Santo Domingo.- El crimen del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez y la aún extraña desaparición del condenado Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), con una pena activa de 30 años de prisión por homicidio, constituyen dos sucesos ocurridos, en circunstancias apartes, que siguen angustiando a la sociedad, aunque persiste un clamor que aspira a su esclarecimiento rápido y definitivo.
Los ciudadanos que han estado atentos a estos acontecimientos siguen cada nuevo detalle surgido durante la investigación de estos enmarañados casos que, desde su develación, pusieron en vilo al país, pero dejando en el aire un rosario de preguntas que no han encontrado respuestas.
El asesinato de Ramírez, cuyo cadáver fue hallado el jueves 12 de octubre con un disparo en la cabeza y atado a dos blocks con cadenas en un arroyo de Hato Nuevo, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, espanta y, por lógica consecuente mantiene en vilo a toda la sociedad.
Este episodio, ajustado para una propuesta de novela de terror, preocupa todavía más porque ocurre cuando aún no se habían acallado los ecos del caso de la adolescente Emely Peguero, quien fue presuntamente asesinada por su novio, Marlon Martínez, en su residencia de San Francisco de Macorís, y después botó su cadáver.
La preocupación se acrecienta con más fuerza porque a la luz de los acontecimientos en cuestionó, muchos ciudadanos sienten que estos sucesos no son casuales, sino una consecuencia directa de la inseguridad que impera en el país.
En torno al asesinato de Yuniol Ramírez están detenidos, con medidas de coerción el exdirector de la Omsa, Manuel Rivas; José Antonio Mercado Blanco (El Grande) y Faustino Rosario Díaz, mientras continua prófugo Argenis Contreras González, señalado como uno de los autores materiales del crimen del abogado.
El caso "Quirinito" también está envuelto en un manto de misterio. Hasta al momento no hay detenidos con relación a la trama montada para simular su muerte. Al respecto, hay seis personas suspendidas, entre jueces, fiscales, médico legista y personal penitenciario.
Varios certificados médicos, incluyendo el de un legista, dieron por cierto que el prisionero estaba padeciendo de un cáncer terminal en la lengua.
La jueza Aleyda Jiménez Acosta, quien fue suspendida de sus funciones en el tribunal de Ejecución de la Pena de San Francisco de Macorís, dijo que dispuso el cambio de la pena, motivado a que varios médicos de instituciones tanto de San Francisco de Macorís como de Santiago, emitieron certificaciones donde aseguraban que la enfermedad del prisionero era real.
Fuente:LD
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