Con cara de angustia, sin querer hacer declaraciones y después de doce horas y media de audiencia pública, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, recibió el sábado por la noche la noticia de que irá a juicio por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Un juez federal consideró que había indicios suficientes y razonables para pensar que el exgobernador del Partido Revolucionario Institucional -el mismo del presidente, Enrique Peña Nieto- era ''la cabeza principal'' de una organización criminal mediante la que se transfirieron fondos públicos del gobierno veracruzano a numerosas empresas fantasma, sobre todo a través de la compra de terrenos.
Hasta que se celebre el juicio, Duarte permanecerá encarcelado en la prisión de Ciudad de México donde se encuentra actualmente.
Según la acusación, el exmandatario desvió unos $80,000 ($1,670 millones de pesos) entre 2011 y 2016 mediante operaciones bancarias a través de al menos 38 empresas ficticias -algunas de ellas en Estados Unidos- que operaban en Veracruz, el estado de Campeche y la Ciudad de México.
Con ese dinero, distintos prestanombres suyos habrían realizado numerosas compraventas de terrenos con sobreprecios de hasta un 15,000%, adquisiciones de apartamentos, vehículos de lujo y joyas, y hasta la compra de un piso para una amante del mandatario.
Aunque la defensa consideró que todas las acusaciones eran ''endebles'' e incluso ''patéticas'' porque no se concretaba el papel del político ni quedaban claros los montos evadidos, la fiscalía presentó 82 pruebas, principalmente documentos bancarios, escrituras y dos testimonios de excolaboradores suyos, que el juez consideró suficientes para iniciar el proceso.
No obstante, el juez dio seis meses más para ampliar la investigación, periodo en el que los fiscales esperan recabar pruebas de cuentas e inmuebles en Suiza presuntamente a nombre del propio Javier Duarte.
Duarte, detenido en Guatemala el 14 de abril y extraditado a México el lunes, escuchó las acusaciones de los fiscales durante más de cuatro horas vestido con el uniforme de recluso y la cara muy seria, a veces jugueteando con papeles y otras con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el techo.
Una treintena de periodistas presenciaron el primer juicio oral de tanto calado mediático desde la aplicación del nuevo sistema de justicia el año pasado.
Atrás quedaba esa imagen del político agresivo que en 2010 era el representante de un PRI teóricamente renovado.
Hace nueve meses, antes de dejar el poder y escapar de la justicia, Duarte se jactaba de no tener nada que ocultar a pesar de que durante su sexenio Veracruz no solo sufrió los embates de la corrupción sino que vio multiplicarse los homicidios, las desapariciones, las agresiones a periodistas, las fosas clandestinas y la violencia vinculada al crimen organizado, en ocasiones ante la inacción o con la complicidad de las autoridades.
Tres meses después de su captura, los fiscales mexicanos, que en una primera audiencia recibieron burlas de la defensa y el propio Duarte por no estar suficientemente preparados, explicaron con mucho más detalle el supuesto entramado de desvío de fondos, flujo de dinero y pagos a empresas que el inculpado incluso monitoreaba con un software especial.
La fiscalía explicó que, según las declaraciones de dos de sus excolaboradores, el dinero salía sobre todo de las secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Agrario de Veracruz, y que el propio mandatario llegó a hacer desaparecer registros contables que lo pudieran incriminar.
Javier Duarte es uno de los tres mandatarios del PRI detenidos actualmente por corrupción, uno de los factores, que junto con la violencia y la inseguridad, han hundido la popularidad del presidente Peña Nieto hasta un 17% sin precedentes.
Fuente:AP
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