Un juez bloqueó el martes la orden del presidente Donald Trump de cortar fondos federales para las ciudades que ofrezcan protección a los indocumentados, conocidas como ciudades santuario.
El fallo fue realizado por la Corte de Distrito en San Francisco, California, y fue firmado por el juez William Orrick en respuesta a una moción presentada por el Condado de Santa Clara contra el decreto del presidente.
La Supervisora del Condado de Santa Clara, Cindy Chavez, no ocultó el martes su beneplácito por el fallo.
“Estamos luchando por la Constitución de Estados Unidos y tuvimos éxito luego que la administración Trump tratara de hacerlo. La decisión de la Corte es un triunfo para la gente más necesitada en nuestra nación”, dijo.
Justamente el martes, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, se había reunido con 15 alcaldes de ciudades santuario para tratar el espinoso tema.
Las ciudades santuario son aquellas que se niegan a colaborar con las autoridades federales para deportar a los indocumentados y a los inmigrantes que han cometido algún delito.
"Nos complace que los alcaldes que se reunieron hoy con nosotros nos aseguraron que quieren cumplir con la ley", había dicho Sessions en un comunicado tras la reunión con los 15 alcaldes.
"Todos queremos que estas jurisdicciones apoyen con entusiasmo la ley de Estados Unidos, que requiere la expulsión de extranjeros criminales, como muchas jurisdicciones ya hacen", añadió Sessions, quien no detalló si en la reunión se habló de los principales puntos de fricción entre el gobierno y las llamadas "ciudades santuario".
Durante la campaña electoral, Trump prometió que acabaría con las "ciudades santuario" y, en su primera semana en el poder, ordenó que se dejarían de otorgar subvenciones federales a esos territorios del país, a no ser que comiencen a cooperar con las autoridades de inmigración.
Esa retirada de fondos aún no se ha producido, pero el Gobierno ya ha dado varios ultimátum a las "ciudades santuario".
El último ultimátum se produjo el viernes cuando el Departamento de Justicia amenazó con recortar fondos a nueve jurisdicciones si, antes del 30 de junio, no demuestran que están colaborando con las autoridades federales y que les están informando del estatus migratorio de las personas detenidas.
Fuente:Telemundo
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