Phoenix.- Las mejoras prometidas por el estado de Arizona en cuanto a la calidad de los cuidados médicos otorgada a los presos estarán bajo escrutinio de un juez federal esta semana.
Demandas colectivas y acusaciones sobre estos servicios se definirán en las audiencias del martes y el miércoles cuando el juez David Duncan determine si multará al estado por no haber mejorado la atención a los reclusos.
Duncan convoco a estas audiencias luego de expresar en reiteradas ocasiones su frustración descrita como la "abyecta falla" del estado para realizar las mejoras que prometió hace tres años cuando resolvió las acusaciones de que los reclusos estaban recibiendo atención médica de mala calidad.
Además, el juez advirtió que podría declarar que el director del Departamento de Correccionales de Arizona, Charles Ryan, y otro funcionario carcelario incurrieron en desacato civil a la corte y multar al estado con mil dólares por cada punto de incumplimiento de diciembre y enero.
El estado ha reconocido más de mil de estos casos en diciembre, lo que significa que podría recibir una multa de hasta un millón de dolares solo ese mes.
Arizona enfrenta el lunes un plazo para revelar casos de incumplimiento en enero, aunque el juez está dejando que parte de esa información se presente el mes próximo.
Las áreas en las que Duncan requiere mejoras incluyen asegurar que los medicamentos recientemente recetados se proporcionen a los reclusos dentro de los dos días y hacer que los proveedores médicos informen a los reclusos sobre los resultados de los informes de patología y otros estudios de diagnóstico dentro de los cinco días de recibir dichos registros.
Andrew Wilder, un vocero del Departamento de Correcciones, se negó a comentar sobre las próximas audiencias.
Ryan dijo en una audiencia en la Legislatura el 13 de febrero que su agencia está progresando en el cumplimiento del acuerdo y que el estado no planea pagar ninguna multa que pueda ser impuesta.
La empresa Corizon Health Inc. se ha desempeñado como proveedor de atención médica para las prisiones de Arizona durante los últimos cinco años. La compañía no es un objetivo en la demanda.
Corene Kendrick, uno de los abogados que representan a más de 33 mil presos en la demanda, dijo que el pago del contratista socavaría el propósito de la multa, que es forzar al estado a mejorar la atención.
Kendrick dijo que los abogados encontraron 420 casos adicionales de incumplimiento que el estado no informó al tribunal.
Fuente:AP
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