El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció este miércoles la creación de una nueva oficina especializada dedicada a la revocación de la ciudadanía a inmigrantes que hayan cometido delitos graves tales como terrorismo, agresión sexual, crímenes de guerra y “estafadores que obtuvieron la naturalización de forma ilícita”.
La Sección de Desnaturalización de la División Civil estará centrada en investigar y litigar la desnaturalización en casos específicos, tarea que se sumará las secciones existentes dentro de la Oficina de Litigios de Inmigración de la División Civil: la Sección del Tribunal de Distrito y la Sección de Apelaciones, informó e DOJ en un comunicado en su página web.
El DOJ señala en el comunicado que la Oficina de Litigios de Inmigración consiguió revocar la ciudadanía en 95% de los casos; sin embargo, en los últimos años la cifra de nuevos expedientes en aumento constate llevó al Gobierno a crear la división especializada.
“Es una afrenta a nuestro sistema cuando un terrorista o delincuente sexual se convierte en ciudadano estadounidense bajo falsas pretensiones. Y es ofensivo en mayor medida para quienes son víctimas de estos criminales”, expresó el fiscal general adjunto Jody Hunt.
“La Sección de Desnaturalización fortalecerá los esfuerzos del Departamento para perseguir a aquellos que obtuvieron el estatus de ciudadanía de forma ilícita y garantizará que sean penalizados por su conducta fraudulenta”, agregó Hunt.
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Si bien los fiscales se enfocarán en casos de naturalizados que cometieron crímenes graves, los oficiales también pondrán especial atención en aquellos inmigrantes que obtuvieron la ciudadanía de forma fraudulenta, ya sea por un matrimonio arreglado o al mentir sobre aspectos esenciales sobre su pasado o las condiciones en las que llegaron al país.
Uno de los casos que el DOJ menciona para justificar la nueva oficina especializada está el de U.S. v. Lopez, No. 18-cv-00527 (D. Md.). El Gobierno revocó la ciudadanía que Moisés Javier López obtuvo en marzo de 2013 debido a que mintió sobre las acusaciones de agresión sexual de un menor entre 2011 y 2013.
El tribunal determinó que, debido a que cometió los delitos antes de su naturalización, el acusado carecía del buen carácter moral requerido por las leyes federales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) redobló esfuerzos desde 2017 para reducir los fraudes migratorios por medio de diversos programas encabezados por la oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) y la agencia Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El endurecimiento de los procesos es parte del plan implementado en 2019 por la administración de Trump para someter a un escrutinio más estricto a los inmigrantes que solicitan la residencia permanente y la ciudadanía.
Los casos de desnaturalización requieren que el Gobierno demuestre que el acusado obtuvo el estatus de forma ilegal o al ocultar un hecho o por tergiversación intencional.
Fuente:Telemundo
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