La justicia brasileña condenó este martes al poderoso empresario brasileño Marcelo Odebrecht a 19 años y cuatro meses de cárcel por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal, en el último capítulo del multimillonario fraude a Petrobras.
El empresario, de 47 años, está en prisión desde hace casi nueve meses y presidió hasta diciembre pasado la constructora que lleva su apellido, además de ser uno de los más encumbrados hombres de negocios involucrados en el escándalo que desvió más de 2.000 millones de dólares de la petrolera (unos 1.814 millones de euros, al cambio actual).
El juez Sergio Moro, quien tramita la causa, aseguró en su fallo -al que accedió la AFP- que las pruebas llevan a la conclusión de que "hubo ventaja indebida, o sea, sobornos, pagados por el grupo empresarial (Odebrecht) a los agentes de Petrobras" porque "no fue identificada ninguna causa lícita para esas transferencias".
Según el magistrado, los pagos ilegales hechos por la compañía a funcionarios de Petrobras sumaron 108,8 millones de reales (unos 28,7 millones de dólares) más otros 35 millones de dólares.
Marcelo Odebrecht fue condenado por haber cometido 11 veces el delito de corrupción activa y 50 veces el de lavado de dinero.
Junto con él, también recibieron condenas adicionales varios exdirectivos de la petrolera estatal ya detenidos por el "Petrolao".
Élite
La sentencia es el último desenlace de una megacausa que salpica a la élite empresarial y política de Brasil, que tiene derivaciones en varios países y cuyas consecuencias aún son inciertas.
Odebrecht es uno de los mayores conglomerados empresariales de ingeniería de América Latina, con presencia en 23 países y que antes de que eclosionara el escándalo facturaba cerca de 40.000 millones de dólares anuales.
Contactados por la AFP, los abogados de la firma calificaron la sentencia como "injusta" y equivocada por considerar que "no encuentra fundamento en las pruebas producidas" a lo largo del juicio y aseguraron que batallarán por la "libertad e inocencia" del empresario en instancias superiores.
La trama revelada por la denominada 'Operación Lava Jato' (lavadero de autos) arrojó luz sobre un esquema en el que grandes constructoras sobornaban a directivos de Petrobras apadrinados por partidos políticos para poder manipular las licitaciones y cobrar sobreprecios por las obras.
Según la investigación, cuyo pilar son las llamadas "delaciones premiadas" que permiten a los acusados firmar acuerdos de colaboración con las autoridades a cambio de una reducción de sus sentencias, los sobreprecios eran luego distribuidos entre los involucrados y distintas fuerzas políticas, predominantemente el gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) y sus aliados.
La procuraduría de la República define el caso como un sistema de desvío de dinero que "beneficiaba a empresas que se enriquecían a costa del Estado, directivos de Petrobras que vendían favores, lavadores profesionales de dinero que pagaban sobornos y políticos y partidos que sustentaban a los directivos de Petrobras y a cambio recibían la mayor parte de los sobornos, que los enriquecían y financiaban sus campañas".
Lula en la mira
Además de Odebrecht, la causa llevó a la detención de directivos de otras grandes constructoras, como Camargo Correa o Andrade Gutierrez; el exjefe de gabinete del Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) Jose Dirceu; o el extesorero del PT Joao Vaccari; y hay decenas de legisladores con cargos vigentes en la mira de la justicia.
Recientemente, la policía capturó a Joao Santana, publicista de campañas presidenciales del PT, por el mismo escándalo.
Y la semana pasada, la policía llevó a declarar forzadamente a Lula en el marco de una investigación sobre eventuales delitos de corrupción, que según la fiscalía pública, evidenció sospechas de que "constructoras beneficiadas del esquema de Petrobras" pagaron abultadas cifras al Instituto Lula y a LILS Palestras, una firma del expresidente ligada a su trabajo como conferencista.
La operación incluyó militares camuflados y cortes de vías aledañas a la vivienda del exmandatario y recalentó el clima político en Brasil, que el domingo tendrá protestas callejeras de la oposición y el oficialismo.
Con la economía hundida en una recesión y una popularidad de apenas el 11%, la presidenta Dilma Rousseff enfrenta dos procesos que podrían poner fin anticipadamente a su mandato, previsto hasta el 1 de enero de 2018, y que son impulsados por una oposición en guerra abierta contra su Gobierno.
Los nombres de Lula y de Odebrecht ya había sido ligados el año pasado, cuando se abrió una pesquisa para dilucidar si Lula, figura icónica de la izquierda latinoamericana que dejó su presidencia con una popularidad histórica de 80%, no había usado su influencia en el exterior para beneficiar a la empresa de ingeniería.
La procuraduría pidió a todos los acusados en las varias causas que agrupa la Operación Lava Jato un resarcimiento total de 14.500 millones de reales (unos 3.825 millones de dólares).
Fuente:AFP
