El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha revelado muy poco sobre la intenciones de su convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, pero los opositores creen que el mandatario podría emplear el proceso para instalar un régimen aún más autocrático.
El mentor de Maduro, el fallecido expresidente Hugo Chávez, convocó unos comicios similares para reescribir la constitución poco después de su llegada al poder en 1999 pero, al contrario que el actual mandatario, celebró primero un referéndum para obtener la aprobación de los venezolanos. Algunos “chavistas” rechazaron esta iniciativa para cambiar la constitución, que ha polarizado más aún a un país profundamente dividido.
¿Cómo se elegirán los delegados?
El Consejo Electoral Nacional, controlado por el gobierno, creó un sistema de votación poco ortodoxo que, según la oposición, favorece enormemente al partido gobernante.
La geografía jugará un papel decisivo en la elección de 364 delegados: en cada uno de los 23 estados saldrá un delegado por municipalidad, y dos en el caso de las capitales de estado.
Pero algunas de las regiones más pobladas tienen relativamente pocas municipalidades mientras otros más pequeños cuentan con más. Esto supone que un estado como Miranda, con casi tres millones de habitantes, tendrá cuatro representantes menos que Falcón, donde residen aproximadamente un millón de personas.
Los críticos señalan que este método favorece a las áreas rurales, donde Maduro es más popular, frente a las ciudades, que suelen decantarse del lado de la oposición, como ocurre en la capital del país, Caracas.
Otros 173 delegados se elegirán entre varias categorías de grupos sociales, incluyendo trabajadores, estudiantes, agricultores y pescadores. Ocho escaños más están reservados para las comunidades indígenas. No se reveló el método que empleará el gobierno para determinar quién puede optar a cada categoría pero, tradicionalmente, todos estos sectores tienen fuertes vínculos con el movimiento socialista de Chávez y Maduro.
La oposición está boicoteando la elección, por lo que la mayoría de los candidatos en liza
¿Qué cambios ha prometido hacer el gobierno?
Maduro se ha referido a la Asamblea Nacional Constituyente solo en términos vagos, presentándola como la solución a la larga lista de problemas políticos y económicos de la nación. Pero algunos de sus colaboradores más cercados ofrecieron pinceladas de cómo lo que podría ocurrir.
El miércoles, la primera dama Cilia Flores, a quien Maduro llama la “primera combatiente” de Venezuela, explicó que la asamblea creará una Comisión de Paz y Justicia para asegurar que los responsables de los disturbios políticos que asolan el país “paguen y aprendan la lección”.
Diosdado Cabello, primer vicepresidente de los socialistas venezolanos señaló que la asamblea retirará la inmunidad judicial a los legisladores de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. La Fiscalía General de Venezuela, uno de los principales críticos de Maduro, se reformará por completo, añadió.
La constituyente busca mantener las políticas socialistas instaladas en su día por Chávez.
Además de reescribir la constitución, la asamblea podría funcionar como una especie de súperorganismo que asuma los poderes de la Asamblea Nacional, la única rama del gobierno que no está controlada por Maduro.
¿Qué piensan los venezolanos de este plan?
Una encuesta realizada en junio por la firma venezolana Datanalisis señaló que solo el 23% de la población está a favor de la asamblea constituyente. Solo el 19% cree que una nueva constitución “garantizará la paz y estabilidad del país” como afirma Maduro. Casi la mitad considera que el objetivo de la asamblea es asegurar que el presidente se mantiene en el poder.
A principios de mes, más de 7,5 millones de venezolanos votan en un referéndum no oficial convocado por la oposición para rechazar los cambios en la carta magna.
Pero este dato no supone que los venezolanos no vayan a acudir a las urnas el domingo. Además de los oficialistas leales al gobierno, grupos de trabajadores estatales y organizaciones gubernamentales están siendo movilizados y presionados para votar.
Luis Vicente León, presidente de Datanalisis, explicó que como el gobierno tiene acceso a los datos que muestran quién vota, muchos se sienten obligados a participar para no arriesgarse a perder el empleo en un país con una grave escasez de alimentos y una inflación de tres dígitos.
Si se tratase de “una elección libre, sin presión”, votaría alrededor de un tercio de los que participaron en la consulta popular, explicó León refiriéndose al referéndum opositor.
¿Qué se juega el gobierno?
Su supervivencia.
Las recientes rupturas entre Maduro y cargos de alto nivel —como la oficialista fiscal general, Luisa Ortega Díaz— y varios exministros del ejecutivo de Chávez indican la existencia de discordancias en el seno de la formación en el poder.
Realizar cambios radicales a la Constitución de 1999, elaborada por Chávez y considerada uno de sus principales legados, podría causar divisiones aún mayores, explicó John Magdaleno, director de consultora POLITY, con sede en Caracas.
Gobiernos extranjeros, incluyendo el de Estados Unidos, han amenazado con aislar todavía más al gobierno socialista.
El presidente Donald Trump anunció que Washington tomará “medidas económicas fuertes y rápidas” si la asamblea constituyente sale adelante. Esto podría incluir la reducción de las importaciones de petróleo venezolano, una medida que podría paralizar su economía. Caracas tiene una importante dependencia de Estados Unidos como fuente de divisas, porque sus exportaciones de crudo a otros grandes socios comerciales como China se usan para pagar deudas.
¿Cómo podría responder la oposición?
El conflicto entre el gobierno y la oposición no terminará el domingo.
Una coalición de partidos opositores venezolanos propuso, aunque luego pareció retirar, un llamado a formar un “gobierno de unidad nacional” alternativo. Sin embargo, una iniciativa reciente de la Asamblea Nacional de nombrar a 33 magistrados para sustituir a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el ejecutivo, volvió a plantear la posibilidad de un posible gobierno paralelo.
Por el momento, los funcionarios alternativos designados por la oposición son cargos puramente simbólicos. Tres de los 33 magistrados nombrados fueron arrestados y los otros recibieron amenazas de detención y no pudieron ocupar sus puestos.
Un conflicto que se alargue en el tiempo parece cada vez más probable. Terceras partes han intentado sin éxito forzar negociaciones entre el gobierno y la oposición.
La próxima elección presidencial debería celebrarse el próximo año, pero la constituyente podría cambiar la fecha, lo que enojaría más a la oposición.
Fuente:VoaNoticias
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