La Cámara de Diputados dominicana aprobó el pasado martes, 19 de julio, una serie de reformas al Código Penal que mantiene la criminalización del aborto con la única excepción de los casos en los que la vida de la mujer esté en riesgo.
El Senado tiene previsto conocer la pieza el próximo lunes 25 y, en caso de ser aprobada, será remitida al presidente del país, Danilo Medina, para su promulgación.
En declaraciones hoy a periodistas, Alejandria Germán pidió "que no se penalice el aborto cuando el embarazo sea fruto de una violación o producto de un incesto, o esté en peligro la vida de la madre".
Para la ministra de la Mujer dominicana, los diputados, al parecer, aprobaron el pasado martes el Código Penal excluyendo el artículo relacionado con el aborto debido a "presiones mediáticas".
"A veces hay una actitud muy mediática y se dejan presionar porque entienden que con eso están violando algunos preceptos que pueden afectarles como políticos", consideró.
No obstante, dijo que la penalización total del aborto no impedirá que esta práctica se siga realizando de manera clandestina, y confió en que los senadores no aprueben la pieza, sino que la envíen a una comisión especial para que la misma sea conocida en la legislatura que inicia el próximo 16 de agosto.
Organizaciones que defienden los derechos de las mujeres se manifestaron ayer frente al Palacio Nacional para reclamar al presidente Medina observar el nuevo Código Penal si finalmente es ratificado por la Cámara del Senado.
Los convocantes argumentaron que la prohibición del aborto aumentará la mortalidad materna y los abortos clandestinos.
Amnistía Internacional (AI) y Oxfam criticaron esta semana que República Dominicana mantuviese la criminalización del aborto en casos de violación o malformación incompatible con la vida en su nuevo Código Penal.
En un comunicado difundido el miércoles, las entidades consideraron que la República Dominicana perdió una oportunidad de oro para proteger los derechos humanos de las mujeres rechazando despenalizar el aborto.
El artículo 110 de la ley de 2014 incluía tres causas de excepción a la criminalización del aborto: Cuando la vida de la mujer embarazada esté en riesgo, cuando el embarazo ha sido producto de una violación sexual o incesto, y en casos de malformación incompatible con la vida.
Su eliminación es contraria a las obligaciones de derechos humanos del Estado y manda un mensaje de contradicción con las aspiraciones de asumir políticas públicas para reducir la mortalidad materna y alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, así como la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (Ley 1-12), señalaron las instituciones.
La República Dominicana es uno de los países de la región con mayores índices de muerte de mujeres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, con 106 decesos por cada 100.000 nacimientos, muy por encima del promedio de la región, que es de 77, según datos del informe de seguimiento de los ODM, elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo local de 2013.
Fuente:EFE
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