirigentes comunitarios de la zona, así como, representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; el Ministerio de la Mujer; el Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura. Todas estas instituciones integran la mesa provincial de adaptación al cambio climático.
De su lado, la directora de obras físicas del IDDI, Alvadia Francisco, reiteró el compromiso de esa organización con mejorar las condiciones hídricas de la provincia, al tiempo que aseguró que en momentos como los que vive el país, que se ve afectado por una sequía estacionaria, preservar las fuentes de agua debe ser una prioridad de todos.
Se recuerda que las industrias extractivas son un sector en crecimiento en el país, sin embargo, a pesar de la gran cantidad de recursos económicos generados cada año por estas comunidades en las que se instalan no han visto una mejoría palpable en su calidad de vida.
Según el Banco Central (BC) para el 2020 las actividades del sector minero representaron RD$89,232.2 millones, es decir, un 2% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese año. Siendo los rubros más importantes el oro, arena, grava y gravilla, ferroníquel, plata, mármol, cobre y yeso.
Se prevé que en los próximos tres años se inviertan al menos unos US$3,400 millones para extender la vida útil de minas existentes, así como, en nuevos proyectos de extracción.
Sin embargo, organizaciones campesinas aseguran que los fondos provenientes de las ganancias generadas por esta explotación y que deben ser entregados a las alcaldías de las provincias en las que se instalan estas industrias como indica la ley no son invertidos en la mejora de la calidad de vida de la población afectada o en la reparación del daño medioambiental.
Por La Redacción
