Un juez federal de Los Ángeles, en California, emitió el jueves un interdicto nacional que prohíbe al Departamento de Justicia dar prioridad a la entrega de recursos multimillonarios de un fondo policial a los departamentos de policía que acepten cooperar con funcionarios de inmigración.
El fallo se dio a raíz de una demanda entablada por Los Ángeles, una de las llamadas ciudades santuario.
“Esta es una nueva daga en el corazón a los esfuerzos del gobierno para utilizar los fondos federales como un arma para obligar a las jurisdicciones locales a ser cómplices de sus políticas policiales de inmigración civil”, dijo el abogado de la ciudad de Los Ángeles, Mike Feuer.
El Departamento de Justicia dijo que el fallo es “excesivo e incongruente con el estado de derecho” y prometió defender su postura.
El programa federal COPS Hiring Program otorga más de $98 millones a departamentos de policía de todo Estados Unidos para la contratación de más agentes para tareas de patrullaje en la comunidad.
En septiembre, el secretario de Justicia Jeff Sessions dijo que los departamentos de policía podrían recibir puntos adicionales en el proceso de solicitud si acceden a cooperar plenamente con las autoridades de inmigración.
Los Ángeles no recibió una de las subvenciones en 2017.
La ciudad alegó al solicitar el interdicto que el Departamento de Justicia abusó de su autoridad y violó la Constitución al condicionar el dinero a la cooperación con las autoridades migratorias.
En su fallo, el juez de distrito Manuel Real determinó que tal consideración “alteraría el equilibrio constitucional” al obligar a las policías a participar en labores de los agentes migratorios.
El Departamento de Policía de Los Ángeles ha solicitado la subvención regularmente. Recibió $3.1 millones en 2016 y $16.8 millones entre 2009 y 2012, comentó el jefe del departamento Charlie Beck.
El Departamento de Justicia quería que la policía de Los Ángeles brindara acceso a las cárceles de la ciudad, compartiera información técnica sobre investigaciones y permitiera el acceso a datos sobre las personas arrestadas, dijo Beck.
El portavoz del Departamento de Justicia, Devin O’Malley, dijo que la agencia cuenta con “criterio legal” para dar consideración adicional a los departamentos de policía que accedan a cooperar con las autoridades federales de inmigración, particularmente aquellas que proporcionen información sobre personas que están ilegalmente en Estados Unidos y pudieran haber cometido delitos.
Muchas ciudades del país han implementado leyes santuario como una manera de enfocar a los departamentos de policía en el combate a la delincuencia local en lugar de detener a personas sospechosas de estar ilegalmente en el país.
Sessions ha dicho que las ciudades que no colaboren con las leyes migratorias ponen en peligro la seguridad pública.
Fuente:AP
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