Santo Domingo.- El Partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció que la Junta Central Electoral está realizando designaciones generales para la conformación del área de informática, sin consultar a las organizaciones políticas, en franca violación a la Ley 15-19.
En un documento de prensa, Manuel Crespo, delegado político de la FP, recordó al pleno del organismo comicial que todavía no ha dado una explicación de las denuncias comprobadas que se hicieron, donde participaron personal de Informática que fueron parte del fraude en las primarias del pasado mes de octubre del año 2019 y las malogradas elecciones municipales con el voto electrónico del 2020.
“Con rango de subdirectores del área de Informática fueron designados Ceira Marejo González y Danny Reyes, al margen de toda información a los partidos políticos, y siendo, en el caso del segundo, un Delegado Técnico ante el Centro de Cómputos de la JCE en representación de la alianza de partidos que encabezó el Partido Revolucionario Moderno (PRM) hasta el momento mismo de su designación, al extremo de que desconocemos si todavía ejerce esa función, y la primera, según informaciones recibidas, de profundos vínculos con esta entidad partidaria”, señaló.
Crespo, en una instancia sometida a través de la Secretaría General, solicitó a los miembros de la JCE comprobar mediante los mecanismos administrativos internos, que la denuncia de designación en puestos claves del área de Informática de los preindicados técnicos es verídica.
Refirió que la inobservancia de las denuncias sobre el Área de Informática por parte de la JCE, además del fraude en el sistema electrónico, y en el menor de los casos, el inoperante invento del voto electrónico, causó la destrucción de la principal organización política de la República Dominicana, y con ello, la reconfiguración del panorama político.
Dijo que las designaciones se están realizando de espalda a los partidos políticos, en momentos en que estos se encuentran inmersos en los asuntos inherentes a la Pandemia del COVID-19 y la vacunación de la población, sin la debida socialización de dichos nombramientos, transgrediendo las normativas electorales y administrativas que regulan este tipo de actuaciones.
Fuente:Externa
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