Magistrado Francisco Ortega
Santo Domingo, República Dominicana.- El juez de Instrucción de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega, reenvió para el martes 6 de junio el conocimiento de medidas de coerción contra los implicados en el caso de sobornos de la empresa Odebrecht.
Esto para que la defensa pueda retirar los documentos probatorios del Ministerio Público que justifiquen el pedimento de medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva.
El Ministerio público inició este miécoles la lectura de las acusaciones en contra de los implicados en el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y pidió medida de coerción contra los mismos en virtud de lo que establece el Código Procesal.
El magistrado pidió un receso para analizar los planteamientos de la defensa de Temístocles Montás de que no habían recibido copias de las pruebas en su contra que sirven de base para solicitar una medida de coerción.
Los abogados pidieron al juez de la instrucción especial comprobar que se cumplieron las órdenes de proveer a los imputados del conocimiento de las solicitudes de petición de medida de coerción.
Se entregaron las notificaciones a los abogados de los imputados en el caso.
Al primero que están imputando es Ángel Rondón, quien es descrito por el Ministerio Público en el expediente como un empleado de gran influencia entre funcionarios y legisladores.
La audiencia comenzó a las 5:30 de esta tarde, en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia en el Centro de los Héroes.
Los acusados fueron trasladados desde el palacio de justicia de Ciudad Nueva en un autobús e introducidos por el sótano al edificio que aloja la Pocuraduría y la Suprema Corte, en el Centro de los Héroes.
Un cordón de seguridad ha sido colocado en la sede de la SCJ.
El grupo de imputados está integrado por el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás; el expresidente del Senado, Andrés Bautista; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; los exvicepresidentes de la CDEEE, Radhamés Segura y César Sánchez y el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) 2000-2004, Roberto Rodríguez Hérnández.
También, por el empresario Ángel Rondón, el ingeniero mecánico electricista Máximo D´Oleo, el abogado Conrado Pittaluga y Bernardo Castellanos, expresidente de la Comisión de Energía del PRD. Este último se encuentra en Panamá, y su orden de arresto fue notificada a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
También están acusados los senadores del Partido de la Liberación Dominicana por Santiago y San Cristóbal, Julio César Valentín y Tommy Galán, respectivamente, así como el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco, a quienes el Congreso Nacional tiene pendiente conocerles el desafuero.
Ministerio Público
El Estado está representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, y los fiscales Milciades Guzmán, Wilson Camacho, Joel López, Narciso Escaño, Carmen Díaz Amézquita, Francisco Polanco y Wagner Cubilette.
Fuente:Ali Nuñez
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