En la cárcel de condado de Muskegon, Michigan, 19 mujeres se hacinaban en una celda del tamaño de un vestidor. La pieza contenía un solo inodoro y un par de bancos. No había duchas, ni colchones. Un alfombra de orines, escupitajos y otros fluidos corporales cubría el suelo. Y también insectos. Era el invierno de 2012, cuando una mujer llamada Paulette Bosch entró en ese lugar infecto.
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El testimonio de Bosch aparece en la demanda federal que la American Civil Liberties Union (ACLU) presentó contra ese condado estadounidense. La reclamación describe cómo los carceleros someten a tratos degradantes a las detenidas. Por ejemplo, los guardianes las observan mientras ellas se cambian de ropa, se bañan o usan el servicio sanitario. Además, les niegan o retrasan el acceso a almohadillas sanitarias, papel higiénico, y cuidados médicos.
¿Una excepción? Por desgracia, no.
Abuso tras las rejas
“Cualquier cosa, desde ser encadenadas hasta el confinamiento solitario, pasando por ser observadas por agentes hombres en momentos que requieren privacidad, puede desencadenar el trauma sufrido y disminuir las perspectivas de recuperación de la salud mental y el comportamiento”, ha señalado Elizabeth Swavola al sitio Think Progress. Swavola, experta del Vera Institute of Justice, es la coautora del informe Overlooked: Women and Jails in an Era of Reform, publicado este mes.
Y los traumas abundan en la población penal femenina. Una de cada tres mujeres encarceladas sufre algún tipo de problema de salud. Una cifra similar padece una enfermedad mental seria. La abrumadora mayoría ha sido víctima de violencia doméstica, en particular de violencia sexual. Además, ellas soportan de manera desproporcionada el abuso sexual perpetrado por el personal de las cárceles.
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A pesar del notable incremento del número de mujeres encarceladas, apenas existen datos o investigaciones que expliquen ese fenómeno (Wikimedia Commons)
El reporte denuncia las condiciones deplorables en que se mantienen miles de mujeres en las cárceles de Estados Unidos. Salvo excepciones, esos establecimientos detención no cubren las necesidades básicas en temas tan esenciales para las reclusas como la salud reproductiva.
Las cárceles no suelen ofrecer servicios de consejería sobre la contracepción ni acceso a métodos anticonceptivos a las detenidas. Ellas tampoco reciben información sobre las alternativas para interrumpir un embarazo, a pesar de los riesgos aparejados a llevar a término una gestación tras las rejas. Si el parto ocurre mientras cumplen su condena o esperan juicio, se les permite permanecer con los recién nacidos entre 24 y 48 horas, antes de entregarlos a la persona designada, un hogar temporal o darlos en adopción.
Asimismo, según el mencionado informe, menos de la mitad de las recluidas en penitenciarías locales han sido examinadas por un especialista en ginecobstetricia.
Fuente:Boris Leonardo Caro
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