Santo Domingo.- Un rosario de acusaciones que van desde amañar licitaciones hasta uso de oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en actividades políticas, han sido formuladas contra Jean Alain Rodríguez y otros exfuncionarios y colaboradores de este organismo del Estado, detenidos desde comienzos de semana como parte de la denominada «Operación Medusa».
Conforme a lo que señala el expediente acusatorio, el grupo conformó un entramado mafioso al cual se atribuyen los siguientes hechos delictivos:
-Realizar licitaciones amañadas para la construcción y remodelación de cárceles y otros recintos judiciales, una «maniobra» con la que supuestamente se enriquecieron. (Los imputados Jonnathan Joel Rodríguez Imbert y Rafael Canó Sacco tenían incidencia directa en lo relativo a las compañías que debían ganar).
– Durante el periodo 2017 al 2020, fueron hechos 55 pagos a la empresa Productiva SRL por un monto de RD$72,750,243, al marges de los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones.
– Al imputado Miguel José Moya le fueron pagados cerca de 20 millones de pesos para cursos en la Procuraduría, los cuales nunca impartió, de acuerdo a lo confesado por él mismo durante uno de los interrogatorios que recientemente le practivaron.
– Fueron ejecutados unos 22 contratos de alquiler y adendas de contratos de medios de transporte por un monto de RD$35 millones 940 mil últiples contratos, al margen de la ley.
– Adquisición fraudulenta de combustible por RD$10 millones 700 mil a través de la empresa Sunix Petrolum S.R.L.
– Crear empresas a través de testaferros para hacer ventas a la PGR.
-Adquirir irregularmente un equipo especial de contraespionaje con el supuesto fin de ser usado en labores de investigación de las fiscalías, pero que finalmente fue trasladado a una residencia vacacional del Procurador. Como partes del mismo figuran un bloqueador de señal tipo mochila y un equipo antidron, comprado por 3.9 millones a la compañía Aldelay Groupe y recibido por el entonces director de Tecnología de la Información y Comunicación (DTIC) de la PGR, Javier Alejandro Forteza lbarra, uno de los actuales detenidos. Con el mismo espiaron e interceptaron comunicaciones de empleados y cientos de ciudadanos con fines de intimidar, extorsionar y tener informaciones privilegiadas. En 2018 también fue comprado un equipo similar para el bloqueo de señal en una de las cárceles del nuevo modelo.
-En el cuarto piso de la Procuraduría funcionaba un comando político a favor del PLD y el sótano era utilizado para rellenar botellas plasticas con ron que posteriormente era distribuído en activiades políticas de este partido. En el recinto tambièn fueron preparados sobres con RD$400 cada uno, los cuales eran entregados en la oficina del imputado Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, o en la sede principal de Renovación 2020, ubicada en la Winston Churchill.
-Fondos de la Procuraduría fueron desviados para construcciones en fincas privadas.
– Fueron creadas nóminas ficticias para distraer fondos del presupuesto de la Procuraduría.
– Fueron alquilados vehiculos para realizar servicios innecesarios, sobrevaluados y ficticios en algunos casos.
– El dinero fruto de los sobornos por las licitaciones amañadas, era llevado en bultos a la sede de la PGR.
– Borraron informaciones relativas a extradiciones, nienes incautados y antecedentes penales.
– Destruyeron documentos durante el período de transicion gubernamental, sin elaborar acta ni constancia de ello.
– Mantuvieron una propaganda publicitaria para vender la imagen del Procurador General,
Los investigados
Como parte de la indagatoria sobre corrupción en la Procuraduría General son investigados el exprocurador Rodríguez, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solano Augusto, Rafael Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña, Alejandro Martin Rosa Llanes, Braulio Michael Batista Reyes, María Josefina Azar Díaz y Johannathan Medina Reyes.
Además, Altagracia Guillén Calzado, Miguel José Moya, Amelia Isabel Escaño, Mercedes Camelia Salcedo Disla, Ronny Rafael Corporán, Francis Ramírez Moreno y Ney Ernaldo Caccavelli Guevara.
Son acusados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, delitos electrónicos y lavado de activos, entre otros delitos.
Fuente:Jhonny Trinidad
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