El colectivo aduce en la misiva que el silencio o la dilación en emitir este fallo es una grave denegación de justicia por parte del Tribunal Constitucional.
Explicó que hace más de dos meses el Tribunal Constitucional conoció en audiencia pública la acción de inconstitucionalidad contra el decreto 6-17 y la comisión de notables, quedando únicamente pendiente de fallo. Recordó que el recurso fue depositado ante el alto tribunal, el 21 de febrero, hace más de cuatro meses.
“El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, en nombre de la creciente multitud de ciudadanas y ciudadanos que han marchado vestidos de verde por todo el territorio nacional desde el 22 de enero pasado, abogando por el fin de la impunidad y la corrupción, le solicitamos a ese alto tribunal que pronuncie sin más demora la sentencia de nuestra acción directa de inconstitucionalidad en contra del decreto 6-17 y de esta comisión”, dice en la carta.
También señala que la tardanza en evacuar la sentencia significaría que el Tribuna Constitucional “se auto descarta como árbitro de la sociedad dominicana en procesos relacionados con la institucionalidad democrática, una de sus principales funciones establecidas por la Constitución y la ley que creó este tribunal”.
Consideró que continuar dilatando la emisión de este fallo “podría interpretarse que el Tribunal Constitucional también se está prestando a la exculpación de los graves actos de corrupción cometidos en Punta Catalina, sin asumir responsabilidades y evadiendo las consecuencia morales, éticas y penales de esta vergonzosa conducta”.
En la carta, la organización afirma que el punto 4 del resumen ejecutivo del informe de la comisión de notables, en el que sintetiza las atribuciones de la misma, es la mejor prueba de que usurpa atribuciones que son propias y exclusivas del Congreso Nacional, del Ministerio Público y de otros órganos instituidos por la Constitución.
Manifestó que la opinión expresada por la comisión en el informe recientemente entregado por ésta, confirma que la Constitución tiene razón al prohibirle al Poder Ejecutivo que nombre o constituya órganos que juzguen su actuación.
Planteó que la conclusión del informe de esta comisión de que la licitación y adjudicación fue conforme a la ley y no hubo sobrevaluación ni sobornos en Punta Catalina, es el resultado de cuando el gobierno se juzga a sí mismo a través de comisiones que integra a su conveniencia y con personas con manifiestos conflictos de intereses.
Aclaró que la separación y división de poderes es un principio fundamental del régimen constitucional dominicano que es necesario defender y fortalecer.
En la carta expresó que están plenamente seguros que si el Tribunal Constitucional actúa en base a Derecho, acogerá la acción de inconstitucionalidad interpuesta en contra del decreto 6-17 y la comisión de notables.
Aseguró que una sentencia declarando inconstitucional este decreto y la comisión que creó, fortalecería “el régimen democrático del país, salvándolo de la ignominia de la impunidad con que se pretende cubrir la corrupción en Punta Catalina”.
Por La Redacción
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