Tanto la Cámara de Representantes como el Senado estatal aprobaron el proyecto de ley después de semanas de negociaciones entre los republicanos en ambos órganos. Se espera que la legislación sea firmada pronto por el gobernador republicano Ron DeSantis, quien ya se ha pronunciado en apoyo a los esfuerzos para promulgar nuevas restricciones a la votación.
El proyecto de ley fue aprobado en el Senado tras un voto de 23-17 y en la Cámara por un margen de 77-40.
La nueva legislación introduce una serie de cambios a las leyes electorales de Florida.
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Si bien una propuesta anterior prohibía terminantemente el uso de urnas de votación, la legislación aprobada este jueves permite su uso siempre que los funcionarios electorales sigan estas nuevas restricciones: se limitará quién puede depositar la boleta de un votante en una urna, se prohibirá mover la ubicación de las urnas por 30 días después de una elección, se restringirán las lugares donde se pueden colocar las urnas y se requerirá que todas sean monitoreadas por un funcionario electoral siempre que estén abiertas.
El proyecto de ley también requiere que los votantes soliciten votar por correo con mayor regularidad, prohíbe a los funcionarios electorales utilizar fondos privados para ayudar a pagar la administración electoral, otorga nuevos poderes a los observadores electorales partidistas y permite a DeSantis un nuevo margen de maniobra para nombrar personas de reemplazo para ocupar ciertos puestos políticos locales vacantes por personas que se postulan para cargos más altos.
Los demócratas alegan que la nueva ley está dirigida a los funcionarios locales que buscan postularse en una elección especial para reemplazar a la difunta representante Alcee Hastings, demócrata por Florida, cuya muerte dejó una vacante en el área de Miami, donde los demócratas abundan. La senadora estatal Audrey Gibson, demócrata por ese mismo estado, calificó la medida como un "intento de crear una monarquía", al darle más poder al gobernador.
Los republicanos suavizaron las palabras dentro del proyecto de ley que habría prohibido entregar cualquier artículo a un votante dentro de los 150 pies de un lugar de votación, incluidos alimentos y agua, a menos que esa persona sea un funcionario electoral.
La legislación ahora prohíbe a cualquier persona "participar en cualquier actividad con la intención de influir o el efecto de influir en un votante", pero permite que los supervisores electorales proporcionen "asistencia no partidista", como proporcionar artículos a los votantes dentro de esa zona restringida.
Durante el polémico debate de la Cámara Baja estatal el miércoles, los demócratas criticaron el proyecto de ley por considerar que restringirá el voto de las minorías y los demócratas, quienes se apoyaron en la votación por correo y las urnas de votación de manera cuantiosa durante las elecciones presidenciales de 2020. También dijeron que la legislación es fruto de las afirmaciones infundadas del expresidente Donald Trump de que hubo un fraude electoral generalizado, y argumentaron que los republicanos tenían como objetivo frenar la fuerte participación demócrata en la votación por correo.
“No estamos aquí porque tengamos un problema con nuestras elecciones, estamos aquí porque el expresidente republicano perdió su reelección en noviembre y, en lugar de admitir su derrota, tejió una red de mentiras, radicalizó esas mentiras, en un intento para explicar que perdió”, dijo el representante estatal demócrata Omari Hardy.
“Este proyecto de ley es el resurgimiento de la ley Jim Crow en este estado, lo admitan sus impuslores o no”, dijo Hardy.
Los demócratas propusieron una serie de enmiendas destinadas a suavizar algunas de las nuevas restricciones, incluida la eliminación de los requisitos de identificación, la ampliación de quién puede insertar la boleta de alguien a una urna de votación y permitir que estas sean monitoreadas por una cámara en lugar de un miembro del personal. Todas las enmiendas demócratas fracasaron.
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Los republicanos se enfurecieron ante las acusaciones de que estaban tratando de restringir el acceso al voto, argumentando que el estado ya ofrece vías sólidas para votar y que las medidas estaban destinadas a proteger a los votantes de un posible fraude, incluso cuando admitieron que las elecciones de 2020 se desarrollaron sin problemas en el estado.
“Tengo ningún problema con la acusación de que estemos tratando de restringir de alguna manera la votación. Hay más formas de votar en Florida y una oportunidad más abundante que en cualquier estado de la nación”, dijo el representante estatal republicano Ralph Massullo.
"El fraude se reducirá tanto como sea posible con el trabajo que estamos haciendo hoy", dijo.
La legislación es una de las muchas que se están introduciendo en las legislaturas lideradas por los republicanos en todo el país a raíz de las mentiras de Trump sobre el fraude electoral generalizado. Los demócratas en el estado compararon repetidamente la medida con el proyecto de ley que fue aprobado a principios de este año en Georgia, lo que provocó un retroceso significativo de grupos externos que llevó a un puñado de empresas prominentes a condenar la legislación o retirar sus operaciones de negocios del estado.
Pero, a diferencia de Georgia, las principales empresas de Florida se han mantenido en gran medida calladas sobre el tema a pesar de la insistencia de los activistas por el derecho al voto.
Estos grupos de presión criticaron la aprobación del proyecto de ley en una serie de declaraciones poco después de la votación de la Cámara Baja estatal.
"La ley SB 90 es una violación flagrante de la libertad de voto de los floridanos y representa una reacción directa a la participación récord del año pasado", dijo Brad Ashwell, director de la sucursal de Florida de All Voting is Local. "Al erigir onerosas barreras para solicitar y devolver una boleta por correo, los legisladores (republicanos) han hecho de la votación una prueba de resistencia y recursos en lugar de una declaración de responsabilidad cívica".
Fuente:NBC News
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