San Diego.- Un juez cuya imparcialidad había cuestionado Donald Trump por su ascendencia mexicana eliminó un obstáculo legal para la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México. Ahora al mandatario solo le falta conseguir el dinero para el costoso proyecto.
“Gran victoria legal”, dijo Trump en un tuit después de que el juez Gonzalo Curiel rechazase el martes el argumento del estado de California y de varias organizaciones en el sentido de que el gobierno se había extralimitado al decidir que no debían aplicarse leyes que requieren revisiones ambientales y de otro tipo antes de que se pudiera comenzar la construcción del muro.
Trump no aludió a los comentarios que hizo en el pasado sobre el hecho de que Curiel es mexicano.
A pesar de la victoria legal, no obstante, el Congreso todavía no dispuso los fondos para el proyecto y México no tiene la menor intención de cubrir el costo, según prometió Trump. El Senado rechazó este mes un pedido de 18,000 millones de dólares incluido en un proyecto que contemplaba severas restricciones a la inmigración legal y la autorización para que permanecieran en el país los jóvenes sin permiso de residencia que fueron traídos a Estados Unidos de niños y estaban cobijados por el programa conocido como DACA.
Trump dijo el miércoles en otro tuit que no comenzará la construcción “hasta que todo el muro sea aprobado”.
“He decidido que las secciones del muro que California quiere construir ya no serán erigidas hasta que todo el muro sea aprobado”, expresó el mandatario. “Gran victoria ayer con el fallo de los tribunales que nos permite seguir adelante. ¡NUESTRO PAÍS DEBE TENER SEGURIDAD EN LAS FRONTERAS!”.
La Casa Blanca no respondió de inmediato preguntas sobre el tuit.
Trump arremetió contra Curiel durante su campaña presidencial por la manera como resolvió las acusaciones de fraude contra la ahora extinta Universidad Trump, e insinuó que la ascendencia mexicana del juez había pesado en su decisión. Describió a Curiel como un “enemigo” que debería estar avergonzado.
Trump zanjó las demandas con 25 millones de dólares después de ganar las elecciones presidenciales, sin admitir que hubiera cometido nada ilegal.
Curiel mencionó sus raíces en el fallo del martes, cuando citó al presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, el magistrado John Roberts, quien señaló en otro caso que las cortes no debían hacer juicios de cuestiones políticas.
“La corte no puede hacerlo y no considerará si las decisiones subyacentes para la construcción de barreras fronterizas son políticamente sensatas o prudentes”, escribió Curiel en su fallo de 101 páginas.
Curiel escribió que la ley ciertamente “no es un modelo de precisión legislativa” y que ambas partes hicieron argumentos convincentes, lo que le impedía llegar a la conclusión de que el gobierno se había extralimitado.
El gobierno ha expedido tres dispensas desde agosto, dos para construir en algunas zonas de California y una para un área de Nuevo México. El gobierno del presidente George W. Bush emitió en su momento cinco dispensas que permitieron que el gobierno rápidamente extendiera las barreras hasta cubrir aproximadamente un tercio de la frontera.
El Centro para la Diversidad Biológica indicó en su querella que no se puede interpretar que la dispensa durará para siempre. El estado de California argumentó que la dispensa había expirado en 2008, cuando el Departamento de Seguridad Nacional cumplió en ese momento con los requerimientos del Congreso sobre cuánto se iba a construir de muro en la frontera.
El juez se negó a cuestionar los argumentos del gobierno sobre que las dispensas fueron emitidas en áreas de “alta entrada ilegal”, un requerimiento establecido por el Congreso. Los demandantes adujeron que la impresionante disminución en los arrestos fronterizos restaba peso a esas conclusiones.
Durante las dos horas y media de argumentos en este mes, Curiel bombardeó a ambas partes con preguntas sobre el significado de la ley. El juez mostró gran interés en un requerimiento emitido a finales de 2007 para el Departamento de Seguridad Nacional sobre que debía consultar a otras agencias federales, a otros gobiernos estatales y locales, a tribus indígenas y a dueños de propiedades para minimizar el impacto de la construcción, lo cual, de acuerdo con los demandantes, el gobierno no hizo.
Curiel dijo en su fallo que la falta de detalles en la ley le impedía que pudiera concluir que el gobierno no consultó de forma debida a otras instancias.
El Centro para la Diversidad Biológica, que interpuso la querella junto con el estado de California y tres organizaciones, señaló que apelaría la decisión.
Fuente:AP
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