El juez Steven Merryday se puso del lado de Florida en su demanda contra los CDC, otorgando una orden judicial contra la “orden de navegación condicional” de la agencia federal que detalla pautas escalonadas sobre cómo la industria de cruceros puede regresar a su actividad esencial.
Florida, que calificó la orden de navegación condicional como un “bloqueo de la industria de los cruceros”, argumentó que la orden excedía la autoridad de los CDC.
El juez federal de distrito Steven Merryday emitió el fallo el viernes por la tarde.
“Estoy emocionado de ver que la industria de cruceros se pone a navegar de nuevo, y orgulloso de apoyar al gobernador Ron DeSantis en contra de la extralimitación federal ilegal y las medidas de bloqueo draconianas”, dijo la procuradora general de Florida Ashley Moody en un comunicado.
El fallo de Merryday dice que la orden judicial se aplaza hasta las 12:01 am ET del 18 de julio, “momento en el cual la orden de salida condicional y las medidas promulgadas bajo la orden de salida condicional persistirán como una ‘consideración’, ‘recomendación’ o ‘guía’ no vinculante”.
En una demanda presentada en abril que buscaba una orden judicial preliminar para bloquear las restricciones en la industria de los cruceros, Moody argumentó que los CDC habían sobrepasado sus límites sobre esas restricciones, incluido un enfoque gradual para permitir que los cruceros se reanuden desde los puertos de EE.UU. Alaska y Texas se unieron a la demanda de Florida.
El estado también impugnó el requisito del gobierno de Estados Unidos de los llamados pasaportes de vacunas, con los cuales los pasajeros prueban que han recibido una vacuna COVID-19.
El gobernador DeSantis emitió en abril una orden ejecutiva que prohibía a los gobiernos locales y las empresas estatales exigir una prueba de vacunación COVID-19 para dar servicios. DeSantis dijo que firmó la prohibición para proteger los derechos de los floridanos a la privacidad médica.
Sobre la demanda, Moody afirmó que los puertos de cruceros de Florida habían permanecido inactivos desde principios de 2020, cuando los CDC prohibieron que las líneas de cruceros operaran desde puertos estadounidenses y se habían negado a levantar las restricciones, incluso cuando las líneas de cruceros operaban ya en otros países.
Los abogados estatales han citado los efectos financieros en la industria de los cruceros, que sostienen que se han centrado en los cruceros, mientras las aerolíneas continúan operando.
Florida también ha cuestionado el requisito de los CDC de realizar pruebas para los cruceros, citando la necesidad de la industria económicamente afectada de pagar a las personas para que naveguen durante dichas pruebas.
Fuente:La Opinion
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