Santo Domingo.- Los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenaron a cuatro policías y siete civiles acusados por el Ministerio Público de formar parte de una red dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos, informó hoy el Ministerio Público en nota de prensa.
José Ángel González Benítez, José Alfredo Díaz y Eddy Antonio Abad de los Santos, fueron condenados a 12 años de prisión, tras ser hallados culpables de traficar 2,10 kilos de cocaína.
Por el mismo hecho también irán a prisión los agentes de la Policía Nacional Winston Liriano Martínez, Guillermo Adriano Ruiz, Aníbal Enríquez Díaz y Edwin Osaylin Cornielle Basora, estos a 10 años de cárcel cada uno. Además se les acusó de porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La acusación presentada por el Ministerio Público establece que conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), se le daba seguimiento electrónico a la red, obteniéndose conversaciones relativas al tráfico de drogas y al lavado de activos.
Los condenados fueron arrestados en la avenida del Puerto el 8 de abril de 2014, cuando se disponían a realizar transacciones de drogas.
Con relación a los civiles Juan Pablo, Marcia y Miguelina Ferrer, también miembros de la organización criminal, los jueces ordenaron una pena de 5 años de prisión y el pago de 50 salarios mínimos, cada uno, por incurrir en lavado de activos provenientes de narcotráfico.
Además, según el Ministerio Público, se dispuso el decomiso de todos los bienes incautados a los condenados mencionados y los de Eddy Antonio Abad de los Santos, valorados en más de 200 millones de pesos.
Los bienes decomisados fueron el edificio Gustavo I, ubicado en la torre Ferred II; el condominio Merci I; un apartamento de lujo ubicado en la torre Shalom en Piantini; un apartamento en el residencial Mercedita, y varios vehículos, entre otros.
Las juezas Gissell Méndez, Ingrid Fernández y Claribel Nivar Arias, validaron la petición del Ministerio Público, representado en audiencia por la procuradora fiscal de Corte Sourelly Jáquez Vialet, adscrita a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos, y las procuradoras fiscales litigantes María Cristina Benítez y Rosa Alba García.
Fuente:EFE
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