Juez José Alejandro Vargas
Santo Domingo.- Juristas, políticos, empresarios y activistas manifestaron su apoyo o su rechazo a la declaración de inadmisibilidad del procedimiento de homologación del acuerdo económico suscrito entre Odebrecht y el Estado dominicano que emitió este miércoles el juez José Alejandro Vargas, coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
Mediante el convenio la empresa brasileña se comprometió a pagar 184 millones de dólares, el doble de la cantidad que admitió haber pagado en sobornos a funcionarios de la República Dominicana que le garantizaban la adjudicación para construir obras del Gobierno.
Vargas señaló en su dictamen que la homologación del acuerdo requiere de un procedimiento procesal de mayor rigurosidad jurídica que la figura de la conciliación, ya que la misma es para dirimir conflictos “entre querellantes y querellados”.
Entre los que elogiaron la decisión del Magistrado figura el colectivo Marcha Verde, que además exigió la renuncia del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.
Entiende que “la resolución del juez Vargas muestra y desnuda al Ministerio Público por su incompetencia e ineptitud y sus claros vínculos políticos con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el presidente Danilo Medina”.
“Esta realidad se suma a las razones para la designación de fiscales independientes acompañados por especialistas de Naciones Unidas, como lo plantean los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que han firmado el Libro Verde”, agregó.
Abogado Néstor Arroyo
Para el abogado Néstor Arroyo la sentencia de Vargas es acertada. Explicó que “ahora se impone a las partes la activación de otros recursos jurídicos, si se pretende seguir adelante con el acuerdo”.
Indicó que “más allá de la decisión, hay algunas interrogantes que surgieron y que no quedaron claras. Por ejemplo, si Vargas actuó en su condición de juez de Atención Permanente o como juez de la Instrucción”.
“Si se obvia esta interrogante y se va al fondo de lo que Vargas decidió, entonces la decisión que ha tomado es la procesalmente correcta. Lo que decidió en virtud de que no es el procedimiento correcto, es una decisión bien dada”, afirmó.
Manuel Ulises Bonnelly Vega
Igual opinó el jurista Manuel Ulises Bonnelly Vega, quien explicó que “aunque la decisión es acertada, en el dispositivo de la sentencia el juez dice que se devuelve el asunto a las partes para que lo promuevan al amparo del procedimiento establecido para los casos que comportan la gravedad de los hechos”.
“Pareciera como si el juez estuviera sugiriéndole a las partes hacer arreglos en el documento del acuerdo y volvérselo a presentar a él”, afirmó.
Aclaró que “si se trata de presentar un nuevo acuerdo, las partes tienen libertad en el tiempo, pues esto no está sujeto a un plazo específico, y si las partes decidieran ejercer algún recurso, la oposición parece la mejor opción”.
Jorge Eduardo Prats
Para el asesor de la Procuraduría y uno de los autores del acuerdo, Jorge Eduardo Prats, la decisión de Vargas fue desacertada y desvirtúa la institución de la conciliación.
Dijo que el fallo “tiene groseras incongruencias en su motivación, cita jurisprudencia de Guatemala totalmente improcedente para el caso dominicano y sienta un nefasto precedente, pues impide la colaboración oportuna de Odebrecht para lograr imputar, enjuiciar y condenar a quienes fueron sobornados”.
Abogado de Odebrecht
De su lado, el abogado de Odebrecht, Robert Valdez, dijo que estudiará la decisión y que luego recurrirá a los recursos que la ley coloca a disposición de la empresa.
Indicó que asumirá de manera respetuosa el dictamen y que esperará a que el magistrado notifique su resolución a las partes.
“Estudiaré conjuntamente con el equipo legal de Odebrecht el contenido de la resolución y se deducirá la acción legal correspondiente”, dijo.
Finjus
El vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños Guzmán, opinó que “una decisión acertada del Gobierno habría sido suspender las operaciones de Odebrecht en el país y contratar a otra empresa para que finalice la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina”.
“Eso es lo que contempla la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. No se puede continuar trabajando con una empresa que ha confesado haber actuado de manera irregular. Estamos confiados en que serán sometidos los involucrados en los sobornos confesados por Odebrecht, tal como prometiera el presidente
Danilo Medina en su discurso de rendición de cuentas, porque, de lo contrario, sería el Mandatario el más afectado”, subrayó.
Empresario Frank Rainieri
Por su parte, el presidente del Grupo Punta Cana, Frank Rainieri, pidió a las partes que no se precipiten con las decisiones que emanen las investigaciones en torno al caso de soborno de Odebrecht y dijo que confía en el trabajo que desarrollan las instancias judiciales de la República Dominicana.
Fuente:Jhonny Trinidad
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