Washington.- El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, defendieron dos proyectos de ley que serán sometidos a votación hoy mismo en la Cámara Baja y que endurecen las medidas contra los inmigrantes.
Con el objetivo de cumplir las promesas de campaña del presidente Donald Trump para combatir el crimen y la inmigración ilegal, la Cámara de Representantes votará hoy una ley que intensifica las penas a los criminales deportados que hayan reingresado al país, y otra que castiga a las conocidas como “ciudades santuario”.
“Las ciudades santuario hacen a nuestro país menos seguro”, aseguró Kelly en rueda de prensa conjunta con Ryan, quien insistió en que estos municipios, que protegen a los indocumentados de la deportación, ponen “las vidas de los estadounidenses en riesgo y eso no se puede tolerar”.
La ley planteada contra estas localidades pretende retirar fondos federales a sus ayuntamientos, quienes no persiguen a los inmigrantes indocumentados y se niegan a colaborar con las autoridades migratorias para su identificación y arresto.
“El presidente ha dejado claro que nuestras fronteras no están abiertas a la inmigración ilegal, que somos una nación de leyes”, agregó el secretario de Seguridad Nacional.
En ese sentido, el representante conservador Bob Goodlatte, patrocinador de los dos textos legislativos, insistió en que las ciudades que reciban fondos de los impuestos de los ciudadanos “para mantener segura a la gente, tienen que seguir la ley”.
El otro proyecto que será sometido hoy a votación es la conocida como Ley de Kate, en memoria de una joven que murió en 2015 por un disparo de un indocumentado, busca incrementar las penas para los inmigrantes condenados por ciertos crímenes que, tras ser deportados, han vuelto a ingresar a EE.UU. de manera ilegal.
Kate Steinle, de 32 años, murió cuando caminaba en un muelle de San Francisco con su padre debido a un disparo efectuado por un inmigrante que se encontraba en situación irregular en el país.
El sospechoso, Juan Francisco López Sánchez, había sido deportado varias veces y tenía varias condenas por delitos graves en su expediente cuando acabó con la vida de la joven.
Fuente:EFE
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