Los dos funcionarios que permanecerán en su cargo son John Durham, fiscal federal del distrito de Connecticut, y David Weiss, que dirige la oficina del fiscal federal en Delaware, según adelantó CNN, que prevé que las peticiones de renuncia comiencen este mismo martes. La solicitud afectaría a 56 fiscales estadounidenses.
El primero permanecerá en su puesto para investigar los orígenes de la trama entre Trump y el Gobierno ruso, pero no como fiscal federal del distrito de Connecticut, según el funcionario. Fue designado el otoño pasado como abogado especial por el fiscal general, William Barr, recibiendo protecciones adicionales para la investigación.
Weiss, que supervisa la investigación fiscal federal que involucra al hijo de Biden, Hunter Biden, también permanecerá en su cargo. Hunter reveló en diciembre que el Departamento de Justicia estaba investigando sus finanzas y algunos de sus tratos comerciales y transacciones en China.
Los fiscales del país sirven a voluntad del presidente y suelen ser nominados con una recomendación de un senador del estado de origen. En 2017, el expresidente, Donald Trump, ordenó abruptamente la renuncia de 46 fiscales estadounidenses de la era Obama. El Departamento de Justicia aclaró que la decisión fue "como en transiciones anteriores".
Los 93 fiscales estadounidenses son responsables de supervisar las oficinas de los fiscales federales y se ocupan de enjuiciar los delitos federales en sus jurisdicciones.
Aunque es habitual que dejen sus cargos cuando un nuevo presidente ocupa la Casa Blanca asuma, sus dimisiones —que no siempre son inmediatas— han provocado controversias políticas. En 2017, Preet Bharara, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, declaró públicamente que no dimitió y que fue despedido.
La senadora Dianne Feinstein, demócrata por California que en ese momento era miembro de alto rango en el Comité Judicial del Senado, afirmó entonces que en el pasado hubo transiciones ordenadas y que estaba "muy preocupada por el efecto de esta decisión repentina e inesperada sobre la aplicación de la ley federal".
En 1993, la procuradora general, Janet Reno, -primera mujer en ejecer el cargo- pidió la renuncia de los 93 fiscales estadounidenses en los primeros días de la Administración Clinton. En 2006, bajo el mandato del republicano de George W. Bush, hubo polémica después del despido de ocho fiscales del país.
Los demócratas en el Congreso denunciaron una motivación política en los despidos, y algunos de los fiscales revelaron que se sentían presionados por republicanos poderosos en sus estados de origen para acelerar las investigaciones de un posible fraude electoral que involucraba a los demócratas, según informó The Associated Press en ese momento.
En 2007, el fiscal general Alberto Gonzales reconoció que se cometieron errores y dimitió.
Una investigación de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y la Oficina de Responsabilidad Profesional concluyó que el proceso de destituciones había sufrido "errores fundamentales" y había pruebas de que motivaciones políticas.
Fuente:NBC News y Telemundo
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