Santo Domingo.- La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el próximo 20 de enero el conocimiento de los recursos de apelación elevados por seis de los involucrados en el sonado caso de corrupción Antipulpo, los cuales buscan su puesta en libertad.
El tribunal adoptó la decisión después de que el Ministerio Público argumentara fallas técnicas en su plataforma para descargar las pruebas enviadas por los acusados, que apelaron la sentencia dictada el pasado mes en su contra por el juez Alejandro Vargas.
Se trata de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, y señalado como el cabecilla de la organización, así como el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francisco Pagán y del expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Fernando de la Rosa, todos en prisión preventiva.
Asimismo, Aquiles Alejandro Cristopher, exempleado de la Oisoe, Julián Esteban Suriel y José Dolores Santana, supuestos socios de Alexis Medina, acusado de montar una red de empresas, a través de testaferros para ganar contratos públicos con numerosas instituciones del Estado, algo que tenía prohibido por ley por su relación de hermandad con Danilo Medina.
En este caso hay 11 personas involucradas, entre ellas Magalys Medina, hermana del expresidente, y a quien el juez impuso tres meses de arresto domiciliario.
Santo Domingo.- El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez, solicitó a esa organización excluirle del Comité Político por razones de salud a causa del cáncer de esófago que le diagnosticaron en 2020.
Pared Pérez hizo la petición en una carta enviada al partido, que la difundió este miércoles.
«Solicito de manera respetuosa mi exclusión de la próxima integración de dicho organismo. Solo aspiro a seguir en el Comité Central y de manera pasiva», escribió Pared Pérez, al tiempo de reafirmar su «militancia y compromiso por más de 45 años en la organización política».
En la carta, el político y abogado confirmó que no aspira a seguir al frente de la Secretaria General del PLD.
Dijo que tomó la «lamentable decisión» porque los médicos le aconsejaron mantenerse «al margen de toda situación que pueda generar tensión o estrés para evitar un agravamiento de esta terrible enfermedad».
El Mandatario emitió este 13 de enero el decreto 22-21, que declara de "interés nacional" la recuperación del patrimonio público que haya sido defraudado.
Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader inició el proceso para la recuperación de lo que definió como «patrimonio público distraído mediante corrupción».
Mediante el decreto 22-21, el Mandatario declaró de «interés nacional» la recuperación del patrimonio público que se haya defraudado y preció que la recuperación de estos bienes, valores o derechos se invertirán en proyectos que mejoren la calidad de vida del pueblo dominicano, quien es «su verdadero propietario».
Mediante el referido decreto se instruye a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo a conformar un equipo de abogados de reputada trayectoria, prestigio y notoriedad. Su coordinador general será Jorge Luis Polanco Rodríguez y sus coordinadores de equipios José Luís Taveras, Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez.
Con esta acción se procura el fortalecimiento de la hacienda pública y el desmonte de un estado prácticamente inamovible de impunidad.
Santo Domingo.- La Procuraduría General de la República (PGR) informó este miércoles que someterá a revisión las medidas que tomó el lunes pasado en torno a la imposición de multas a quienes violenten el horario del toque de queda impuesto por las autoridades para frenar el contagio de la covid-19.
La procuradora general, Miriam Germán Brito, dijo que dispuso la revisión al ponderar planteamientos sobre la necesidad de buscar mecanismos que fortalezcan el marco jurídico de República Dominicana, como los expuestos por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
Esta entidad advirtió a la PGR que la imposición de multas puede provocar que los ciudadanos tengan que quedar a la «subjetividad de los agentes del orden, lo cual permite zonas grises que funcionan como caldo de cultivo de abuso y extralimitaciones».
Aunque ordenó la revisión en lo relativo a las multas, Germán Brito dijo que los fiscales deberán seguir tomando las acciones de lugar para garantizar que los ciudadanos cumplan con las medidas que buscan contrarrestar la pandemia que hasta el momento ha afectado en el país a 186,383 personas, con 2,428 defunciones.
En ese sentido, afirmó que los fiscales deberán seguir procurando las sanciones que se amparan en la declaratoria del estado de excepción y que remiten a la Ley General de Salud, del 8 de marzo de 2001.
La información aseguró que dicha ley establece, en su artículo 153, multas de entre uno y diez veces el salario mínimo nacional por el incumplimiento de las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para prevenir y controlar enfermedades transmisibles.
El salario mínimo del sector público es de 10,000 pesos al mes, lo cual obliga a que las sanciones oscilen entre ese monto y los 100,000 pesos, afirmó la procuradura.
Germán Brito dijo que «saluda el debate» en torno al tema y lo considera como una oportunidad para que la comunidad jurídica y el liderazgo político de República Dominicana aporten propuestas constructivas que fortalezcan el Estado de Derecho y faciliten a las autoridades la protección de la salud de los y las ciudadanas en situaciones como la creada por la actual pandemia.
El lunes, la PGR dio a conocer que los transeúntes que violen las medidas de restricción deberán pagar 1,000 pesos; los motociclistas 2,000; una persona que se desplace en un vehículo 5,000 y una persona sorprendida en un centro o espacio de diversión 2,000 pesos.
Asimismo, los responsables de bares, restaurantes o centro de diversiones y fiestas privadas que violen las medidas pagarán 100,000 pesos de multa.
El propietario o responsable de un autobús que transporte personas será sancionado con 50,000 pesos; el de un vehículo de carga 30,000 y el de una gallera 100,000 pesos.
Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader aclaró este miércoles que República Dominicana no pagará por la construcción de hospitales en Haití, como se dio a entender en un acuerdo bilateral cuyo contenido fue divulgado en la víspera.
«Lo que va a hacer República Dominicana es ser canalizador y facilitador de esas ayudas», dijo Abinader en una rueda de prensa durante un acto de presentación de un plan de construcción de viviendas.
Aseguró que la próxima semana comenzarán las reuniones con los embajadores de los países más implicados con Haití, entre los que citó Canadá, Estados Unidos, Francia y Alemania, para tratar de la financiación de esos dos hospitales.
El Mandatario hizo la aclaración un día después de que su Gobierno diera a conocer una declaración bilateral suscrita durante una reunión entre el presidente dominicano y su homólogo haitiano, Jovenel Moise, que tuvo lugar el pasado domingo.
En un punto de esa declaración se afirma que «con la colaboración de la comunidad internacional que ha mostrado su voluntad de financiar hospitales en Haití, ambos mandatarios se comprometen a cooperar en la construcción de hospitales generales en territorio haitiano».
Las autoridades dominicanas están interesadas en la construcción de hospitales en el país vecino para evitar que los ciudadanos haitianos usen los hospitales dominicanos.
En noviembre pasado el propio Abinader dijo que su país no puede financiar al gran número de mujeres haitianas que dan a luz en los hospitales dominicanos, una declaración que causó malestar en Puerto Príncipe.
Según cifras oficiales, de los cerca de 167,000 partos que se producen cada año en República Dominicana, cerca de 20,000 son de haitianas.
Santo Domingo.- El director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, calificó este miércoles de «infundadas» las denuncias sobre supuestas irregularidades en la adquisición de miles de computadores portátiles y tabletas electrónicas por parte del Ministerio de Educación.
Pimentel aseguró que «no tienen consistencia» esas denuncias ya que en las adjudicaciones a que hacen referencia no se violentaron los artículos de la Ley de Compras, Contrataciones, Bienes, Servicios y Concesiones.
El funcionario hizo alusión a una denuncia aparecida el viernes pasado en un diario de circulación nacional en la que se cuestionó la legitimidad de dos de las empresas que participaron en las licitaciones que el Ministerio de Educación realizó para adquirir decenas de miles de computadores personales.
De acuerdo a esa publicación, la empresa Madison Import, pertenece al vocal suplente de Banreservas, Anel Marcial Veras, designado en esa posición el pasado 21 de agosto.
En ese sentido, Pimentel afirmó que la ley de Compras y Contrataciones no impide a un funcionario de esa categoría participar en licitaciones.
En cuanto a la empresa Omega Tech, mencionada en la publicación porque su propietario ha sido sometido a la justicia por supuesta defraudación de impuestos, el funcionario dijo que «aunque no nos guste» la ley no impide que una persona que no ha sido sancionada de manera «irrevocable», pueda participar en ese tipo de procesos.
Pimentel se expresó de esa manera al ser abordado por periodista sa la salida de un acto público.
El Comité de Compras del Ministerio de Educación respondió a la publicación el mismo viernes pasado, asegurando que «no hubo irregularidad alguna» en las licitaciones.
«Por el contrario, el Comité de Compras del Minerd ha actuado con absoluto apego a la ley, con rigor ético, con elevado nivel de organización y eficiencia, con profundo espíritu participativo y democrático, y sobre todo, con absoluta transparencia», dijo el comité.
El Ministerio de Educación puso en marcha dos procesos de licitación por 15,085 millones de pesos para adquirir, en total, 940,000 equipos informáticos para alumnos y profesores. Las adjudicaciones se celebraron el 16 y 22 de diciembre de 2020.
Washington.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una moción para abrir un juicio político al presidente Donald Trump por un único cargo: “incitar a la insurrección”. De esta manera, el ya mandatario saliente será el primero en enfrentarse a un segundo proceso de impeachment en la historia del país.
La votación en la Cámara para avanzar en la impugnación de Trump fue de 231 a favor, frente a 197 en contra. En total, diez republicanos se unieron a la oposición y apoyaron la apertura de un juicio político a Trump.
La resolución, presentada por los representantes demócratas, describe los hechos del 6 de enero, cuando miles de personas se dieron cita en Washington D.C. para asistir a una marcha en la que el presidente dio un discurso con el cual, según la oposición, habría incitado la toma del Capitolio.
La decisión allanó la vía para una segunda votación que tendrá lugar durante la tarde, después de un debate de dos horas en que los legisladores expondrán sus puntos de vista sobre el juicio político.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, inició el debate alegando que Trump es «un peligro claro y presente” para el país.
«Sabemos que el presidente de Estados Unidos incitó a esta insurrección”, dijo Pelosi en referencia al estallido de disturbios del 6 de enero. “El presidente debe ser sometido a un juicio político”, agregó.
Pelosi dijo también que Trump ha mentido “repetidamente” sobre el resultado de la elección presidencial del 3 de noviembre y propagado dudas sobre el proceso democrático.
La resolución
En el discurso a sus seguidores, explica la resolución aludiendo al acto del 6 de enero, Trump “deliberadamente dio declaraciones que, en ese contexto, alentaron —y previsiblemente resultaron—en acciones ilegales en el Capitolio”. El texto cita una frase del presidente diciendo a los manifestantes “si no luchan en cuerpo y alma, ya no van a tener un país”.
Los legisladores acusan al presidente de haber puesto “en peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de gobierno”, amenazar “la integridad del sistema democrático” e interferir “con la transición pacífica al poder”.
La Cámara de Representantes planea enviar al Senado el artículo de juicio político -es decir, el cargo del que se acusa al presidente- «lo más pronto posible», dijo el miércoles el segundo demócrata de mayor rango en la cámara, Steny Hoyer.
«No hay ninguna razón por la que no podamos enviarlo esta semana (…). Tenemos la intención de hacer eso», dijo a MSNBC en una entrevista, citando conversaciones con Pelosi.
La presidenta de la Cámara Baja también nombró ya a los nueve vocales que presentarán el caso de la Cámara durante el juicio en el Senado.
«Estamos debatiendo esta medida histórica en la escena del crimen», dijo el representante Jim McGovern, demócrata por Massachusetts.
Por su lado, el representante republicano por Missouri, Jason Smith, calificó el proceso de juicio político como «imprudente» e instó a los legisladores a poner «a las personas antes que a la política».
Washington.- El líder de la mayoría en el Senado le ha dicho a sus asociados que está feliz de que los demócratas se hayan movido para acusar a Trump, ya que facilitará la reconstrucción del partido republicano, según el New York Times .
Los demócratas de la Cámara de Representantes planean votar el miércoles para acusar al presidente saliente por segunda vez sin precedentes, dijo a sus colegas el líder de la mayoría Steny Hoyer .
El presidente enfrentará cargos por incitar a la violencia contra el país.
La votación se produciría exactamente una semana después del motín de Trump que vio a sus partidarios irrumpir en el Capitolio de los EE.UU. para tratar de evitar que la victoria electoral de Joe Biden fuera certificada por los legisladores.
S eEl gún los informes, McConnell, un senador de Kentucky, culpa a Trump de que los republicanos perdieran el control del senado después de que la segunda vuelta de las elecciones en Georgia pusiera a los demócratas en el control de la cámara alta empatada.
Cinco personas, incluido un oficial de policía del Capitolio de los Estados Unidos, murieron en el caos que siguió al mitin de Trump, donde los instó a marchar hacia el Capitolio.
Después de una larga demora causada por las escenas caóticas, la Cámara y el Senado volvieron a reunirse y confirmaron la victoria de Biden sobre Trump.
El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, también preguntó a sus colegas republicanos si debería pedirle a Trump que renuncie, dijeron funcionarios republicanos al New York Times .
Según los informes, McCarthy está en contra del juicio político, pero él y los líderes republicanos no presionarán para que se vote "no" sobre el tema.
Anteriormente, Trump pronunció su primer discurso en vivo desde la violencia y llamó a sus partidarios que irrumpieron en el edificio una "turba".
Pero Trump también advirtió a los demócratas que no lo destituyeran de su cargo en sus últimos días, ya sea mediante la enmienda 25 o el juicio político.
"Está causando una tremenda ira, división y dolor mucho mayor de lo que la mayoría de la gente entenderá, lo cual es muy peligroso para Estados Unidos, especialmente en este momento tan delicado", dijo Trump el martes en un segmento del muro fronterizo entre Estados Unidos y México en Alamo, Texas.
Mitch McConnell aún no ha devuelto una solicitud de comentarios.
Santo Domingo.- La Cámara de Cuentas ha sido un obstáculo para las investigaciones respecto a sobrevaluaciones de obras relacionadas con el caso Odebrecht, afirmó este martes el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Wilson Camacho manifestó que, a pesar de esa traba, el Ministerio Público realizará todas las diligencias para procesar a los responsables de sobrevaluar las obras contratadas por el Estado y la empresa brasileña.
Junto a la directora Nacional de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, el funcionario judicial se refirió al tema al hablar con periodistas sobre el caso, al cual él califica como «Odebrecht 2.0».
Dijo que que en este caso la Cámara de Cuentas «lo que ha servido es para impedir el trabajo del Ministerio Público”.
Santo Domingo.- República Dominicana y Haití anunciaron que están dispuestos a trabajar en el proceso de identificación e inscripción en el Registro Civil haitiano de todos los ciudadanos de ese país que residan en territorio dominicano.
Además, se comprometieron a construir en Haití hospitales generales para reducir el uso que los haitianos residentes en República Dominicana hacen de esos centros de salud.
Los hospitales se construirán con la colaboración de la comunidad internacional, que ha mostrado su voluntad de contribuir financieramente para esto, según una declaración conjunta leída este martes por el canciller dominicano, Roberto Álvarez, en un acto en el que no se permitieron preguntas.
Los acuerdos entre el presidente Luis Abinader y su homólogo haitiano, Jovenel Moise, incluyen el inicio «lo antes posible» de un proceso de negociación para delimitar las fronteras marítimas entre ambos países.
Medidas para eliminar flujo migratorio irregular
El canciller también reveló que los presidentes convinieron tomar las medidas apropiadas en cada país para desplegar tecnología de vanguardia dirigida a facilitar la eliminación del flujo migratorio irregular, la trata de personas, el tráfico de armas, el narcotráfico y el robo de ganado que se producen en la frontera común.
Asimismo, cooperar de manera «mutua y sostenible» en los campos de la energía, producción agrícola e industrial, combustible para cocinar y realizar esfuerzos para frenar la deforestación.
Álvarez también dijo que los dos países trabajarán para lograr la financiación necesaria para la capacitación mutua en la seguridad y la vigilancia fronteriza.
«Cada país colaborará en caso de que se construyan controles físicos o tecnológicos en todo el borde terrestre de la frontera», explicó el canciller.
Acuerdo comercial
República Dominicana y Haití se comprometieron, además, a continuar las negociaciones encaminadas a alcanzar un acuerdo comercial general con el objetivo de crear condiciones de transparencia, estables, justas y previsibles para ambas partes y con ello enfrentar el contrabando que erosiona la base impositiva de ambos países.
Abinader y Moise también acordaron planificar la interconexión energética entre las dos naciones, dando prioridad a la producción de energías renovables, como las eólica, solar y biomasa, además de intercambiar el excedente de producción de un país al otro.
Un último punto anunciado por Álvarez fue el de fomentar la producción de productos biodegradables en lugar de aquellos que dañan el medio ambiente.
Al principio de su intervención, Álvarez refirió que Haití está inmerso en una reforma constitucional destinada a «consolidar su gobernabilidad democrática» y que República Dominicana, en el marco del respeto a la soberanía de los Estados, «alienta» a las autoridades haitianas a trabajar para asegurar que ese proceso cumpla con las aspiraciones del pueblo haitiano.
En la República Dominicana residen centenares de miles de haitianos, la mayoría de ellos en condiciones migratorias irregulares.
Santo Domingo.- El vocero del Bloque de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) alertó al Gobierno sobre la forma «agresiva» en que agentes de la Policía Nacional tratan a ciudadanos por violar las restricciones del toque de queda.
Gustavo Sánchez mostró en la sesión de este martes varios videos que circulan en redes sociales que reflejan los «excesos y abusos policiales contra la población civil».
Indicó que esta situación se sale de las manos a las autoridades e hizo un llamado de atención por entender que también está fuera de control.
Rechaza escala de multas
De igual forma, rechazó las escalas de multas que ha anunciado la Procuraduría General de la República en contra de las personas que sean detenidas en violación del toque de queda.
Sánchez favoreció que el Ministerio Público acuda a la Cámara de Diputados e informe bajo qué condiciones y que competencia tiene para imponer multas a los ciudadanos.
El representante de la circunscripción tres del Distrito Nacional indicó que como legisladores estarán atentos a la medidas que tome el gobierno y que pretendan castrar libertades de los ciudadanos.
Santo Domingo.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) instó este martes a las autoridades judiciales a revisar las sanciones y multas que han comenzado a aplicar a violadores del toque de queda.
Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la entidad, indicó que no ha quedado claro el método para determinar y/o atribuir el monto de las multas por infringir el toque de queda, el cual no se sustenta en un poder normativo de acuerdo con lo que establece la legislación sobre la materia.
Observó que «fijar las multas por encima del monto suficiente, más que servir como una sanción justa con efecto disuasorio, pudiese, incluso, entrar en el sinuoso camino de formas de arbitrariedad avaladas por el Estado».
A su juicio, esto de alguna forma genera que, en situaciones excepcionales o de imposibilidad material para el ciudadano, se tenga que quedar «a la subjetividad de los agentes del orden, lo cual permite zonas grises que funcionan como caldo de cultivo de abusos y extralimitaciones».
Ejercicio del poder público está sujeto a la legalidad
FINJUS dice que «si bien es cierto que el Poder Ejecutivo tiene facultades extraordinarias en el marco de la prórroga de la declaratoria del Estado de Emergencia que cursa, debe recordarse que el ejercicio del poder público durante los estados de excepción está sometido al contenido normativo y a mecanismos de control que garanticen su legalidad».
A su juicio, resultan razonables las preocupaciones del Ministerio Público para el establecimiento de un catálogo de multas a quienes inobserven las medidas tomadas mediante decreto. Pero dijo que «el sustento jurídico que se aduce parece dejar la decisión de la relativa imposición a la jurisdicción común, no siendo esto conferido al órgano persecutor penal como brazo ejecutor del Poder Ejecutivo».
«No queda claro el criterio normativo utilizado para la categorización y establecimiento de la escala de la multa, la cual no responde al parámetro de la ley de Salud Pública», enfatizó.
Recordó que desde el inicio de la pandemia, FINJUS ha señalado que la declaratoria del estado de emergencia se inserta en el régimen de las situaciones de excepción, lo cual, de ninguna manera, significa suspensión o exclusión de la Constitución.
Resaltó que esto mas bien implica un régimen extraordinario incorporado en la Carta Magna, perfectamente válido en situaciones de anormalidad constitucional, lo cual no está exento de los correspondientes límites y consecuentes controles y contrapesos.
Concluyó que «todo esto, sin perjuicio de la ponderación necesaria, respecto de la realización de arrestos con carácter de sanción penal, sin que la correspondiente norma que prorroga la declaratoria de Estado de Emergencia haya dispuesto la suspensión del cumplimiento de las formalidades legales y garantías mínimas de debido proceso para la privación de libertad».
