Así lo anunciaron hoy en una rueda de prensa enfrente del Capitolio de Texas varios representantes de la capital, Austin, de la fronteriza El Paso, y de Dallas, mientras que los miembros de Houston y San Antonio aseguraron que están estudiando también varias posibilidades en este sentido.
Entre otros, el alcalde de Austin, el demócrata Steve Adler; el concejal de la ciudad de San Antonio, Rey Saldaña; la jueza del condado de Travis, Sarah Eckhardt; David Stout, del comisionado del Condado de El Paso; el concejal de Houston, Robert Gallegos; y Philip Kingston, del Ayuntamiento de Dallas, firmaron una pizarra dónde se podía leer: “¡Me comprometo a luchar la SB4 cada paso del camino hasta que ganemos!”.
“No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante una ley que es racista y anticonstitucional y que traiciona a una amplia parte de nuestra comunidad”, aseveró en las escaleras del edificio gubernamental el concejal de la ciudad de Austin, Greg Casar.
Aunque dijo no poder dar más detalles sobre la estrategia legal para frenar la ley, aseguró que los recursos estarán listos antes del 1 de septiembre, fecha prevista para que la ley entre en vigor, según estipulan las reglas de la legislación texana.
En este sentido, Stout, de El Paso, dijo que la ciudad fronteriza presentará un requerimiento judicial la próxima semana, después de que ayer el comisionado local aprobase presentar una demanda de inconstitucionalidad contra esta polémica ley.
“Lucharemos con uñas y dientes hasta que esta ley este seis pies bajo tierra”, exclamó el representante de El Paso.
Esta legislación, conocida como SB4, que penaliza a los Gobiernos locales e instituciones que no cooperen con las autoridades migratorias federales en la identificación de los inmigrantes indocumentados, podría acarrear penas de cárcel para los sheriffs texanos encargados de las oficinas que no cooperen con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La ley incluye una enmienda que permitirá a los agentes de policía cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas en Texas.
Según esta adición, muy similar a una aprobada en Arizona en 2010 conocida popularmente como “enséñame los papeles”, las autoridades policiales podrán preguntar el estatus migratorio de las personas que, por ejemplo, detengan por un asunto de tránsito.
Por su parte, Kingston, de Dallas, catalogó la ley de “inmoral” y anunció que el consejo de la ciudad discutirá la semana que viene cómo abordar esta situación en los tribunales para acabar con esta legislación.
“Tenemos muchos recursos legales para encarar al estado”, apuntó el concejal, que aseguró que era el momento para que todas las grandes ciudades de Texas permanezcan unidas contra un gobernador, el republicano Greg Abbott, que está convirtiendo al estado sueño en un sitio “menos seguro”.
Para Gallegos, de Houston, esta ley “discriminatoria y racista” provoca que las comunidades sean “menos seguras” y afecta únicamente a la relación entre la policía local y las comunidades de inmigrantes.
Además de las autoridades locales, varios representantes estatales mostraron su disconformidad con el nuevo reglamento durante la conferencia de prensa.
“A lo largo del debate sobre el SB 4, el Caucus Legislativo Mexicano Americano y el Caucus Hispano del Senado han enfatizado repetidamente la inconstitucionalidad del proyecto de ley”, recordó Sylvia Garcia, senadora que representa Houston y presidenta del Caucus Hispano del Senado.
En la misma línea se expresó el legislador por Dallas y presidente del Caucus Legislativo Mexicano Americano, Rafael Anchía, quién apuntó que Abbott “continúa criminalizando a la comunidad de inmigrantes latinos para obtener ganancias políticas”, en vez de preocuparse por aspectos reales de la seguridad de Texas.
En las próximas semanas se espera que numerosos municipios de todo el estado aprueben resoluciones en las que expresen su intención de respaldar el litigio para impugnar el SB 4 y reafirmar su compromiso con políticas que respeten los vínculos entre la policía y las comunidades a las que sirven.
Sus acciones marcan el inicio de un “verano de resistencia” contra el SB 4, con una serie de litigios, protestas y otras acciones programadas en el estado de la estrella solitaria.
Texas se encuentra en el centro del debate nacional a raíz de la firma de esta polémica ley, que era una de las prioridades legislativas del mandatario estatal.
Fuente:EFE
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