Washington.- El anuncio del gobierno estadounidense de que analiza separar a los hijos de quienes sean detenidos al cruzar ilegalmente la frontera causó indignación entre organizaciones defensoras de inmigrantes y representantes hispanos en el Congreso y encendió una nueva alarma en México.
"Hemos de inmediato hecho saber al Departamento de Seguridad Interior de nuestra grave preocupación porque eso así ocurra", dijo el canciller mexicano Luis Videgaray en una conferencia de prensa en el Senado de su país.
En tanto, la congresista Michelle Lujan Grisham, presidenta del bloque de legisladores latinos demócratas, aseveró en un comunicado que esa posible medida "cuestiona los derechos humanos básicos y la autoridad moral de nuestro país en el mundo".
El secretario de Seguridad Nacional John Kelly indicó la víspera que las acciones formarían parte de un esfuerzo por desalentar a las familias de realizar la peligrosa travesía a través de México hacia la frontera con Estados Unidos
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Videgaray sostuvo que la medida podría causar un "daño irreversible" en muchas familias pero matizó que por ahora no se trata de una decisión firme sino de una "posibilidad", por lo que México espera que su opinión pueda incidir en la administración de Donald Trump para que no sea aprobada definitivamente.
La vicepresidenta del National Council of La Raza, Clarissa Martínez, dijo que la propuesta no tiene sentido debido a los costos que representan las detenciones indefinidas y porque va en contra de los valores familiares.
Martínez aseguró en conferencia de prensa que el gobierno de Trump enfrentaría demandas legales si llegara a adoptar tal política pero advirtió que "a la administración poco le importa si las medidas son ilegales. Lo que buscan es causar confusión y miedo para así imponer políticas públicas que nunca habríamos aceptado en otras circunstancias".
Decenas de miles de familias que huyen de la violencia y la pobreza, en su mayoría de Honduras, El Salvador y Guatemala, han sido detenidas en los últimos años al cruzar la frontera ilegalmente. Por lo general las familias son detenidas unos cuantos días o semanas antes de ser liberadas en Estados Unidos a la espera de que un juez decida su futuro.
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La asesora legislativa de American Civil Liberties Union, Joanne Lin, indicó a The Associated Press que "es claro que Kelly sopesa esto porque lo ve como un arma disuasiva, pero si quieres evitar un granero en llamas vas a tener que saltar del granero".
En tanto, la vicepresidenta de Leadership Conference on Civil and Human Rights Ellen Buchman advirtió que "no nos sentaremos a ver cómo las comunidades quedan divididas por estas políticas".
La modalidad detallada por Kelly forma parte de una política migratoria que ha generado temor en la comunidad inmigrante y que incluye la intensificación de las deportaciones y la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México.
El gobierno mexicano, por su parte, ha reforzado una serie de servicios consulares para dar apoyo legal a sus connacionales. Según el canciller, las solicitudes de información y ayuda desde que Trump llegó a la Casa Blanca se han incrementado un 400% con respecto al mismo periodo del año anterior porque hay una gran preocupación entre los mexicanos.
Fuente:AP
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