Bogota.- La corrupción sistémica en Latinoamérica ha perdido la fuerza de su sustento, la impunidad, tras el caso Odebrecht, que durante el año que acaba ha llevado ante la Justicia a decenas de empresarios, políticos y gobernantes.
Los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por cientos de millones de dólares ha revelado como realidad patológica crónica la corrupta connivencia de las estructuras públicas y privadas de poder en Latinoamérica.
La Justicia, la prensa y diversos órganos de representación social nunca antes habían reaccionado en Latinoamérica de manera tan conjunta y contundente ante una situación como la suscitada por Odebrecht, quizás solo comparable al narcotráfico por su toxicidad política, dimensión y alcance continentales.
El ejemplo más notable de magnitud política del proceso Odebrecht es el de Perú, donde, entre otras muchas personalidades, están implicados, investigados, acusados o encarcelados todos los presidentes de la república que sucedieron a Alberto Fujimori (1990-2000), quien, por cierto, cumple condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción.
Alejandro Toledo, inmediato sucesor de Fujimori, se encuentra en Estados Unidos huido de la Justicia peruana, que ha pedido su extradición bajo la acusación de haber recibido de Odebrecht un soborno de 20 millones de dólares cuando era presidente de la república (2001-2006).
El actual presidente peruano, primer ministro y titular de Economía durante el mandato de Toledo, Pedro Pablo Kunczynski, afronta un proceso de destitución en el Congreso bajo la sospecha de haber recibido dinero de Odebrecht.
Las últimas campaña electoral y gestión presidencial de Alan García (1985-1990 y 2006-2011), quien sucedió a Toledo, son objeto de investigación, si bien el mandatario, hasta ahora, no ha sido acusado.
El sucesor de García, Ollanta Humala (2011-2016), y su esposa, Nadine Heredia, cumplen prisión preventiva bajo la acusación, entre otros delitos de corrupción, de haber recibido de Odebrecht un soborno de 3 millones de dólares.
El actual vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, ha sido condenado a seis años de cárcel por el delito de haber recibido 13,5 de los más de 33 millones de dólares que Odebrecht ha confesado destinar a sobornos en Ecuador.
La actuación ilícita de Glas sucedió cuando ya ejercía su cargo durante la administración del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
En Panamá, el país donde Odebrecht es el principal contratista del Estado con inversiones que superan los 3.000 millones de dólares desde 2006, están procesadas 68 personas por los sobornos de la multinacional, entre ellas varios exministros y dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
Los hijos de Martinelli se encuentran huidos de la Justicia, y su padre, encarcelado en EEUU a la espera de ser extraditado a Panamá por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos y de realizar escuchas telefónicas ilegales.
Odebrecht ha acordado pagar al Estado de Panamá una multa de 220 millones de dólares en 12 años por los sobornos que ha admitido haber efectuado en ese país y colaborar con la Justicia, a cambio de inmunidad para sus ejecutivos implicados.
El actual presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, admitió que su partido recibió dinero de Odebrecht para sus campañas electorales, pero aseguró que fueron “donaciones, no sobornos”.
En República Dominicana, donde Odebrecht admitió haber pagado sobornos por 92 millones de dólares, hay 14 personas acusadas y en libertad bajo fianza, entre ellas el exministro de las carteras de Comercio y de Economía Temistocles Montás, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PDL), actualmente en el gobierno.
En Colombia, están encarcelados a la espera de juicio el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales y el exsenador Otto Bula, ambos por los delitos confesos de haber recibido sobornos de Odebrecht de 6,5 y 4,6 millones de dólares, respectivamente.
En Argentina, México, Chile y Venezuela no han prosperado las investigaciones abiertas o denuncias realizadas a raíz de las confesiones en Brasil de los ejecutivos de Odebrecht en esos países.
En Brasil, el caso Odebrecht es solo una parte del entramado judicial conocido como “Lava Jato”, que investiga los sobornos de las principales constructoras del país para adjudicarse obras del gigante estatal petrolero Petrobras y que ha remecido los cimientos del poder político y económico del país.
El expresidente y dueño de la multinacional Marcelo Odebrecht cumple condena desde 2016 a 19 años de cárcel pero abandonó la prisión en que se encontraba el pasado 18 de diciembre para cumplir su pena atenuada en régimen de arresto domiciliario a cambio de sus delaciones.
Marcelo Odebrecht aseguró a la Justicia que su empresa pagó 13 millones de dólares para gastos particulares tras su salida del gobierno al expresidente brasileño Luiz Inácio da Silva (2003-2010), quien ha sido condenado en primera instancia a 9 años y medio de cárcel por delitos de corrupción.
Fuente:Agencias
