Denver.- La reciente muerte de una adolescente hispana de Denver, tiroteada dentro de su casa por presuntos pandilleros, sumada a otros tiroteos similares en las últimas semanas en varias zonas de la ciudad, han movilizado tanto a la policía como a iglesias para evitar nuevos enfrentamientos, indicaron hoy dirigentes locales.
“Necesitamos que nuestra comunidad tenga un lugar de refugio y de sanidad. No queremos que otra joven de 15 años muera por disparos de pandilleros”, declaró hoy a Efe el Pastor Scott Carranza, a cargo de Ministerios de Compasión “Jesús de Nazaret” en el oeste de Denver.
Carranza se refirió así a Kashmier Luján, quien pereció el pasado 3 de mayo cuando, poco después de las 3 de la mañana, cuando varios pandilleros dispararon decenas de veces contra la vivienda, donde también estaban dos adultos y otros tres menores.
Tres ese incidente, la iglesia de Carranza se transformó durante tres días y hasta este domingo en un “refugio seguro”, la primera vez que esa iniciativa (llamada “Safe Haven” en inglés) se activa en la zona de Denver para ofrecer un lugar neutral para proveer de recursos y de consejería emocional y espiritual a los afectados por la violencia.
“La violencia, sea de pandillas o no, impacta directa o indirectamente a toda la comunidad. Por eso hemos creado esos refugios seguros. Por la actual situación migratoria, muchos latinos quizá, por justos motivos, no confían en la policía, pero les pedimos que confíen en sus líderes religiosos”, explicó a Efe Paul Callanan, director de la Iniciativa de Reducción de Pandillas de Denver (GRID).
Según Callanan, ya son 25 iglesias de Denver que completaron el entrenamiento requerido.
“No se trata sólo de ofrecer recursos, sino de que la comunidad promocione sus propios valores y se facilite conocerse unos a otros. Una vez que uno se conoce, es más fácil trabajar juntos”, puntualizó.
La meta, dijo Callanan, no es evitar todo acto de violencia, “porque eso resulta imposible”, sino reducir la violencia, “y eso sí lo podemos hacer”, así como “controlar el impacto que la violencia tiene en la comunidad, porque todos sentimos y expresamos ese impacto de distintas maneras”.
En un comunicado sobre el caso de Luján, la comandante Barb Archer, del Departamento de Policía de Denver (DPD), indicó que la cantidad de disparos concentrados en una sola residencia indica que no se trató de un ataque al azar y que aparentemente el atacante estaba caminando y no dentro de un vehículo en movimiento.
Hasta el momento, no hay sospechosos del tiroteo y tampoco hay sospechosos en otros dos ataques similares, ocurridos en marzo pasado en el este de Denver, en los que presuntos pandilleros usaron “un número sorprendente de balas”, para balear viviendas y vehículos, según David Quiñonez, subjefe de DPD.
Dos hombres resultaron heridos en esas dos balaceras.
Según datos oficiales de DPD, de enero a marzo pasados creció la violencia de pandillas en otra zona de la ciudad, el noreste de Denver, un área con alta concentración de hispanos y afroamericanos, con 37 incidentes violentos durante ese trimestre contra 28 el año anterior.
La acción de las pandillas, obviamente, afecta a ciudades y comunidades de todo el país y “demoler” a las pandillas más violentas, como MS-13, es una de las prioridades del Gobierno federal, según dijo recientemente el fiscal Jeff Sessions durante una visita a Long Island, Nueva York, donde cuatro jóvenes fueron asesinados en abril pasado por presuntos pandilleros de la MS-13.
El Gobierno federal, dijo Sessions, tiene “un plan de batalla” contra los pandilleros, que se basa en “las políticas migratorias estrictas” del presidente Donald Trump.
De hecho, el Servicio de Inmigración y Protección Aduanera (ICE), anunció hoy la deportación de Ingmar Guandique Blanco, un salvadoreño de 35 años residente en Virginia, por ser miembro de la MS-13 y por sus serios antecedentes criminales.
A nivel local, la semana pasada, el FBI, DPD y 16 otras agencias de seguridad colaboraron en la detención de 52 presuntos miembros de la pandilla East Side Crisps, que operaba en parques en un área al norte del centro de Denver, donde vendían cocaína y “aterrorizaban” a la comunidad, según Robert Troyer, fiscal federal interino en Colorado.
Por eso, DPD prometió trabajar tanto con organizaciones comunitarias locales como con autoridades federales para que no se repitan los 23 tiroteos de pandillas del 2015, el número más alto en una década, incluso más alto que el llamado “Verano de la violencia” de 1993, que dejó 74 muertos.
“Buscaremos maneras prácticas y creativas de prevenir la violencia. No es fácil hacerlo, pero en esto todos formamos parte del mismo plan y todos desempeñamos un papel”, sostuvo Callanan.
Fuente:EFE
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