San Pedro de Macorís, República Dominicana.- La historia repetida….Johan Manuel Ramírez estuvo 18 meses en prisión por el intento fallido de asesinato a puñaladas de su pareja sentimental, Juana Domínguez Salas, el 19 de septiembre del 2017.
Tras un acuerdo con las autoridades de San Pedro de Macorís, Ramírez obtuvo su libertad y el destino de la mujer de 33 años quedó sellado.
El pasado 4 de noviembre Juana Domínguez Salas, madre de 4 niños, exhaló por última vez. Falleció por los golpes que supuestamente recibió por parte de su pareja.
Su deceso, cuyas circunstancias aún se investigan, ha conmovido a la sociedad de una provincia que, solo dos meses antes, asistió a la triste despedida de Anibel González.
Tanto la muerte de Juana como la de Anibel tienen en común que hubo acuerdos que beneficiaron a sus agresores, y que sus muertes, según sus familiares, ya estaban anunciadas.
Yasmil Oscar Fernández, el asesino de Anibel González, fue condenado por tentativa de homicidio contra la mujer que prometió amar y cuidar, a solo cinco años de prisión, de los cuales cumplió dos.
Una vez cometido el hecho, Fernández se quitó la vida dejando en la orfandad plena a tres niñas.
En el caso de Ramírez, este decidió entregarse a las autoridades horas después de la muerte de Juana Domínguez.
Este explicó que el deceso sucedió tras el reclamo de la mujer por una supuesta llamada que vio en el celular del presunto victimario, originándose una discusión y forcejeo. Según narró, en el forcejeo, empujó a Juana, quien se golpeó la cabeza al caer al suelo.
El acuerdo era irregular
Según la documentación existente, el acuerdo fue aprobado por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís y por el juez Richard H. Berra Reyes.
El mismo establecía que el acusado debía abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas de manera excesiva, consumir drogas y no portar armas. También debía asistir a charlas de terapia conductual y aprender un oficio. Finalmente, el 25 de marzo de este año salió de prisión.
Sin embargo, este miércoles seis, la Procuraduría General de la República informó que el acuerdo era irregular, pues no estaba aprobado por el director de la Oficina Nacional de persecución del Ministerio Publicó como lo establecen las normas.
Sobre el mismo, la vocera de la PGR, Julieta Tejada, explicó que el acuerdo fue firmado por la suspendida directora de la Unidad de Violencia de Género de San Pedro de Macorís, Margarita Hernández Morales, quien también firmó el acuerdo que dejó en libertad a Yasmil Oscar Fernández.
Sostuvo que este tipo de acuerdos está prohibido por tratarse de una tentativa de asesinato y que el convenio ya estaba bajo investigación.
Fuente:Externa
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