Procurador someterá siete imputados acusados de sobornos por caso Odebrecht

Santo Domingo.- El Ministerio Público dominicano anunció hoy que ha presentado acusación contra siete personas, dos de ellos expresidentes del Senado, por su presunta implicación en los sobornos de la constructora Odebrecht, pero excluyó a otros ocho exfuncionarios y legisladores que fueron i

mputados el año pasado.

El procurador general, Jean Alain Rodríguez, dijo en una rueda de prensa que tienen pruebas contra siete personas de sobornos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos por lo que está presentando formal acusación y solicitando auto de apertura a juicio, pero que no han encontrado evidencias contra otros ocho exfuncionarios y legisladores.

Los siete dominicanos que serán sometidos a la justicia son el senador oficialista Tommy Alberto Galán; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; los expresidentes del Senado Porfirio Andrés Bautista García y Jesús Vásquez; el exsenador Roberto Rodríguez Hernández; el abogado Conrado Pittaluga Arzeno, y el empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos.

“Podemos afirmar de manera clara y precisa, que este grupo (los siete) ha recibido sobornos (…) hemos comprobado de manera irrefutable que presentan un patrimonio que simplemente no pueden justificar”, afirmó Rodríguez.

El procurador dijo que sacaba del expediente del caso al diputado opositor Alfredo Pacheco; al exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el senador oficialista Julio César Valentín; los exdirectores de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, César Sánchez y Radhamés Segura; el exdiputado Rudy González, así como Bernardo Castellanos de Moya y Máximo De Óleo.

El funcionario informó que la decisión de excluir a ese grupo se debió a que no se habían encontrado evidencias suficientes.

“Por ese motivo, decidimos archivar, provisionalmente, los expedientes de esos ocho imputados”, alegó el procurador.

La empresa brasileña Odebrecht reveló que distribuyó 92 millones de dólares en la República Dominicana entre 2001 y 2014 para conseguir la adjudicación de contratos.

Por el caso Odebrecht fueron imputados en mayo del pasado año 14 empresarios y políticos de los gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

De los 14 imputados, 8 fueron enviados a prisión preventiva en junio del año pasado, pero posteriormente consiguieron que un juez variara las medidas de coerción y ya todos se encontraban en libertad condicional.

El procurador anunció hoy que incluyó en la acusación al exsenador Vásquez Martínez, actual secretario general del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de oposición), ya que las investigaciones lo vinculan a los sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El procurador presentó las acusaciones formales dos días antes de que venciera el plazo que le había dado para ello, el juez especial de la Suprema Corte de Justicia designado para el caso, Francisco Ortega Polanco.

En sus declaraciones, Rodríguez valoró la investigación como el resultado de un “arduo” trabajo, que implicó investigar a más de 400 personas y compañías.

Asimismo, el procurador explicó que durante la investigación el Ministerio Público de la República Dominicana hizo múltiples solicitudes de cooperación jurídica internacional a Brasil, Estados Unidos, Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas, España y Panamá, cooperación que resultó altamente provechosa para poder hoy presentar acusación formal en contra de los siete imputados.

En relación a las posibles sobrevaluaciones de las obras construidas por Odebrecht, Rodríguez afirmó que está a la espera de que la Cámara de Cuentas le rinda un informe sobre el particular que le solicitó.

Asimismo, dijo que en cuanto a la termoeléctrica de Punta Catalina, que la firma brasileña construye en el sur del país, se determinó tras una investigación “independiente y objetiva”, que no se encontraran evidencias de que se materializaron prebendas ni intercambios indebidos durante el proceso de licitación de la obra, así como tampoco en su financiación.

Fuente:EFE

Detienen a otro sospechoso por crimen de periodista

Otra persona fue arrestada por su presunta participación en el homicidio del respetado periodista Javier Valdez ocurrido el año pasado, informó el miércoles la Procuraduría General de la República de México.

El nombre completo del sospechoso no fue dado a conocer el miércoles, pero las autoridades dijeron que ya se encontraba detenido en el estado noroccidental de Baja California por acusaciones no relacionadas.

El sospechoso será encausado por el homicidio de Valdez, perpetrado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, Sinaloa, dijo la PGR en el comunicado. No se dio más información sobre qué papel supuestamente tuvo el sospechoso en el asesinato.

En abril, el comisionado nacional de seguridad Renato Sales dijo que Valdez fue asesinado por su trabajo. Ese mismo día, el comisionado anunció la detención de otro sospechoso que era miembro del cártel de Sinaloa.

Autoridades federales habían capturado al presunto homicida del periodista mexicano Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo de 2017 en el estado de Sinaloa, informó el secretario de Gobernación de México, Alfonso Navarrete.

Se trata de Heriberto "N", identificado como "El Koala" y ligado a Dámaso López, "El Licenciado", quien está preso bajo cargos de narcotráfico. La detención habría ocurrido en la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California.

La captura del presunto asesino de Valdez fue una operación conjunta de la Policía Federal mexicana, la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría General de la República, dijo Navarrete en un mensaje de Twitter.

"Hace unos momentos detuvieron al presunto responsable del homicidio del periodista Javier Valdez", dijo Navarrete en su mensaje en el que felicitó a los agentes que participaron en la operación.

Valdez, periodista y escritor mexicano de 50 años de edad, fue asesinado a tiros el 15 de mayo de 2017 en Culiacán, capital del noroccidental estado de Sinaloa.

Galardonado en 2011 con el Premio Libertad de Prensa del Comité para la Protección de Periodistas y el Maria Moors Cabot con el equipo del semanario Ríodoce, Valdez fue interceptado y atacado a tiros desde un vehículo cuando caminaba por la calle.

Valdez era un experto en narcotráfico y violencia, corresponsal del periódico La Jornada en Sinaloa y autor de obras como "Narcoperiodismo", "Levantones", "Con una granada en la boca" y “Huérfanos del narco".

EEUU escaneará rostros de visitantes en la frontera

El Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, junto con la Patrulla Fronteriza implementarán este verano un nuevo sistema tecnológico de reconocimiento facial para crear una base de datos del tráfico en la frontera con México, según informaron el miércoles varios medios.

El programa, bajo el nombre en inglés de 'Vehicle Face System' (VFS), se encuentra aún en fase de desarrollo, por lo que será puesto a prueba desde el próximo agosto, durante un año, en el puerto de entrada fronterizo de Anzalduas, en el sur de Texas.

La razón del período experimental es asegurar el "total cumplimiento" con las políticas de seguridad y privacidad personal del Registro Federal de Estados Unidos.

"El proyecto VFS pretende evaluar la captura de la biometría facial de los viajeros que ingresan y salen del país, para comparar esas imágenes con las fotos archivadas en propiedad del gobierno", explicó un portavoz de las autoridades migratorias al medio tecnológico The Verge.

A continuación, esas fotografías se cotejaran al instante con los pasaportes, visados y registros penales que ya se encuentran en la base de datos de las autoridades migratorias.

La ciencia aplicada para ello se basa en cámaras con sensores "plenoptic", capaces de capturar con nitidez imágenes múltiples a diferentes distancias focales.

Así pues, el nuevo sistema corrige los anteriores métodos de reconocimiento facial que a menudo confundían los reflejos del automóvil, empeorando la calidad de la imagen.

La controversia sobre este desarrollo tecnológico llega por la "invasión a la intimidad" que reclaman diversas asociaciones civiles que no están de acuerdo con la recolección "masiva de datos".

Este registro proporciona al gobierno un informe detallado sobre rutinas diarias de las personas que cruzan la frontera como, por ejemplo, "la hora a la que van o vuelven del trabajo o a la que recogen a los niños de la escuela".

En este sentido, la organización de defensa de los derechos humanos "The Center for Media Justice" considera que la posesión de esta información es una "violación absoluta" de la democracia.

"Este es un ejemplo de la tendencia creciente del uso autoritario de la tecnología para rastrear y acechar a las comunidades de inmigrantes, y definitivamente vamos a luchar", argumentó en declaraciones al diario The Guardian la directora ejecutiva de la organización, Malkia Cyril.

Fuente:EFE

“Ellos mienten” dice padre arrestado por ICE en base militar de NY

Nueva York.- El padre arrestado por agentes de inmigración en una base militar de Brooklyn dijo desde el centro de detención del condado Hudson que no autorizó al personal del ejército para que indagara acerca de su estatus migratorio.

"Al firmar una exención que permite una verificación de antecedentes, una norma estándar de control de acceso del Departamento del Ejército para todos los visitantes, se descubrió en el archivo una orden activa del Servicio de Inmigración y Aduanas. Esto llevó al personal del Departamento de Servicios de Emergencia a ponerse en contacto con las autoridades correspondientes", dijo la Base Militar Garrison Fort Hamilton en un comunicado.

Pero Pablo Villavicencio, de 32 años, negó haber firmado la exención, como aseguró el personal militar.

“Eso es totalmente mentira”, sostuvo en una entrevista telefónica exclusiva con Telemundo 47. “En ningún momento yo firmé ningún documento”.

El padre ecuatoriano habría entregado una pizza el mediodía del viernes en la Base Militar Garrison Fort Hamilton, en General Lee Avenue, en Brooklyn, en donde presuntamente fue cuestionado acerca de su estatus migratorio en el país y retenido ilegalmente por el personal militar, según su esposa.

El concejal Justin Brannan dijo que no era la primera vez que se pedía una pizza en esa base.

"¿Por qué Pablo fue seleccionado (para revisión)? ¿Por qué fue diferente esta vez?", cuestionó Brannan. El funcionario dijo que el sistema de inmigración está roto y que está separando a las familias.

Villavicencio, quien había solicitado la residencia permanente, dijo que el personal de la base militar le preguntó si tenía seguro social y declinó aceptar la identificación emitida por la ciudad de Nueva York, aceptada en los edificios del gobierno local y del estado.

El padre asegura que el personal le dijo que llamaría a la policía para verificar su récord penal, pero en realidad notificó a las autoridades de inmigración.

Pablo reveló que había ingresado a la base militar al menos en tres ocasiones y que para entonces el personal no lo cuestionó.

“Ya sabía a dónde iba, ya sabía con quién iba, porque había entregado comida con frecuencia”, aseguró. “Me dejaban entrar porque ya me conocían”.

Sandra Chica, esposa de Villavicencio, comentó que el padre estuvo detenido en el lugar hasta que llegaron agentes de inmigración.

Chica, una ciudadana estadounidense, dijo que sus hijas de 3 y 4 años nacieron en el país, y que solicitó la residencia permanente para Pablo en febrero pasado.

La madre comentó que el incidente fue tan horrendo y devastador, que incluso el personal militar se quedó con la pizza después de entregar al padre a los agentes de inmigración.

Según defensores, los miembros del ejército no tienen la autorización para detener a civiles para interrogarlos acerca de su estatus migratorio y retenerlos para entregarlos a agentes de inmigración.

Aunque el congresista Dan Donovan, quien sirve en el Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes y el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, dijo que el personal militar solo cumplió con la ley.

"Es una locura", sostuvo. "Los activistas liberales están atacando a los agentes de ICE y al personal militar por seguir la ley al detener a un inmigrante que se encuentra ilegalmente aquí. Si los demócratas realmente llegaran a la mesa de conversación y apoyaran el financiamiento de la seguridad fronteriza, entonces este tipo de incidentes no sucederían en el futuro", dijo Donovan en un comunicado.

El presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, comentó que el arresto está enviando un "terrible mensaje" a las comunidades de inmigrantes.

En una declaración a nuestra cadena hermana NBC 4 New York, ICE dijo que Villavicencio es un ciudadano con "presencia ilegal" en el país.

"En marzo de 2010, un juez de inmigración le otorgó la salida voluntaria, pero no la acató en julio de 2010, según lo ordenado. Como tal, su orden de salida voluntaria se convirtió en una orden final de deportación y es un fugitivo de ICE. El 1 de junio, Villavicencio-Calderón fue detenido por agentes de la policía militar y entregado a ICE. Permanece bajo custodia de ICE en espera de su deportación", declaró la agencia.

Sin embargo, el caso generó indignación en nuestra área. Organizaciones como Bay Ridge for Social Justice han convocado a marchas para clamar la liberación del padre.

Se registraron al menos una docena de arrestos en las manifestaciones del miércoles. 

Incluso el gobierno de la ciudad de Nueva York describió como "perturbador" el incidente.

"Estamos investigando esta situación", dijo Matt Dhaiti, vicesecretario de prensa de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigración (MOIA, por sus siglas en inglés).

Según un reporte de MOIA, en el área de Nueva York los arrestos de indocumentados sin récord criminal aumentaron en más de 225% desde que el presidente Donald Trump asumió la presidencia.

En el documento se lee que los arrestos de ICE en los cinco condados superan en 181% la tasa nacional de detenciones de inmigrantes sin condenas o historial criminal.

La tendencia es similar el cuanto a las deportaciones, con un incremento del 109%; sin embargo, el porcentaje respecto a indocumentados sin historial criminal es mayor, del 155%.

El estudio establece que más de 2,000 inmigrantes fueron arrestados entre febrero y septiembre del 2017, en contraste con de casi 1,000 en 2016.

Fuente:Telemundo