Ciudad de Mèxico.- Una periodista dio a conocer documentos el sábado de una investigación oficial que critica la forma en que el gobierno manejó el caso de 43 estudiantes desaparecidos en el sur de México, los cuales, según la procuraduría, fueron incinerados por narcotraficantes en septiembre de 2014.
Los documentos divulgados por Anabel Hernández, autora del libro "La verdadera noche de Iguala", son de una investigación efectuada en agosto por la división de asuntos internos de la Procuraduría General de la República de México.
En ellos se señala que las omisiones de algunos de sus funcionarios fueron una "conducta deliberada" y que incurrieron en el delito de "falsificación de documentos" o "asentaron como ciertos hechos falsos".
Asimismo, menciona que "existen datos de prueba aptos y suficientes para acreditar la probable responsabilidad en la comisión de conductas irregulares" por parte del que entonces era el jefe de la investigación, Tomás Zerón, y que el hecho de que no formalizara ciertas actuaciones "se tradujo en una afectación al derecho de la verdad".
Zerón renunció a su cargo en la procuraduría en septiembre para ocupar un puesto en la Comisión Nacional de Seguridad.
Los documentos también indican que los arrestos de cerca de media docena de sospechosos claves fueron realizados de manera ilegal.
Algunos de los sospechosos sufrieron violaciones a los derechos humanos, y muchos "confesaron espontáneamente" con frases extrañamente similares de haber participado en matar a los estudiantes, quemar los cadáveres o deshacerse de los restos.
Esos sospechosos dieron algunos de los primeros testimonios sobre el basurero donde, según el gobierno, los estudiantes fueron incinerados y sobre el río en el que, de acuerdo a la misma versión, se arrojaron sus restos quemados.
Uno de esos fragmentos pudo ser identificado con el ADN de uno de los estudiantes, y otro fragmento también fue posible cotejarlo parcialmente con datos de otro alumno, pero ésa es la única evidencia física con que se cuenta sobre el destino de los desaparecidos.
Abogados y familiares de los 43 alumnos de la Normal Rural del poblado de Ayotzinapa desaparecidos en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, confiaban en que la fiscalía les informaría del resultado de esta investigación interna, pero nunca les fue proporcionado este reporte.
La PGR ha dicho que los documentos no representan una pesquisa formal, terminada, y que carecen de validez oficial. El investigador que preparó el informe renunció a su cargo cuando lo hubo concluido.
El comportamiento de los fiscales a la hora de examinar a los sospechosos, el tratamiento de la escena del crimen y el manejo de la evidencia ya habían sido puestos en tela de juicio por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
The Associated Press y otros medios de comunicación habían reportado previamente las afirmaciones de algunos de los sospechosos de que habían sido torturados por la policía o por personal militar.
Si la argumentación contra los sospechosos se viene abajo debido a una conducta ilegal de la fiscalía, representaría un revés importante para las autoridades en uno de los casos más sonados de violaciones graves a los derechos humanos vinculados a la guerra contra el crimen organizado en México.
Las autoridades han dicho que los estudiantes habían secuestrado autobuses en Iguala el 26 de septiembre de 2014 cuando fueron interceptados por la policía local. Los agentes, presuntamente coludidos con el cártel Guerreros Unidos, entregaron a los alumnos a miembros de ese grupo delictivo, que presuntamente los mataron e incineraron.
Después de más de un año de trabajo, el grupo de expertos internacionales echó por tierra la versión oficial que aseguraba que los jóvenes habían sido quemados en el basurero, pero no pudo averiguar cuál fue el destino de los estudiantes que, más de dos años después de sucedidos los hechos, siguen desaparecidos.
Fuente:AP
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