Nueva York.- La ley Driver’s License Access and Privacy Act (A.3675-B) también conocida como "Green Light NY" o "Luz Verde”, no es la única directriz que la Asamblea y el Senado aprobaron en protección de las comunidades hispanas, inmigrantes e indocumentadas del estado.
Estas son las cuatro leyes que la Legislatura aprobó tras años de marchas, organización comunitaria y denuncias que visibilizaron la situación de abuso en granjas y centro de trabajo, el robo de salario y la amenaza de los patrones de llamar a las autoridades de inmigración para acallar a los trabajadores que demandaban el respeto de sus derechos.
1-CASTIGO A PATRONES QUE AMENAZAN CON LLAMAR A ICE
Se trata de la primera propuesta de ley de la fiscal general Letitia James aprobada por la Legislatura, la cual enmienda de la Ley Laboral del estado para penalizar las amenazas de deportación de empleadores en contra de trabajadores que demanden mejoras laborales, de salario y su derecho a organizarse.
La ley, impulsada por la senadora Jessica Ramos y el asambleísta Marcos Crespo, castiga a los patrones que contacten o amenacen con contactar a las autoridades de inmigración bajo la sospecha de ciudadanía o estatus migratorio de un trabajador y de su familia.
James destacó que la violación de esta ley se clasificaría como un delito menor de clase B, lo que conllevaría hasta tres meses de cárcel y una multa de hasta $ 20,000.
El Departamento de Trabajo de Nueva York informó que, en los últimos tres años, sus investigadores han procesado al menos 30 casos de amenazas a trabajadores por su estatus inmigratorio. Sin embargo, el número de casos podría ser más alto, pues muchos trabajadores sin estatus migratorio legal temen denunciar.
La medida amplía la definición de represalia para incluir las amenazas al estatus inmigratorio de un trabajador, lo que también se clasificaría como discriminación.
Los inmigrantes son más propensos a ser víctimas de robo de salario, acoso sexual y violaciones de seguridad en el lugar de trabajo que los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.
La fiscal advirtió en un comunicado que los inmigrantes indocumentados son vulnerables al acoso sexual y robo de salario. Cada año, según James, 6.5 millones de trabajadores indocumentados experimentan algún tipo de robo de salario y un 85% de los inmigrantes se quejan de no haber recibido pagos por horas extras y los latinos nacidos fuera de los Estados Unidos tienen más posibilidades de sufrir accidentes y morir en sus trabajos.
2-NUEVA LEY EXIGE PAGO DE HORAS EXTRAS Y DÍAS LIBRES A TRABAJADORES DE FINCAS
La Ley de Prácticas Justas para los Trabajadores Agrícolas de Nueva York culmina con lo que los defensores califican como 84 años de explotación a centenares de trabajadores de fincas, la mayoría hispanos indocumentados a lo que se les niegan derechos laborales básicos como días libres y el pago de horas extras.
Un estimado de 80,000 y 100,000 trabajadores de fincas esenciales para la industria lechera del norte del estado, los cultivos de frutas y hortalizas, además de los invernaderos y viñedos de Long Island, se benefician de la nueva norma, esto tras décadas de marchas y denuncias.
La Asamblea de Nueva York calcula que la fuerza laboral de las fincas se constituye por un 90% de inmigrantes hispanos, mayoritariamente mexicanos.
Los trabajadores han denunciado que los patrones no solo los obligan a trabajar entre 80 y 100 horas a la semana sin pago de horas extra, también los exponen a condiciones laborales inseguras e insalubres, incluso a accidentes mortales.
La ley exige un pago de horas extra equivalente a al menos 1.5 veces la tasa de pago regular del trabajador después de 60 horas a la semana, además de 24 horas de descanso consecutivo por semana, lo que le brinda al trabajador la posibilidad de elegir trabajar en su día libre con horas extras.
En Nueva York, la industria agrícola produce aproximadamente $5 mil millones anuales y provee hasta 198,000 empleos. En el estado operan unas 35,000 granjas.
Los patrones encaran multas de entre $200 y $500, dependiendo de la violación.
3- LEY DE PROTECCIÓN CONTRA EL ROBO DE SALARIOS GANADOS
La Legislatura también aprobó la Ley de Protección contra el Robo de Salarios Ganados (SWEAT, sus siglas en inglés), que ayuda a los empleados a recuperar los salarios que les han sido robados por sus empleadores.
La legislación permitirá a las víctimas cobrar sus salarios robados al cerrar las lagunas legales en la ley estatal que les permite a los patronos evitar su obligación legal al ocultar o transferir sus bienes (A.486-B, Rosenthal).
“La mayoría en la Asamblea ha luchado arduamente para aumentar el salario mínimo para los neoyorquinos y proteger a las familias trabajadoras”, dijo el presidente de la Asamblea Heastie. “Desafortunadamente, no todos los patronos valoran a sus trabajadores o siguen la ley. “Esta legislación implementará mecanismos legales para garantizar que las víctimas de robo de salarios puedan recuperar los salarios robados de empleadores inescrupulosos”, añadió Heastie.
El proyecto de ley SWEAT, “sudor” en español, crea un “gravamen en beneficio del empleado” para todos los trabajadores, ampliando las disposiciones de gravamen existentes que proporcionan remedios de gravamen para empleados de mejoras de hogares. Esto permitirá a las víctimas a poner un embargo temporal sobre la propiedad de un empleador que no le paga su salario. La legislación también facilitaría a las víctimas de robo de salarios a solicitar la anexión de los activos del patrono durante un juicio pendiente, antes de que se puedan vender o transferir las propiedades o los bienes.
En 2018, se devolvieron $35 millones a más de 35,000 víctimas de robo de salarios en el estado de Nueva York. Desde 2011, el estado ha recuperado y devuelto más de $285 millones en salarios robados a más de 250,000 trabajadores.
4-JUSTICIA PARA SOBREVIVIENTES DE ABUSO SEXUAL
En su último día de sesión, la Asamblea y el Senado también aprobaron una legislación que ayudará a garantizar que los sobrevivientes de agresión sexual puedan obtener justicia y responsabilizar a los agresores.
I’m proud that the Legislature just passed two major parts of our 2019 Women’s Justice Agenda.1. Extending statute of limitations for 2nd and 3rd degree rape2. Major new workplace harassment protections, incl. changing the ‘severe or pervasive’ requirement#TIMESUP
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Actualmente, el sistema penal exige que los casos de violación en segundo o tercer grado se denuncien dentro de los cinco años en los que ocurrió el ataque, con limitadas excepciones.
La nueva legislación extendería ese estatuto de limitación a 20 años por violación en segundo grado y 10 años por violación en tercer grado.
Además, la ley aumentaría el período de tiempo para que una víctima presente una demanda civil dentro los 20 años en los que ocurrió el ataque. Estas disposiciones darán a las víctimas tiempo para recuperarse de su trauma sin perder la capacidad de buscar un recurso legal, según la Legislatura.
Fuente:Telemundo
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