San Juan.- Puerto Rico clama de forma unánime porque el Estado Libre Asociado sea considerado a nivel tributario como un estado más de EEUU para evitar que la reforma fiscal en manos del Senado en Washington provoque una catástrofe debido al previsible abandono de empresas ante el impacto de la medida.
La presidenta de la patronal Cámara de Comercio de Puerto Rico, Alicia Lamboy, dijo hoy a Efe que, simplemente, la economía de la isla caribeña, que sufre los efectos de un huracán devastador y una deuda impagable de 70.000 millones de dólares, no aguantará otro golpe más.
Lamboy detalló que si la reforma fiscal se aprueba sin enmiendas para Puerto Rico que lo reconozcan a nivel tributario como otro estado cualquiera de EEUU las empresas estadounidenses manufactureras establecidas en la isla desde hace décadas harán las maletas para evitar ser perjudicadas por la carga impositiva de la reforma.
El motivo de alarma en Puerto Rico responde a que a efectos tributarios la isla es un territorio foráneo para Washington, aunque jurídicamente las empresas manufactureras que operan en el Estado Libre Asociado lo hacen bajo normativa federal estadounidense.
Si, como parece, el Senado en Washington saca adelante la reforma fiscal -lo que podría ocurrir en los próximos días- Puerto Rico, de no conseguirse la introducción de enmiendas, se mantendrá como territorio extranjero a nivel tributario y, por tanto, las empresas de EEUU que allí operan se verán seriamente afectadas en términos de impuestos y se irán.
La reforma tributaria del presidente Donald Trump tiene como objetivo principal que la actividad manufacturera retorne al país norteamericano y crezca la economía.
Ello lleva aparejado, según espera Trump, una esperada vuelta al país norteamericano de ingresos por impuestos, por producción y de creación de puestos de trabajo de empresas estadounidenses que por motivos tributarias mantienen su actividad fuera del territorio de Estados Unidos.
“La medida afectará a las empresas manufacturas que operan en la isla, las cuales emplean de forma directa a cerca de 70.000 personas, aunque si consideramos los indirectos nos podemos ir a los 130.000”, dijo la presidenta de la patronal.
Lamboy explicó que un primer efecto para la economía sería la pérdida de esos miles de puestos de trabajo, pero no solo eso, ya que en cadena se vería seriamente afectado el comercio, debido a que el consumo, lógicamente, caería al quedarse sin trabajo las personas con la marcha de las empresas.
Además, hay que sumar los millones y millones de dólares que el Gobierno, en situación precaria ya de por sí, dejaría de recibir en concepto de impuestos por parte de estas empresas que ahora volverían a territorio continental de EEUU.
“Se debe de excluir a las compañías -estadounidenses que operan en Puerto Rico- de esas disposiciones”, indicó Lamboy, tras matizar que Washington tiene que entender que no es lo mismo empresas que tienen su actividad en Singapur o Irlanda que las que la tienen en la isla caribeña, que no deja de ser parte de Estados Unidos.
Resaltó que la reforma fiscal puede llevarse por delante miles de puestos de trabajo de puertorriqueños que son por tanto ciudadanos de EEUU, con lo que la medida perjudicaría, en definitiva, a estadounidenses.
La reforma fiscal impone a las empresas estadounidenses tributar en EEUU el 14 % de las ganancias generadas fuera del país norteamericano y pagar además un impuesto del 20 % por las compras que hagan a sus afiliadas fuera de territorio nacional.
El 20 % incluye a las ventas de los productos manufacturados por las Corporaciones de Control Foráneo (CFC), dentro de las que se incluyen las de Puerto Rico, cuando son adquiridos por sus matrices en EEUU.
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, dijo que trabaja junto a la patronal local en el objetivo de que se introduzcan enmiendas que eviten un nuevo desastre económico.
Ejecutivo y patronal acordaron por ello presionar al Senado en Washington para que se excluya a Puerto Rico de los nuevos impuestos que afectarían a multinacionales estadounidenses en países extranjeros.
Rosselló insistió que la recaudación de impuestos, si se van esas empresas, quedaría muy deteriorada mientras la situación de las finanzas públicas es crítica ante la imposibilidad de pagar una deuda de 70.000 millones de dólares, un proceso de quiebra bajo supervisión judicial y unos daños por los huracanes de septiembre estimados de 94.000 millones de dólares.
Fuente:EFE
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