Chicago.- El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, declaró hoy a Efe que su ciudad, junto con las demás consideradas “santuario”, está lista para defenderse en los tribunales de la decisión del Gobierno federal de cortarles fondos dedicados a las fuerzas policiales.
“Si lo intentan iremos a la corte de inmediato para bloquearlo”, expresó De Blasio tras el memorando de este lunes del fiscal general, Jeff Sessions, en el que establecía que las “ciudades santuario” podrían dejar de recibir fondos del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Según de Blasio, en el caso de la ciudad de Nueva York se podrían perder unos 4,3 millones de dólares destinados al Departamento de Policía y, en menor medida, al Departamento Correccional.
“Esta es una medida susceptible de ser impugnada legalmente, que va a enfrentar una tremenda resistencia pública en toda la nación”, dijo el alcalde, que se defiende desde hace semanas de los ataques del Gobierno federal junto con los regidores de otras grandes urbes como Los Ángeles y Chicago.
“Estoy seguro de que en ciudades de todo el país se tomará el mismo camino de la justicia, porque para cambiar las condiciones de las subvenciones, el Gobierno tiene que cumplir con requisitos muy estrictos”, agregó.
Philip Wolgin, del progresista Centro para el Progreso Americano (CAP), dijo a Efe que es una contradicción que el Gobierno diga que las comunidades son inseguras por la aplicación de las políticas de santuario y, para solucionarlo, amenace con quitar recursos a la policía y limite el combate contra la violencia de las pandillas.
Las subvenciones del Departamento de Justicia incluyen fondos para el entrenamiento de la policía local y partidas económicas para la adquisición de nuevo equipo, como las cámaras corporales que incorporaron a los uniformes de los agentes de ciudades de casi todo el país.
Por su parte, los fondos del Departamento de Seguridad Nacional ayudan a las ciudades y condados en diferentes aspectos, entre otros, para el cumplimiento de las leyes migratorias.
El memorándum de Sessions establece que las “ciudades santuario” son aquellas que “voluntariamente se niegan” a cumplir con la ley federal que obliga a los Gobiernos locales a compartir con las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de las personas bajo su custodia.
Específicamente menciona el incumplimiento de la Sección 1313 de la ley, que requiere a los estados y jurisdicciones locales que no limiten sus comunicaciones con el DHS sobre la ciudadanía o estatus migratorio de las personas.
A las urbes y condados que no cumplan con la ley “se les impedirá únicamente el acceso a las subvenciones del Departamento de Justicia o del Departamento de Seguridad Nacional”, según la orden.
Esto supone una rebaja con respecto a los planes del Gobierno, que quería cortar todos los fondos, medida bloqueada de manera temporal por un juez federal en abril pasado al considerar que este decreto violaba la Constitución porque el Congreso es el encargado de aprobar el presupuesto y no la Casa Blanca.
El memorándum de Sessions establece que a las “ciudades santuario” no se les puede negar ninguna “otra fuente de financiación federal”.
Sin embargo, en opinión de Wolgin, ninguna de las 600 ciudades y condados que limitan su cooperación con Inmigración en materias de competencia federal viola la Sección 1313 mencionada en el memorando de Session y no deben temer la pérdida de subsidios.
Según apuntó, a las llamadas ciudades santuario se les reclama que limitan el cumplimiento de las retenciones de indocumentados en prisión pedidas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), o que no informan cuando un indocumentado está por ser liberado.
Además, que prohíben que las fuerzas policiales pregunten sobre el estatus migratorio de las personas en encuentros rutinarios o que limitan los acuerdos para que agentes policiales realicen tareas migratorias.
Wolgin dijo que las amenazas de Sessions se parecen más a “un tigre de papel, sin dientes”, y advirtió asimismo que la revocación de fondos federales podría ser una violación constitucional.
Fuente:EFE
