Santo Domingo.- La comisión designada por el presidente Danilo Medina para que investigue si hubo irregularidades en la licitación y posterior adjudicación a la empresa Odebrecht de la planta termoeléctrica de Punta Catalina determinó que el proceso fue legal y en cumpliendo con los términos de referencia que se establecieron al inicio del mismo.
Tras casi seis meses de investigación, entrevistas, interrogatorios a funcionarios que participaron en el proceso, la Comisión suministró los detalles del análisis en una rueda de prensa en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
La comisión recomendó, asimismo, que la ley 340-06 sobre Contrataciones de Obras sea revisada porque pone en desventaja al Estado cuando se trata de adjudicaciones de obras de gran magnitud.
De igual modo, sugirió que la Procuraduría General de la República profundice la denuncia de sobornos en el Congreso para el financiamiento de la obra.
Recomendó también que continúe la construcción de la obra, debido a la gran inversión en que ha incurrido en Estado dominicano.
Dijo que no es posible que otras empresas terminen la construcción sin la participación de Odebrecht.
Recomendó también a la Procuraduría General de la República que amplíe las indagatorias sobre los sobornos en el Congreso para el financiamiento de esa obra.
Se espera que la Comisión ponga a disposición del Ministerio Público ”cualquier información relevante que pudiera obtener, que comprometa la responsabilidad penal de cualquier funcionario o persona particular”.
La comisión está presidida por monseñor Agripino Núñez Collado, e integrada por el reverendo Jorge Alberto Reynoso; Pedro Brache, presidente del Consejo Económico de la Empresa Privada (Conep); José Luis Corripio Estrada, empresario privado; Gabriel del Río Doñé, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, y Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
Asimismo, Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Celso Marranzini, exvicepresdiente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); César Sánchez, exadministrador general de la CDEEE, y el economista Jaime Aristy Escuder.
Fuente:Jhonny Trinidad
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