Santo Domingo.- Entre las medidas de coerción de los cuatro casos de corrupción que han conocido el magistrado José Alejandro Vargas y la jueza Kenya Romero, al menos 19 implicados han sido enviados a los centros penitenciarios de San Cristóbal en los últimos seis meses.
Primero el antiguo juez coordinador de los Juzgados de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, y luego su reemplazo, la jueza Romero, han enviado además a 11 implicados en alegados casos graves de corrupción a sus casas bajo prisión domiciliaria.
Mientras que a 5 les ha tocado presentación periódica, entre otras disposiciones.
Operación Medusa
El más reciente caso fue denominado por el Ministerio Público como “Medusa” e involucra al exprocurador general
El más reciente caso fue denominado por el Ministerio Público como “Medusa” e involucra al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien ejecutó el plan de humanización del sistema penitenciario durante su gestión, comprendida entre 2016 y 2020.
Pese a que sus abogados consideraban que merecía un trato distinto por su ejercicio como persecutor de la criminalidad, fue trasladado el pasado miércoles junto a 3 exdirectores de departamentos del Ministerio Público, al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-20) Najayo San Cristóbal.
Tras más de dos semanas en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la jueza del Séptimo Juzgado de Instrucción y actual coordinadora de la Oficina de Atención Permanente, Kenya Romero, les dictó 18 meses de prisión preventiva.
El resto de involucrados que fueron llevados a la cárcel ubicada en San Cristóbal son Javier Alejandro Forteza Ibarra, director de Tecnología de la información y Comunicación (DTIC); Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo; y Alfredo Alexander Solano Augusto, exdirector financiero y encargado de proyectos. A pesar de que los fiscales solicitaron el mismo número de meses de prisión preventiva para los 8 acusados de supuestamente cometer delitos de coalición de funcionarios y estafa contra el Estado, entre otros actos criminales; el tribunal dispuso libertad bajo fianza y presentación periódica a Miguel José Moya, descrito en la solicitud de medida de coerción como exasesor del exprocurador Rodríguez.
Mientras que, “por no representar un riesgo en la investigación o los medios de prueba”, Rafael Antonio Mercedes Marte, encargado de Contabilidad de la PGR; Jenny Marte Peña, encargada de proyectos; y Altagracia Guillén Calzado, quien fue subdirectora administrativa y financiera, cumplirán prisión domiciliaria de manera preventiva y les fue colocado impedimento de salida del país sin previa autorización judicial.
Operación 13
Fue la misma jueza Romero quien conoció la medida de coerción para los implicados en el presunto fraude cometido en la Lotería Nacional el pasado 1 de mayo de este año.
A través de la denominada “Operación 13” el Ministerio Público apresó a Luis Dicent, administrador suspendido de la Lotería; quien por decisión de la magistrada, luego de dos días de audiencia conociendo la medida de coerción, fue enviado a la Cárcel de Najayo Hombres por un año de prisión preventiva junto a William Rosario y Eladio Batista.
Para Rafael Mesa, el no vidente Miguel Mejía y el camarógrafo Edison Manuel Perdomo Peralta, se dictó presentación periódica, aunque al último de estos le corresponde el pago de garantía de medio millón de pesos y también se le colocó impedimento de salida.
Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio, se le dictó arresto domiciliario y colocación de brazalete electrónico.
Igual que las damas involucradas en la Operación Medusa, Valentina Rosario Cruz, presentadora del cuestionado sorteo, está incluida entre los que guardarán prisión preventiva en su hogar.
El presunto fraude, efectuado el pasado primero de mayo, asciende a más de 500 millones de pesos y más de cinco millones de dólares en varios países.
Operación Coral
La primera de las diversas “operaciones” de supuesta corrupción que la magistrada Romero conoció en los juzgados fue el supuesto entramado religioso y militar encabezado por el exjefe de escolta del expresidente de la República Danilo Medina, Adán Cáceres.
En esa ocasión, la jueza decidió prisión preventiva en Najayo Hombres por 18 meses contra todos los implicados, aunque solo uno de ellos fue exento de ir a un centro penitenciario y le fue dictada prisión domiciliaria en una ubicación confidencial.
Se trató del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, pieza clave que cambió el rumbo de las audiencias transmitidas ante la sociedad por diversos medios de comunicación durante 3 días, antes del fallo.
Fue Girón quien admitió haber participado del presunto entramado y expuso cómo se manejaba el grupo de supuestos malhechores, acusados entre otras cosas de lavado de activos.
En el caso de la pastora Rossy Guzmán Sánchez, le fueron impuestos 18 meses de prisión en el penal Najayo Mujeres. Pese a que los acusados demostraron arraigo, la jueza evaluó que existe el riesgo de la obstaculización de los medios de pruebas, en especial la de tipo testimonial, dada la naturaleza y la dinámica de los tipos investigados.
Operación Antipulpo
La Operación Antipulpo fue el primer gran caso abordado por el Ministerio Público luego de la llegada de la procuradora Miriam Germán en agosto de 2020.
La mañana del pasado domingo 29 de noviembre, la sociedad dominicana amaneció con la noticia de que varios exfuncionarios, familiares del expresidente Danilo Medina y sus alegados testaferros habían sido detenidos por formar parte de un presunto entramado de corrupción que aprovechó sus años en el poder para “desfalcar al Estado” por millonarias sumas de dinero.
Diez fueron los implicados en los expedientes presentados por la Procuraduría, de los cuales 7 están cumpliendo prisión preventiva en la Cárcel de Najayo Hombres desde el 9 de diciembre y 3 están guardando prisión domiciliaria de forma preventiva.
Luego 11 arrestos, diez días de encierro, cargos graves de corrupción, tres días de audiencias y más de 27 horas de agotadoras jornadas de imputaciones y defensas, el juez José Alejandro Vargas presentó su decisión.
En la misma, el juez dispuso que Juan Alexis Medina Sánchez, Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, ex director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) cumpla la prisión preventiva por un periodo de tres meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Cristóbal.
Asimismo para el exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper), Fernando Rosa Rosa.
El tribunal dispuso además que Julián Esteban Suriel Suazo, a quien le fuera ocupado un arsenal ilegal de armas; José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda, cumplan la prisión preventiva en la cárcel Modelo de San Pedro de Macorís, por un periodo de tres meses; pero por falta de espacio todos los encartados fueron trasladados hacia la Cárcel de Najayo Hombres.
Mientras que para Magalys Medina Sánchez, hermana del expresidente de la Republica, Danilo Medina; Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República les fue dictada prisión domiciliaria.
Los dos primeros tendrán que presentar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantendrán con impedimento de salida del país; al último le correspondió, además del arresto domiciliario, impedimento de salida del país.
Cabe señalar que el juez atribuyó su decisión con respecto a Magalys Medina a que “su costumbre no era enviar mujeres a la cárcel”, aspecto bastante comentado por la ciudadanía a través de las redes sociales.
Mientras que a favor de Domingo Antonio Santiago Muñoz se dispuso presentación periódica.
TOMADO DEL LISTIN DIARIO
