Santo Domingo.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dominicana rechazó hoy un recurso de apelación del Ministerio Público que buscaba que un exministro y un empresario, implicados en la red de sobornos que la constructora brasileña Odebrecht pagó en el país, retornarán a prisión.
La decisión, que favorece al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y al empresario Ángel Rondón, fue tomada a unanimidad, según explicó la presidenta de la Sala, Miriam Germán Brito, al término de la audiencia, e informó de que la sentencia íntegra será leída el próximo 29 de noviembre,
De esta manera, este tribunal ratificó la decisión del juez Francisco Ortega Polanco, de la SCJ, que el 8 de septiembre pasado dispuso la libertad condicional de Rondón y Díaz Rúa, en contra de los cuales había dictado el 7 de junio, 1 año y 9 meses de prisión preventiva, respectivamente, por su presunta implicación en el caso.
La Procuraduría General había apelado la decisión del juez Polanco Ortega tras considerar que la variación de las medidas de coerción a esos dos imputados carece de fundamento, porque no han cambiado las condiciones que en junio pasado determinaran que este magistrado dictara prisión preventiva contra los acusados.
Tras concluir la audiencia, Juan Antonio Delgado, uno de los abogados de Rondón, valoró la decisión del tribunal y argumentó que que no existe “justificación alguna” para que su cliente vuelva a prisión ya que, afirmó, “no representa peligro de fuga y no atenta contra la investigación que realiza el Ministerio Público”.
El empresario Rondón, de acuerdo con el expediente, fue quien recibió y distribuyó entre políticos y legisladores los 92 millones de dólares que Odebrecht reveló pagó en el país entre 2001 y 2014 para agenciarse la adjudicación de contratas gubernamentales.
En el caso figuran otros 12 imputados, entre ellos, el ahora exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal opositor) Andrés Bautista García, quienes fueron enviados a prisión, pero ahora están en libertad condicional, al igual que los demás imputados.
Las autoridades se concentran en ampliar las investigaciones, que deberán concluir en febrero próximo, según el plazo de ocho meses otorgado por el juez Ortega Polanco para tales fines en el junio pasado.
Fuente:EFE
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